Unos centenares de metros después, una tablilla en una linde entre términos municipales: “Coto privado de caza”. Privado en el sentido de que no es de propiedad pública, sino que pertenece a particulares. Aunque también se podría entender privado como participio del verbo privar: “despojar a alguien de algo que poseía”. Si ya está ese territorio “privado de caza”, ¿por qué lo acotan?
A propósito de coto. Hay estos días en la prensa y en las redes muchos comentaristas que piden que alguien “ponga coto” al juez Juan Carlos Peinado, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que le ha abierto a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una especie de causa general.
Dice el magistrado, en una de sus resoluciones: “Los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial”. Y dice el Diccionario, a propósito de “poner coto” a algo: “loc. verb. Impedir que continúe algo negativo, como desmanes o abusos”. Pues sí, hay más indicios de desmanes y abusos -y de muchas otras irregularidades- en la actuación del magistrado Peinado que de delito en lo que hasta ahora se sabe de la esposa del presidente del Gobierno. O sea que el caso Begoña Gómez tiene trazas de convertirse algún día en el caso juez Peinado. En el camino, quizás largo, aún les dará muchos sustos y muchas penas de telediario a Gómez, a Sánchez y al Gobierno.
¿Y quién le tendría que poner coto a Peinado? El Consejo General del Poder Judicial, según la normativa vigente. Los miembros del nuevo Consejo toman posesión este jueves, día 25. Es improbable que una de sus primeras decisiones sea abrirle al magistrado unas diligencias informativas. Esperarán algún tiempo. Dirán en la espera que es por respeto a la independencia judicial, pero quizás sea más por prudencia o por cautela, esas palabras que a veces tienen como sinónimo la de cobardía.
