El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la mayor parte del primer recurso que ha estudiado contra la ley de vivienda un año después de su entrada en vigor. El pleno ha desestimado buena parte de los argumentos de la Junta de Andalucía pero ha anulado de forma íntegra, entre otros, el artículo 16 de la ley: el que regula la vivienda protegida en todos aquellos aspectos que no estén recogidos ya en la normativa autonómica, que seguía prevaleciendo.
El pleno, con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores, también anula el artículo que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a aportar detalles de todas las casas que tienen, como por ejemplo su ubicación y el cumplimiento de sus deberes como propietario. Queda anulada también la previsión que obligaba a invertir el dinero de las sanciones por el incumplimiento de la función social de la vivienda en la creación de parques públicos de vivienda. Queda anulada también la disposición transitoria primera, que imponía los efectos de la nueva ley a las viviendas que formaran parte de un parque público de vivienda.
El pleno del tribunal de garantías llevaba varias semanas estudiando uno de los múltiples recursos que tiene encima de la mesa contra la Ley de Vivienda: el de la Junta de Andalucía. Una de las administraciones públicas regionales gobernadas por el PP que llevaron la norma hasta el Constitucional junto con Madrid o Balears, además del propio PP o los ejecutivos catalán y vasco.
El recurso andaluz que ahora ha quedado mayoritariamente rechazado cuestionaba 16 artículos y tres disposiciones más. Algunos de estos puntos, claves de la ley de vivienda como los principios que rigen el blindaje de la de vivienda protegida, las zonas tensionadas, las exigencias a grandes tenedores de vivienda o la regulación al detalle de los parques públicos de vivienda. También el artículo que consagra por primera vez en una ley la vivienda como un derecho.
La ley de vivienda salió adelante en el Parlamento en mayo del año pasado, más de un año después de salir del Consejo de Ministros. Una de las grandes normas de la pasada legislatura del ejecutivo de coalición y que obtuvo el aval del Congreso después de que el ejecutivo central, tras meses de negociaciones internas, llegara a un acuerdo con ERC y EH Bildu. PP y Vox votaron en contra argumentando que la norma fomentaba las ocupaciones ilegales de inmuebles.
