Las placas fotovoltaicas “esterilizan el campo y aumentan el riesgo de incendios” o “donde se planta una placa no vuelve a crecer nada en décadas”.

La semana pasada, la agencia estatal de noticias EFE lanzaba un teletipo que recogieron automáticamente varios medios de comunicación (entre ellos elDiario.es, que lo borró en cuanto tuvo conocimiento de su existencia) que reproducía una nota del 5 de septiembre en la que SOS Rural expresaba “su alarma por la falta de regulación en la instalación de placas solares en tierras de cultivo” y reclamaba “que se tengan en cuenta los efectos de los pesticidas agresivos y el recalentamiento del suelo producido por los paneles fotovoltaicos, que esterilizan el campo y aumentan el riesgo de incendios”.

El teletipo aseguraba, reproduciendo ese comunicado, que el “elefante en la habitación” del sector fotovoltaico son los incendios. “Cada vez más expertos expresan su preocupación por un problema que no para de crecer”. Aseguraba que en 2022 y 2023 se produjeron “más de 1.000 incendios” en este tipo de plantas, la mayoría de ellas en su primer año de vida, y este verano “ha estado repleto de fuegos en instalaciones fotovoltaicas”. Pedían seguir el ejemplo de Italia, cuyo Gobierno ha prohibido la instalación de placas solares en tierras agrícolas “regulando el 'alicatado' masivo del campo” y dando prioridad tanto a la protección de agricultores como al equilibrio ecológico.

José Donoso, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), rebate al teléfono lo que califica de “mentiras dichas a propósito” citando, por ejemplo, un artículo publicado en New Yorker el pasado viernes que recoge las virtudes de la denominada agrovoltaica en la polinización de las abejas. O un estudio realizado en Estados Unidos que muestra que cinco indicadores medioambientales de biodiversidad “mejoran” dentro de las plantas fotovoltaicas, como la floración o la diversidad y población de insectos. 

Donoso subraya que “los paneles ‘amortiguan’ las temperaturas. En invierno las elevan y en verano las reducen”. En relación con los incendios, señala que en las plantas “puede haber un incidente” como en cualquier otro sitio, pero no son lugares especialmente propicios. Y niega falta de regulación en el sector fotovoltaico. “Parece que la gente pone la placa solar donde le parece” cuando “existe una amplia regulación: solo para explicarla el ministerio tiene una guía que tiene 80 páginas. España no es un país sin ley”, zanja.

El de los incendios y la supuesta esterilización del campo por culpa de los paneles solares es un nuevo capítulo en la campaña antirrenovable emprendida recientemente por SOS Rural. Este “movimiento ciudadano” está íntimamente vinculado a la Fundación Ingenio, que tiene entre sus patronos a grandes exportadores agrícolas como Agromark o Gregal, y las dos principales cooperativas de regantes de Murcia. Dos de sus patronos, G's Spain y Ciky Oro, fueron multadas por participar en el denominado caso Topillo, una trama de vertidos de salmueras con nitratos al Mar Menor. 

De los responsables de Ingenio hay fotografías compartiendo mesa y mantel con el líder de Vox, Santiago Abascal, junto a representantes del agro murciano o el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, gran terrateniente de esa región muy cercano a ese partido de ultraderecha. Ingenio estuvo entre los instigadores de varios bulos que se infiltraron en las protestas agrarias de principios de año.

Entonces, Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural y a su vez consejera delegada de la Fundación Ingenio, aseguraba que “nuestras ensaladas están en manos de Mohamed VI”, en referencia a las importaciones de hortalizas desde Marruecos. La realidad es que España es el segundo exportador de frutas y hortalizas de la UE y el cuarto del mundo, según los informes del Ministerio de Agricultura.

En marzo SOS Rural fichó como secretario general a Javier Poza, que llevaba 14 años trabajando en Bruselas para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), uno de los principales sindicatos agrarios de España, y como asesor del grupo político Renew Europe, en el que estuvo inscrito Ciudadanos.

elDiario.es contactó este lunes con la Fundación Ingenio para preguntar por cuestiones como la base científica de sus afirmaciones sobre las renovables, o si simpatizan con movimientos y partidos de extrema derecha. Al cierre de esta edición, no había recibido respuesta alguna.

