El Gobierno acepta las exigencias de las aseguradoras y destinará 330 millones de euros más al concierto de Muface, previsto para los años 2025, 2026 y 2027. Con este incremento, la prima ponderada que recibirán las aseguradoras que acepten prestar asistencia sanitaria privada a los funcionarios con cargo a los fondos públicos subirá un 41,2%.

Tanto Adelas como Asisa, las aseguradoras que actualmente prestan servicio a más del 80% de los funcionarios que optan por la sanidad privada, han valorado positivamente el “esfuerzo” de la administración y ambas han dado prácticamente por hecho, a falta de la letra pequeña de la nueva licitación, que continuarán en el modelo.

“Mostramos la confianza en la viabilidad del convenio para la atención sanitaria de los mutualistas de muface para los próximos tres años”, indican fuentes de Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, que muestra su “voluntad de avanzar en los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a la participación de la compañía en la asistencia sanitaria de los funcionarios”.

Desde Asisa, la única de las tres aseguradoras que prestan servicio actualmente que no se había negado a participar en la actual licitación, se han mostrado “convencidos de que el proceso de diálogo de las últimas semanas con el Ministerio de Función Pública ha permitido avanzar” para “lograr las condiciones” que permitan “a la compañía mantener su compromiso con Muface”.

Desde el Ministerio de Función Pública indican que “tras una serie de consultas planteadas por los licitadores y de acuerdo con nueva información en poder de la Administración” se optó por “revisar la dotación y garantizar el equilibrio económico del contrato”. “Realizado este análisis”, indican en una nota de prensa, “se ha decidido dotar al contrato de una financiación adicional de 330,5 millones de euros a distribuir entre sus tres anualidades”.

Esta “financiación adicional” irá destinada a las primas de los grupos etarios, una novedad que incorpora este concierto, “que más precisan de una adecuada cobertura en los próximos años”, indican desde Función Pública. En total, la media ponderada acumulada durante los tres años de vigencia aumentará en un 41,2%.

El Gobierno sí ha logrado mantener la duración del concierto, de tres años, con lo que “garantiza un horizonte de estabilidad en la asistencia sanitaria del colectivo cubierto, que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios”. En el próximo trienio, nadie ha obviado la necesidad de repensar el modelo, desde las aseguradoras, hasta la propia patronal de la sanidad privada, que teme que las mejoras económicas solo repercutan en las licitadoras. Pero también del Ejecutivo. Desde Sumar piden que se vaya a un modelo de Muface a extinguir y el propio ministro, Óscar López, ha reconocido que “requiere reformas”.

El Gobierno aprobó en octubre la primera licitación para Muface durante los ejercicios 2025 y 2026. La oferta pública contenía una subida del 17%, que las aseguradoras dejaron desierta en una decisión inédita en la historia del mutualismo español. El Ejecutivo subió entonces la apuesta con un segundo intento que contenía un incremento acumulado de la prima del 33,5% en los próximos tres años.

Adeslas, la compañía que actualmente presta servicio al mayor número de mutualistas, anunció a finales de diciembre que renunciaba a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios y sus familias, al considerar que, incluso con una cuantía total de 4.500 millones de euros, el modelo estaba “infrafinanciado”. Es el mismo argumento que utilizó DKV, cuando comunicó que tampoco acudiría a la licitación el pasado 9 de enero.

El 10 de enero, el Ministerio de Función Pública optó por prorrogar el plazo para presentar candidaturas dos semanas, hasta este mismo lunes. En paralelo, el departamento que dirige Óscar López ha mantenido conversaciones con Asisa y la propia Adeslas para tratar de salvar el concierto a toda costa. En el centro están las compensaciones que las compañías privadas reclamas por costes extras sobrevenidos durante la duración de los conciertos, como la crisis sanitaria por el Covid o la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania.

En una pregunta sobre este asunto, a través del portal de contratación del sector público, el Ministerio ya se abrió a aceptar esta exigencia y compensar los costes en los que estas empresas pudieran concurrir para restablecer su “equilibrio económico-financiero” ante un cambio “extraordinario e imprevisible de las circunstancias” en las que se firmó el contrato. Según fuentes del sector, la formulación de la respuesta seguía dando lugar a ambigüedades, que debían subsanarse.

Este sábado la mutualidad publicaba en el mismo portal la suspensión del plazo para incluir “correcciones”. Apenas 50 minutos después, desde Adeslas señalaban que los “diferentes contactos” con el Ministerio, mantenidos a lo largo de la última semana, habían “producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual”. “Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración, la compañía reconsideraría su posición actual”, indicaban.