En una de las viñetas que han circulado durante los últimos días para llamar a la multitudinaria manifestación que tuvo lugar este domingo en Madrid aparecía una casa en llamas, armada con un ladrillo y un cóctel molotov.

Para algunas voces, el tiempo de las soluciones ha dado paso al de la responsabilidad. “Se acabó vuestro tiempo, no habéis aprovechado ninguna de las oportunidades que os hemos dado”, se dirigió a la clase política a través de los medios la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, para exigir la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El sindicato era una de las cuadro decenas de organizaciones convocantes, pero ha ido capaz de capitalizar la protesta, poniendo el foco en el elevado precio de los alquileres, un 30% más alto que en 2015 y está casi 20 puntos por encima de 2018, cuando Pedro Sánchez formó su primer Gobierno.

Aunque, en la práctica, el Gobierno central tiene competencias limitadas en materia de Vivienda, que Sánchez recuperase en noviembre del año pasado el Ministerio, que se había suprimido en 2010, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, como un intento de configurar este asunto como un eje de la legislatura, ha puesto el foco en la labor del Ejecutivo. En concreto, de la propia Rodríguez, que tomó posesión de su cargo hace apenas 11 meses, lanzando un “mensaje de tranquilidad y de esperanza” a los pequeños propietarios, los mismos a los que hace unas semanas pidió solidaridad y “que se hagan cargo de esta causa”. Ambas declaraciones soliviantaron a los movimientos sociales.

Fuentes ministeriales insisten en su compromiso de conseguir que ningún ciudadano tenga que dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda. Es una línea que han marcado organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, la Comisión Europea o la OCDE. Por encima, se considera un “esfuerzo excesivo”, que en España realizan cerca de 1,3 millones de hogares. Ángel, un joven de 26 años que acudió este domingo a la manifestación, destina más del 35% de su sueldo a pagar la habitación en el piso compartido en el que vive, fuera del centro de la ciudad, porque el incremento de los precios no afecta solo a las zonas que tradicionalmente se vinculaban con mayores rentas.

En su manifiesto, las organizaciones convocantes señalan directamente a todas las administraciones del Estado que, “en mayor o menor medida, han hecho dejación de funciones”. En la marcha del domingo, que los convocantes esperan que suponga un punto de inflexión, se ha señalado al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, pero también al central y a los partidos a la izquierda del PSOE, con cánticos como “Gobierno progresista, hipócrita y rentista” y “rentista culpable, Gobierno responsable”.

Fuentes del Ministerio afirman que están “escuchando y atendiendo las demandas que traslada la ciudadanía” y defienden que tienen “una política clara en materia de vivienda”. Entre otras medidas, destacan la declaración de zonas tensionadas, que de facto corresponde a las comunidades; la tramitación parlamentaria de la Ley del Suelo, que cayó en el Congreso; el fin de las Golden Visa; la firma de convenios con comunidades y ayuntamientos para la construcción de 25.000 viviendas en alquiler asequible que deben estar construidas antes de junio de 2026, así como una línea de financiación para viviendas de alquiler asequible; o los 2.500 millones de euros en avalas para las hipotecas de jóvenes y familias con menores a cargo. “El Gobierno va a ser apostando por esta política fundamental para nuestra ciudadanía”, indican estas mismas fuentes, que insisten en el compromiso de definir esta materia como el quinto pilar del Estado del Bienestar desde el compromiso de “más colaboración, más financiación y más regulación”.

A pie de calle, la reclamación era unánime: que se controlen los precios de los alquileres. La Ley de Vivienda no ha servido para aliviar la carga de los inquilinos. Aunque la norma permite declarar zonas tensionadas para controlar las rentas, las comunidades gobernadas por el PP se han negado a hacerlo y en las que manda el PSOE todavía no se han puesto en marcha. Por el momento, solo se han instaurado ampliamente en Catalunya, donde los precios han caído entre un 3 y un 5%, según la consellera Sílvia Paneque. Euskadi hizo lo propio en Errentería hace un par de semanas.

Más allá de las competencias de cada administración, al ciudadano de a pie le preocupa principalmente la suya: pagar una vivienda que es cada vez más cara, mientras su salario no sube en la misma medida. “Que controlen los alquileres”, reclamaba una joven de 25 años, con trabajo pero sin capacidad para emanciparse. Que se cumpla la Ley Estatal era una reivindicación habitual, enfocada en este caso a la Comunidad de Madrid, pero también que se mejore en algunos aspectos. El control de los alquileres de temporada, en el que trabaja ya el Ministerio, que prepara un reglamento para los próximos meses, tras dejarlo fuera de la norma, es uno de ellos.

Hay otro asunto que escuece especialmente entre los movimientos sociales y a miles de ciudadanos que recuerdan el impacto del estallido inmobiliario en 2008: el drama de los desahucios. Porque la ley da más margen a los servicios sociales para buscar alternativas para las familias vulnerables y el Ejecutivo ha impulsado una moratoria para frenarlos hasta 2028, pero solo los hipotecarios. “Se nos olvida, pero tenemos desahucios todas las semanas”, dice Sonia, que es miembro de la PAH de Vallecas. En 2023 se produjeron más de 26.000 desalojos con orden judicial, la mayoría de personas que vivían de alquiler.

Los fondos buitre también han estado presentes en la marcha, con decenas de vecinos de bloques afectados por sus estrategias inmobiliarias: desde obtener concursos públicos para tratar de sacar la mayor rentabilidad posible a largo plazo, a costa de exprimir a los vecinos, hasta subir precios imposibles de asumir. La Comunidad de Madrid tiene ya amplia experiencia en entregar a precio de saldo viviendas construidas con o sobre suelo público.

En este sentido, los convocantes han reclamado “el compromiso firme” de incrementar de forma “urgente y progresiva” el parque de vivienda protección social de alquiler. El Ejecutivo central se ha comprometido a incrementarlo hasta el 20%, desde el actual 3%, pero aquí entran en juego también comunidades y ayuntamientos, responsables de los planes urbanísticos. En cualquier caso, las organizaciones proponen recuperar viviendas vacías, las que se enajenaron a los fondos buitre y las que están en manos de la Sareb, controlado por el Gobierno, así como las de fondos de inversión o bancos. “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”, se repetía en varios puntos de la marcha.

Dentro de la idiosincrasia madrileña, los vecinos afectados por las obras de la línea de metro 7b de San Fernando, que se quedaron sin casa después de que Esperanza Aguirre ignorase los informes técnicos que desaconsejaban los trabajos, han reclamado u pacto regional que salvaguarde su derecho a una vivienda digna. Una demanda que hicieron suya todos los colectivos, como la de reestablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real, donde familias y niños van camino de su quinto invierno sin luz.

En todas las reivindicaciones destacaba una palabra: “derecho”. El que consagra el artículo 47 de la Constitución. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, reza. “¿No les importa tanto a los políticos?”, preguntaba un hombre.