España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales (denominados 'paraísos fiscales' desde la retórica de los evasores).

Un informe de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés) sitúa a nuestro país como el decimoquinto del mundo al que más ingresos se le escapan. Sus cálculos ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE).

En pleno foro sobre política fiscal del G20 en Brasil, este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió la creación de un impuesto global al patrimonio. En la misma línea, en declaraciones a 'The Guardian', el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, instó a los principales países del mundo a “ser valientes” y redoblar esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre un impuesto mínimo global y “coordinado” para los 3.000 multimillonarios del mundo, argumentando que las recientes elecciones han demostrado que los ciudadanos están exigiendo una “redistribución de la riqueza”.

En julio, en un consenso histórico, las mayores economías del mundo acordaron en el G20 “cooperar” para diseñar este impuesto a los superricos. Este martes, tendrán que volver a pronunciarse sobre este tributo promovido por la Presidencia brasileña y diseñado por el economista Gabriel Zucman, según se explica en esta información.

“Gobierno tras gobierno se ha dedicado a plegarse ante los intereses de las personas más ricas, bajando drásticamente los impuestos y posibilitando que sus fortunas aumenten hasta límites inimaginables, más dinero del que nadie podría gastar jamás en la vida. Las y los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Río pueden poner fin al ataque de décadas contra una fiscalidad más justa alentado por los superricos. Sólo entonces podremos empezar a sanar las heridas de la desigualdad que están fragmentando nuestras sociedades”, arguye Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam.

Este liderazgo de Sánchez y Cuerpo de la justicia fiscal internacional choca con las dificultades dentro de nuestras fronteras para avanzar en la transposición a la Ley de España de la directiva de la UE sobre un tributo mínimo del 15% a las ganancias de las multinacionales. Una medida que se extiende a 50 países. Pero, sobre todo, rechina ante los problemas para cumplir con el compromiso del Gobierno de coalición sobre la creación de dos nuevos impuestos a la banca y a las energéticas que den continuidad a los gravámenes temporales que se diseñaron en 2022 a sus beneficios extraordinarios por las subidas de los tipos de interés y la crisis de inflación.

“Los beneficios potenciales de la reforma de las normas fiscales internacionales son enormes y se repartirían entre todos”, recuerda el informe de la Red de Justicia Fiscal. “Los impuestos son nuestro superpoder social: quizá la mejor herramienta que tenemos para organizarnos y vivir mejor, más sanos y más felices. El abuso fiscal transfronterizo es el mayor obstáculo para unos impuestos eficaces y progresivos que son fundamentales para cumplir esa promesa, así como para encontrar un camino hacia el nivel de financiación necesario para hacer frente a la urgente crisis climática”, expone este documento.

Según el análisis de esta organización, “el 43% de estas pérdidas se deben a los ocho países que siguen oponiéndose a una convención fiscal de la ONU: Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. Estos países representan solamente un 8,4% de la población global”.

Las conclusiones son desoladoras. “La escalada del abuso fiscal de las empresas multinacionales no ha sido frenada por los aparentemente interminables esfuerzos de reforma de la OCDE. Y aunque este fracaso llevó a algunos países a recortar el impuesto de Sociedades, con la esperanza de que eso les protegiera, los datos muestran ahora que simplemente se ha sumado a las pérdidas que han sufrido”, explica.

“Estados Unidos ha dominado durante mucho tiempo la OCDE, impidiendo a menudo que avanzaran las propuestas de la UE. Pero Estados Unidos no ha podido o no ha querido adoptar por sí mismo las reformas resultantes, y ahora tiene un partido en el Gobierno [el Republicano de Donald Trump] que ha amenazado repetidamente a países por adoptar reformas de la OCDE (incluida a la UE, sobre elementos del impuesto mínimo global), y por tomar medidas alternativas (como Canadá, con su adopción de un impuesto sobre los servicios digitales como respuesta a la ausencia de avances de la OCDE)”, prosigue la Red de Justicia Fiscal.

Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bermudas... son las guaridas fiscales más presentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, en la lista de principales países cómplices de que las multinacionales consigan no contribuir todo lo que deberían en el impuesto de Sociedades están casi todas las principales potencias. Entre ellas, Irlanda, que “por primera vez ha entrado en el top 10”.

La Red de Justicia Fiscal elabora un índice que evalúa el margen de maniobra que ofrecen las leyes y normativas de un país para el abuso de dicho tributo, y el resultado muestra que el Reino Unido y sus territorios dependientes (también conocidos como el 'segundo imperio' británico) son responsables del 23% de las pérdidas fiscales globales de las empresas. “El 'eje de la evasión fiscal' (el Reino Unido y su 'segundo imperio', más los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza) son responsables conjuntamente del 33%. En total, los países miembros de la OCDE y sus dependencias representan más del 6 de cada 10 dólares perdidos”, lamenta el informe.

La “coordinación” internacional es imprescindible para los gobiernos que realmente quieren una fiscalidad más justa. “Cuanto mayor sea la coordinación, más fácil será implementar” el impuesto a los superricos o avanzar en una tributación mínima de las grandes empresas, reconoce Cuerpo, en declaraciones recogidas por 'The Guardian'. “Minimiza los costes de capital político”, añade, en referencia a la oposición que surge a estas propuestas desde sectores “monopolísticos” o con “posiciones dominantes”, como la banca o la energía en España. Una oposición que respaldan los más ricos y los partidos de derechas, como están haciendo actualmente Junts, PNV y, por supuesto, el Partido Popular (PP).

El impuesto de Sociedades en España recaudó en 2023 algo más de 35.000 millones. Estos ingresos siguen muy lejos de su máximo de 2007, cuando rozó los 45.000 millones y llegó suponer el 19% de toda la recaudación —aquel fue un ejercicio extraordinario por la burbuja inmobiliaria—. En estos momentos, esta ratio se queda en el 12%.

Respecto al PIB, el tributo sobre los beneficios de las empresas representa un 2,8%. Un ejercicio de previsiones reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que esta contribución del impuesto de Sociedades apenas crecerá de 2023 a 2029, según se puede ver en el gráfico. La brecha con la eurozona es de 0,6 puntos del PIB, cerca de 8.000 millones de euros.

Mientras, “el resultado contable positivo [la medida tributaria de las ganancias, similar al ebitda o beneficio bruto de la contabilidad]” del conjunto empresas de España sí que está en máximos históricos, después de dispararse un 110% desde 2012. En el mismo periodo, los ingresos tributarios de Sociedades apenas han crecido algo más de la mitad, un 63%.

El tributo mínimo del 15% para las multinacionales, en su caso, busca tapar las “guaridas fiscales” que encuentran las compañías más grandes. Aunque las visiones más progresistas lamentan que la transposición de la directiva comunitaria no haya ido más allá del 15%, que consideran “muy bajo”, y advierten de las exenciones que contempla el texto actual por ciertas “inversiones”. Juntos a las guaridas fiscales, las bonificaciones y compensaciones por pérdidas de otros años son precisamente los mayores agujeros del impuesto de Sociedades en nuestro país.