El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha echado a andar el grupo de trabajo que tiene que regular el alquiler por temporada, uno de los temas que quedaron pendientes en la redacción de la Ley de Vivienda, aprobada el pasado mes de mayo, y que se ha convertido en una vía para aumentar el precio de los pisos en arrendamiento.
Este viernes se ha mantenido la primera reunión del Grupo de Trabajo, que tiene como misión "avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda", indica el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez.
La creación de este grupo de trabajo está contemplada en la propia Ley de Vivienda y tiene que servir para “el establecimiento de mecanismos para no eludir el cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos e intentar salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de los estudiantes o los trabajadores temporales”, asegura el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, a través de un comunicado.
Unos trabajos que no van a ser rápidos. “Es por eso, que el Grupo de Trabajo se tiene que dar el tiempo suficiente para hacer un esfuerzo de consenso y también de rigurosidad para intentar que la oferta de vivienda no se vea retraída. Por ello, se va a intentar trabajar con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que finalmente el texto que salga de aquí pasará por el Congreso de los Diputados, con la vía parlamentaria de negociación y debate también”, añade.
Vivienda asume que este grupo de trabajo tiene que "abordar la problemática que se está produciendo por la disminución de la oferta de alquiler de vivienda habitual como consecuencia del destino de una buena parte del parque de vivienda existente a otras categorías de alquiler". Una situación que se da sobre todo en grandes ciudades, como Barcelona y Madrid, y en zonas turísticas.
Es decir, de este grupo tiene que salir una "propuesta normativa de regulación", que dé respuesta a lo que en teoría es el alquiler por temporada, que está centrado en "viviendas para estudiantes, para trabajadores desplazados temporalmente, u otras situaciones que puedan precisar una duración o condiciones específicas y diferentes de la del contrato de arrendamiento de vivienda".
En el grupo de trabajo están, por un lado el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; además de representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno.
Por otro, organizaciones como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, CCOO, UGT y CEOE, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, el Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, así como la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y la Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.