Un buen conocedor de la desinformación en el sector energético, Pedro Fresco, autor de Energy Fakes: Mitos y bulos sobre la transición energética, recuerda que el principal financiador de Ingenio es la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que en 2023 aprobó aportar a la fundación una partida de hasta 2,4 millones de euros. 

“No sé cuánto de ese dinero es gasto orgánico para mantenimiento de la fundación y cuánto para este tipo de campañas. Pero a poco que sea relevante, es una cantidad de dinero muy importante”, dice Fresco, actual director de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía (AVAESEN) y exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana.

Este experto relaciona los mensajes de SOS Rural e Ingenio con el discurso de derecha radical del Partido de los Agricultores de Países Bajos. Subraya que desde estos lobbies “se están diciendo auténticas barbaridades como que no vamos a poder comer” por culpa de las renovables. Recuerda un vídeo que publicaron en agosto que asegura que el Campo de Cartagena “ha sido invadido” por placas solares y que “a este ritmo”, en una década “la huerta será un recuerdo” y España tendrá que importar comida de mala calidad de otros países: “basura” con “tóxicos y transgénicos” venida del extranjero, se decía en el vídeo, ilustrado con la imagen de un niño enfermo, presumiblemente, de cáncer.

¿Qué hay detrás de esta campaña? En opinión de Fresco, “puede ser algo de competencia por el uso del suelo”, pero fundamentalmente es una cuestión política. “Al final hay todo un movimiento en Europa que considera que las regulaciones medioambientales procedentes de Bruselas y del Pacto Verde son una amenaza para los intereses del sector agrario tal y como está”. Dentro de este Pacto Verde las energías renovables son una parte fundamental. “Y están empeñados en hundirlo, por eso atacan mucho por ahí. Lo está haciendo la extrema derecha en toda Europa”.

Como contaba hace unos días Infolibre, este verano SOS convirtió en viral una fotografía de su cuenta de X (twitter) de una macroplanta solar bajo el título “Antes esto era todo campo. Firma contra las macroplantas antes de que sea demasiado tarde”, sin aclarar que la imagen correspondía a una instalación ubicada en la India. 

A finales de julio publicaron un tuit que hablaba del supuesto “verdadero impacto de una macroplanta solar”, en el que calculaban que cada hectárea de paneles deja 162,5 toneladas de residuos una vez que ya termina su vida útil, cuando los promotores fotovoltaicos tienen que deshacerse de esos residuos. “Por normativa UE, ya existe la obligación de reciclaje de los paneles al final de la vida útil de las plantas”, subraya Donoso. 

Otro argumento que utilizan es el de la ocupación del suelo, cuando según el Ministerio para la Transición Ecológica, las renovables ocuparían el 0,8% de la superficie terrestre de España si se cumplieran los ambiciosos objetivos que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Si solo se tiene en cuenta el terreno agrícola, “es entre el 0,2% y el 0,4%”, dice Donoso.

Un buen conocedor de Ingenio es el murciano Pablo Rodríguez Ros, ambientólogo, oceanógrafo y autor de El mar que muere. Al teléfono, recuerda que el origen de la fundación fue un intento de frenar la Ley del Mar Menor que el Gobierno murciano va a suavizar en los próximos meses. Rodríguez Ros califica el discurso de la fundación y de SOS Rural de “contubernio agropolítico”.

En su opinión, son “un grupúsculo que se ha escindido de lo que se ha venido haciendo siempre en el entorno del Campo de Cartagena”; plantean una senda continuista con la agricultura intensiva de las últimas décadas en esta zona del país para “posicionarse en contra de toda normativa ambiental de una manera muy bestia”.

“El problema de fondo con la Fundación Ingenio” es que su mensaje “va calando en la sociedad” porque “desde los poderes públicos de la región de Murcia se han venido diciendo durante décadas las mismas cosas que dicen ellos”. La fundación, para Rodríguez Ros, “no es más que un espantajo de todo lo que se ha venido haciendo durante décadas, aunque de forma más radical”.

“Detrás están los mismos de siempre. Mañana la fundación la disuelven y nada cambia”. “Y ahora intentan cabalgar la ola del discurso antirrenovable como otra manera de distraer la atención”.