Este sistema permite por un lado que la persona asistente al festival cargue directamente desde su cuenta bancaria dinero en la pulsera y posteriormente pague con este dinero los productos que adquiera.

La principal ventaja del sistema es la eliminación de los pagos en moneda o billete en el festival, al menos de manera oficial, cosa que impide la acumulación de efectivo en barras y tiendas dentro del recinto, y por lo tanto disminuye el riesgo de atracos al mover la recaudación a lugares seguros o a bancos.

No obstante, con ello se vulnera un derecho todavía contemplado en nuestro país: el de pagar con dinero en efectivo y no tener que disponer de una cuenta bancaria para realizar dicho pago. Pero si bien algunos festivales permiten la carga de la tarjeta con dinero en efectivo, el principal abuso se produce en el momento de recuperar el dinero que no se ha gastado, cuando como condición para dicha recuperación el festival impone una tasa que va de uno a tres euros.

Siete festivales acusados de múltiples irregularidades

Así lo denunció la Organización de Consumidores de España (OCU) hace unas semanas respecto de los festivales Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca), a los que ahora ha unido en su denuncia a otros cinco más: FIB (Benicàssim),Monegros Desert Festival (Fraga), Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), Sonórica (Castro Urdiales) y Zevra Festival (Cullera).

Dice en su nota de prensa la OCU que “los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta cashless”, e insiste en que se trata de “un medio de pago obligatorio que limita además el derecho de los asistentes a usar el efectivo”.

Y suma a su denuncia el que “a veces se impone un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución (5 días en el FIB), superado el cual se pierde el dinero y permite un enriquecimiento injusto del promotor”. A todos ellos los acusa de esta práctica, a la que agrega algunas otras más, que califica de “abusos” a los derechos de los asistentes.

Según la OCU, los festivales denunciados no permiten el retorno de los vasos reutilizables, por cuya adquisición pueden llegar a cobrar hasta 2,5 euros, como es el caso del FIB. Tal como este medio explicó en su día, en muchos casos el vaso reutilizable es un ingreso lucrativo para muchos festivales que vulnera la ley.

El motivo es que los certámenes obligan al público a pagar por este tipo de vaso, que puede utilizarse durante todo el festival, pero no ofrecen ninguna alternativa gratuita, con lo que si se quiere ingerir líquido, se debe adquirir el vaso. La OCU observa al respecto en verano el riesgo de deshidratación por las altas temperaturas.

“Debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones”, apostilla en su escrito esta organización, que señala especialmente al festival Fortaleza Sound por su sistema de “alquiler de vasos para poder beber agua potable”.

Tasa por salir y volver a entrar al festival 

El pago de una tasa si se quiere volver a entrar en el festival después de haber salido es, según la OCU, “otra mala práctica bastante común que no responde a ningún servicio adicional, pues el control de aforo es inherente a la organización del evento”. A este respecto la organización aventura que “podría considerarse una retención ilegal” y asegura que “se observa en el FIB, el Fortaleza Sound, el Puro Latino, el Zevra Festival y el Monegros Desert Festival”. El coste por volver a ingresar en los citados festivales puede ascender hasta los 25 euros.

Otra práctica que la OCU adjetiva como “frecuente” es la prohibición de entrar con alimentos y bebidas dentro del recinto donde se desarrolla el festival. Si bien la asociación de consumidores reconoce que “se contempla en la normativa de varias autonomías”, considera que “es abusiva, por cuanto la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria”. La OCU ha detectado dicha prohibición en “el Bilbao BBK Live, el FIB, el Fortaleza Sound y el Monegros Desert Festival”.

Por todas estas incidencias e irregularidades, calificadas de “abusos”, solicita al Ministerio de Consumo una normativa homogénea sobre los derechos básicos de los asistentes a los festivales de música al aire libre y que establezca compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.

Pero mientras dicha normativa no exista, la OCU urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados. La organización cierra su nota animando a los afectados “a solicitar la hoja de reclamaciones”.

“Si el establecimiento no dispusiera de ella, debe llamar a la policía local para que se persone”, indica y recuerda que “la suspensión de un festival o los cambios de última hora en el cartel de grupos podrían implicar, además del reembolso del dinero, una reclamación por daños y perjuicios derivados de los gastos asociados que hubiera supuesto el traslado del aficionado (por ejemplo, por el transporte y el alojamiento)”.