El auto revela que los policías han encontrado mensajes de WhatsApp en el que una de las investigadas, colaboradora del exmiembro de Mecano, explicaba a los 20 becarios: “Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar”. Hasta la fecha, Cano se ha presentado como una víctima de una operación policial orquestada contra él por haber apoyado públicamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La propia Ayuso apoyó al productor: “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo”.
El productor musical fue arrestado cuando acudió a declarar a la comisaría de Leganitos del centro de Madrid el pasado 10 de julio. Los agentes investigaban si, tal y como había denunciado una de las supuestas alumnas del musical 'Malinche', Cano y sus colaboradores habían estado trayendo bailarines a España desde México con un sistema de becas de forma irregular, haciéndoles incluso trabajar en el bar del espectáculo.
El juzgado número 19 de Madrid fue el que recibió el atestado y decidió abrir diligencias el 15 de julio, unos pocos días después de recibir el atestado de la Policía. Unos pocos días después eran el propio Cano y tres de sus colaboradoras las que se personaban en el juzgado en calidad de investigados.
La magistrada María Inmaculada Iglesias explica a lo largo de nueve páginas las pruebas que la Policía aportó en su atestado. Todo parte, explica el documento, de la denuncia de una de las bailarinas, que explicó que fue seleccionada con otros 19 becarios para viajar desde México a España, donde se les prometió que su situación sería regularizada. La joven aportó una serie de mensajes de WhatsApp a partir de los cuales la Policía concluye que “fueron introducidos como turistas, siendo aleccionados para fingir que accedían como tales”.
En uno de esos mensajes, una de las colaboradoras de Cano imputadas en el proceso era muy clara: “Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar”. También, según la Policía, les dio indicaciones e incluso un billete de vuelta “sin intención de utilizarlo a fin de sortear este control”.
Sin permiso para estar en EspañaLos agentes estaban haciendo vigilancias desde el pasado mes de enero´, cuando los chicos hicieron la petición de estancia por estudios, posteriormente a su llegada, todos representados por el mismo despacho de abogados. Los investigadores concluyeron que todos los becarios estaban “de forma irregular en el país” al no haber abandonado España cuando la Delegación les notificó las denegaciones de su autorización de estancia por estudios.
La Delegación del Gobierno en Madrid, revela este auto, denegó las autorizaciones de estancia al entender que “no ha quedado acreditado que los estudios objeto de la solicitud conduzcan a la obtención de un título o un certificado de estudios”. Los Policías comprobaron que no solo ensayaban en el musical de Nacho Cano: también actuaban en la fiesta posterior al show.
“Los migrantes accedieron a España con unas intenciones diferentes a las declaradas, todo ello favorecido por la empresa ”Malinche The Musical SL“, siendo Nacho Cano su ”responsable último“, dice la Policía. Tardaron más de un mes en pedir el permiso para estudiar en España, explica la Policía como otro indicio más de la intención de la empresa de Cano de engañar a las autoridades.
Los investigadores también han encontrado pruebas por escrito de que los jóvenes actuaban de forma efectiva en el musical y no solo estaban ensayando de cara a desarrollar el espectáculo en su México natal: “Dirección me acaba de decir que hasta el domingo quiere que salgáis todos en función”, decía una de sus responsables en un grupo de WhatsApp. Algunos han manifestado, además, que trabajaron como “animadores” en la zona de copas del musical “bailando y cantando para los asistentes”.
La magistrada ha anunciado en su auto que llamará a declarar a Cano y sus colaboradores como investigados pero que antes quiere poner en práctica varias diligencias: llama a declarar tanto a la denunciante como a los otros 19 jóvenes bailarines, a los que considera “perjudicados”. También pide información a la Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social, el Registro Mercantil y la Comunidad de Madrid.
