La propuesta de la Comisión Europea para la reforma del mercado eléctrico es sólo el comienzo del camino, pero permite vislumbrar una nueva pelea en el seno de la UE. La propuesta desvelada oficialmente este martes no contiene grandes novedades respecto a los documentos que se habían filtrado en los últimos días, que están en línea de las peticiones de los países del Norte y de las grandes eléctricas. Y esta vez le tocará a España remangarse durante la presidencia rotatoria si quiere que la ambición de sus planes tenga algún reflejo en el futuro esquema del sistema energético europeo.

Por ahora, los planes de Bruselas se quedan lejos de la gran reforma que prometió la presidenta, Ursula von der Leyen, el verano pasado, en los peores momentos de la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania, cuando aseveró que "este mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo". "Tenemos que estudiar una reforma completa del mercado de la electricidad”, apuntaló en una entrevista en elDiario.es. Por primera vez Bruselas se abría a la intervención del mercado a nivel europeo tras haber permitido la excepción ibérica para establecer un precio máximo al gas con el que se produce la electricidad en España y Portugal. 

Frente a esa ambición inicial, los técnicos comunitarios han optado por dejar tal y como está el grueso de la fórmula basada en el sistema marginalista (por el que la tecnología más cara marca el precio final), al entender que durante dos décadas ha funcionado bien. Y, tal y como se esperaba, apuestan por incentivar la contratación a largo plazo mediante los acuerdos bilaterales de compra de energía (los conocidos como PPA) y los denominados contratos por diferencias (CFD) para impulsar el despliegue de las energías renovables. 

Fuentes comunitarias indican que dar la vuelta al mercado supondría alargar los plazos de su entrada en vigor hasta incluso dentro de una década, cuando la intención ahora es que los cambios estén listos "el próximo invierno". 

Será al Gobierno español al que corresponda pilotar las conversaciones sobre la reforma durante la presidencia rotatoria de la UE que le corresponde en el segundo semestre de este año. El temor que trasladan algunos de los negociadores es que haya avances durante el liderazgo de los suecos, que son los que tienen las riendas hasta junio. 

Tal y como se esperaba, la propuesta de la Comisión orilla la principal petición que España planteó en enero: poner un precio fijo a las centrales hidráulicas y nucleares ya existentes mediante los denominados contratos por diferencias, para evitar los beneficios excesivos de estas tecnologías. Una propuesta que las compañías eléctricas rechazaban de plano, con el argumento de que podría ahuyentar la inversión en un momento en el que Estados Unidos está ofreciendo un marco extraordinariamente atractivo para las inversiones en renovables a través de la denominada Inflation Reduction Act (IRA).

En estos contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés), se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior, es al contrario. La propuesta de Bruselas contempla esos CFD, pero solo para nuevas inversiones y para las repotenciaciones de plantas ya existentes. 

Fuentes comunitarias explican que adoptar la medida que había propuesto España en enero, adelantándose al resto de países, supondría modificar "retroactivamente las condiciones en las que operan los productores" de energía para esas plantas ya construidas que, según el Gobierno español, están sobradamente amortizadas. La Comisión cree que con una medida así se enviaría "una señal negativa a los inversores" de cara al futuro. 

La propuesta de Bruselas se basa fundamentalmente en los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) como fórmula para que los precios sean lo más estables posible. Esa sería, además, la manera que ve la Comisión Europea para limitar el peso del gas en el precio final de la electricidad. "Alemania está en línea con esto", reconocen en la Comisión. 

Sin embargo, se quedan fuera de la propuesta las exigencias de mayor transparencia en este tipo de acuerdos que pedía España, por el hecho de que muchos PPA se firman entre empresas del mismo grupo, por ejemplo, una generadora se lo vende a una comercializadora de la misma empresa, y hay poca visibilidad respecto a cómo se trasladan al usuario.

En cuanto a las intervenciones del mercado, la propuesta las limita a situaciones de crisis energética como la actual y no contempla mecanismos como la excepción ibérica para poner topes a los precios. Se podrán adoptar esas medidas de emergencia cuando se observen precios "muy altos" en el mercado mayorista que estén "sustancialmente por encima de la media de los últimos cinco años", y se espere vayan a continuar durante "al menos 6 meses". En esa situación, los gobiernos podrán subvencionar a las pymes hasta un 80% de su factura.

Esa es la fórmula con la que básicamente ha respondido Alemania a la crisis energética estos meses gracias a su músculo fiscal. Se trata de una medida que han propuesto otros países durante el periodo de consulta pública que abrió la Comisión Europea y que, desde luego, no es una propuesta española. 

En los últimos días, desde el Ministerio para la Transición Ecológica han cargado contra la propuesta de Bruselas por considerar que le "falta ambición" y se requiere una reforma "real" del mercado "que responda al diagnóstico" y permita "una Europa más cohesionada y competitiva" que proteja a los consumidores y al tejido productivo.