El caso que acaban de sentenciar los jueces especializados en materia laboral es el de un bailarín que empezó a trabajar en el musical de Cano un año antes de su estreno, formando parte del elenco hasta que la empresa le comunicó su despido en abril de 2023. La razón: “Disminución continuada y voluntaria del rendimiento en el desempeño de las labores encomendadas”.
Se trata de uno de los supuestos en los que el Estatuto de los Trabajadores considera de forma explícita que una empresa puede despedir de forma disciplinaria a un trabajador, sin pagarle por tanto una indemnización. Pero la empresa que hay detrás del musical Malinche, al mismo tiempo, reconoció que era un despido improcedente y le ofreció algo más de 6.200 euros para considerar que había sido indemnizado y, en la práctica, evitar el juicio.
Un juzgado de lo social dio la razón al bailarín y sentenció, en una decisión ahora confirmada por el Tribunal Superior de Madrid, que tenía derecho a una indemnización mucho más alta: 24.000 euros correspondientes a los ocho meses tal y como establece el convenio colectivo madrileño de Actores y Actrices cuando se rescinde un contrato de hasta dos años y medio de duración. En contacto con elDiario.es, fuentes de la compañía han rechazado especificar si la sentencia ya es firme o si ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo en casación.
El bailarín firmó dos contratos durante el tiempo que trabajó en el musical de Nacho Cano, uno por cada temporada en la que participó en los ensayos y la puesta en escena. Uno de los debates jurídicos del caso giró en torno a si se podía considerar como un único contrato a efectos de calcular la indemnización y los jueces contestan afirmativamente: la duración total de su relación laboral es la de ambos contratos juntos, no solo del segundo.
“Estamos ante una misma contratación de hasta dos años y medio que justifica que la indemnización a abonar por la rescisión del contrato sin causa justificada se calcule conforme al importe que suponen ocho meses de salario y así por la suma de 24.000 euros”, zanja la sentencia.
Investigación penal contra Nacho CanoTal y como ha publicado este periódico en los últimos meses, son diversos los testimonios de antiguos trabajadores de espectáculos de Nacho Cano los que critican las condiciones laborales que atraviesan mientras están a las órdenes del productor y músico. Jornadas muy por encima del límite legal, mala alimentación e incluso “amenazas de echarte a la calle” que se solapan con la investigación penal que indaga en la presencia de más de una quincena de becarios en su espectáculo de forma supuestamente ilegal.
El juzgado de instrucción número 19 de la capital mantiene imputado a Cano y a varios de sus colaboradores en una causa que investiga si trajo a España a casi 20 becarios desde México camuflados como turistas. “Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar”, explicaba una de las colaboradoras de Cano a los becarios en un mensaje de WhatsApp aportado a la causa.
Según la Policía, los jóvenes “fueron introducidos como turistas, siendo aleccionados para fingir que accedían como tales”. Según Nacho Cano, todo forma parte de una operación policial para castigar su apoyo y cercanía a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. “La destrucción personal con fines políticos es estalinismo” dijo la propia Ayuso en apoyo al productor.
La causa se encuentra a la espera de saber si será posible tomar declaración judicial a los becarios afectados, que desde el principio han comparecido públicamente para apoyar a Nacho Cano y que han abandonado el país recientemente, con algunos juzgados estimando su petición cautelar de poder permanecer en España. Todos han tenido que volver a México después de que la Delegación de Gobierno notificara que sus autorizaciones de estancia por estudios había sido denegada.
La defensa de Cano también pasa por cuestionar el testimonio de la bailarina cuya denuncia originó las pesquisas. Después de dar a entender en su primera rueda de prensa que la joven fue expulsada del espectáculo por su actitud supuestamente conflictiva, el productor ha aportado al juez unos mensajes en los que la joven, supuestamente, se ofrece a no denunciar los hechos a cambio de cobrar 6.000 euros.
