El informe de la subinspectora de Trabajo afirmó que los 17 jóvenes “realizan prácticas no laborales en la empresa” y que su participación en el musical “forma parte de las prácticas” a través de “una formación no reglada” que no hace necesario que estén dados de alta en la Seguridad Social. La magistrada entiende que la subinspectora no hizo lo suficiente para averiguar la realidad de la relación que los bailarines tenían con la empresa de Nacho Cano y su musical: no pidió pruebas documentales sobre la formación que recibían los becarios ni tampoco la documentación financiera del proyecto ni información de los profesores.
También critica la jueza que la subinspectora diera por bueno que los abogados de Malinche hubieran tramitado los visados de estudios de todos los becarios cuando “no consta” ningún requerimiento para que la empresa aportara la documentación. Lo que queda, explica la jueza, es que la Delegación de Gobierno ha negado la autorización de estancia por estudios. La documentación también pone de manifiesto que los “supuestos becarios” de Nacho Cano “no tuvieron disponibilidad en ningún momento” del dinero de la beca.
La inspectora, concluye la magistrada, “no llevó a cabo una verdadera labor inspectora”. No visitó el centro de trabajo, no ha tenido acceso a las actuaciones judiciales y basó su informe en una visita a una parroquía, a las manifestaciones de becarios y trabajadores de Nacho Cano. La Inspección de Trabajo, concluye, debe hacer un nuevo informe sobre la situación de esos bailarines en el musical de Nacho Cano.
La magistrada también imputa a dos personas más para tomarles declaración: el administrador de la escuela JANA donde supuestamente estaban becados y también al vicepresidente de la empresa que gestiona el musical Malinche.
