Con las aguas más calmadas tras el terremoto político que supuso en Perú la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, el Gobierno reiteró este miércoles su plena seguridad en la legalidad de la medida y en que esta no repercutirá en el crecimiento de la economía nacional.
"Si tuviéramos algún reparo respecto a la constitucionalidad de las decisiones que se han tomado, no las hubiéramos asumido", afirmó el primer ministro de Perú, Vicente Zeballos, en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).
"Que no se malentienda como un exceso. Cuando el Gobierno ha acudido a la cuestión de confianza es porque está facultado constitucionalmente", apostilló Zeballos, quien firmó el decreto que ponía fin a una tormentosa relación de tres años entre el Ejecutivo y el Legislativo, en manos de la oposición que lidera el fujimorismo.
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