Un sector que ha sufrido un vendaval económico por la sequía y la caída de la producción. Cano ha dado el salto a la secretaría general de la organización agraria.

Durante su discurso, asumió que quienes trabajan el campo están acostumbrados a convivir con dificultades. También, que la falta de “equilibrio” en la cadena alimentaria “perjudica especialmente a los eslabones más débiles”. Por un lado, a los agricultores y ganaderos. Por otro, los consumidores. “Tiene que haber un equilibrio. Sin agricultores y ganaderos no hay nada. Y eso debe ser protegido por las administraciones”, reclamó.

Solo lleva unos días en el cargo, pero ¿cuáles son sus objetivos como cara visible de UPA?

El objetivo es continuar con el trabajo que la organización lleva haciendo desde hace 40 años. Hemos formado un equipo, con ocho mujeres y ocho hombres, plenamente comprometidos con el sector y con nuestra hora de ruta, que es la defensa de la agricultura y la ganadería familiar profesional, que necesita mucha más atención y una discriminación positiva por parte de todas las administraciones. Y la sociedad tiene que ser consciente de que este es el modelo que garantiza la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y dinamiza el medio rural. Un modelo que está en situación de amenaza, hace 15 o 20 años no era tan evidente y ahora sí.

Coexistimos con otras formas de producir alimentos, con modelos de gestión de las explotaciones que no tienen nada que ver con la agricultura familiar, que están encabezadas por grandes corporaciones y fondos de inversión que ven la producción de alimentos como un sector donde salen las cuentas, que tiene una rentabilidad porque es un valor seguro y no miran otras cuestiones que nosotros sí tenemos en cuenta. Me refiero al uso sostenible de los recursos, del agua, del suelo. Nosotros generamos una economía que redunda en las propias comarcas, en las zonas rurales, pero coexistimos con un modelo que, en algunos casos, ni tributa en España. Además de esquilmar los recursos, esquilman la economía del medio rural. Y cuando vienen mal dadas, nosotros aguantamos el tipo, y las grandes corporaciones recogen los bártulos y se van a otro sector para seguir engrosando su cuenta de resultados. 

Estamos viendo un interés creciente de los fondos de inversión por el campo. ¿Qué se puede hacer para evitar que se lancen a la especulación con los alimentos?

Se puede limitar el acceso a los recursos, por ejemplo, al agua, que es la principal materia prima que tenemos los agricultores y ganaderos, y limitar el acceso a las ayudas públicas. También se pueden generar bancos públicos de tierra y agua dirigidos a los jóvenes, porque la llegada de los fondos de inversión supone un freno y un tapón a la incorporación de jóvenes en las zonas en las que se asientan, porque es imposible competir con ellos. Para eso necesitamos normativas y ahí tenemos expectativas en la Ley de la Agricultura Familiar. No hay que potenciar estas corporaciones, ni igualarlas con nosotros, porque en ese caso perdemos. 

Los fondos de inversión no necesitan una alfombra roja de las administraciones para que inviertan en el campo. Cuantas más limitaciones se pongan desde el punto de vista normativo, menos atractivo será para ellos desembarcar en el sector. Estamos en una economía de libre mercado, pero eso siempre beneficia al muy grande y perjudica al pequeño y mediano. Las ayudas tienen que estar dirigidas a las explotaciones que están al límite de la rentabilidad. Luego, los consumidores también deben tener más inquietud por el origen de lo que compran. Y eso es labor nuestra, de los productores, tenemos que dar más información de dónde vienen los productos, por ejemplo, si el aceite de oliva es de producción tradicional o la leche es de ganadería extensiva. 

En España también se mantiene una estructura de la propiedad agrícola con grandes propietarios que, muchas veces, resultan beneficiados por las ayudas de la PAC o los fondos europeos. ¿Hay forma de cambiar esta estructura?

Hay que limitar las ayudas públicas a quien más lo necesita. Hablamos de fondos que salen de los impuestos que pagamos todos los habitantes de la Unión Europea para que vayan a donde haya más retorno social y medioambiental. Nosotros somos conscientes del cambio climático, sabemos que tenemos que adaptarnos y eso supone un esfuerzo que tiene que ser compensado. Los fondos tienen que ir a las explotaciones pequeñas y medianas. ¿Cómo? Rebajando el techo de las ayudas, que ahora está en un máximo de 200.000 euros. Nosotros hablamos de un máximo de 60.000 euros. También hablamos del pago redistributivo, que ahora solo es el 10% de las ayudas directas, que suba al 20%; o las ayudas asociadas a cultivos en crisis. No puede cobrar lo mismo la hectárea número 10 de una explotación que la 10.000. Y hay que hacer un seguimiento para que no haya trampas, por ejemplo, que no se dividan las explotaciones de forma artificial. 

Se está cumpliendo un año de las protestas del campo, donde se vio cierta división entre las organizaciones agrarias. ¿Fueron positivas estas protestas?

Fueron positivas porque después hubo una negociación y se firmó un acuerdo con 43 medidas que han beneficiado a todos los agricultores y ganaderos. Hoy hay menos burocracia en la PAC, un mayor control en las fronteras con terceros países, hay más apoyo a la incorporación de los jóvenes a los seguros agrarios. Es verdad que en las protestas hubo mensajes con los que no estamos de acuerdo. Hubo quien quiso pescar en río revuelto, con mensajes negacionistas del cambio climático, contra la agenda 2030, o con ideas tan absurdas como que se modifica la climatología en función de los deseos de un gobernante. Se puso en peligro la complicidad del conjunto de la sociedad con el campo.

¿Cree que esas protestas y la autorrepresentación que se arrogaron determinadas organizaciones o personas trasladó la percepción de que el campo es de derechas?

Ningún sector es homogéneo. No hay un pensamiento único, aunque haya quien se empeñe, pero quedaron retratados. Nosotros pertenecemos a una organización que es plenamente democrática, donde los canales de representación son transparentes. Quien aparece y desaparece al calor de los problemas, que cuando rascas y detrás no hay nada, es como las mentiras, que tienen las patas muy cortas. Nosotros podemos tener errores, como cualquier colectivo, pero hemos firmado acuerdos con todos los grupos políticos.

Y mirando al otro lado. ¿Tienen la percepción de que las formaciones de izquierdas le hacen menos caso al campo?

Creo que tiene que haber una reflexión porque este Gobierno es el que más ayudas directas ha puesto sobre la mesa desde que estamos en democracia y hay parte del sector que no es consciente de ello. Insisto, en el campo no hay pensamiento único, pero quien obvia al campo y no entra en debates, puede salir perjudicado.

Una de las medidas que se aprobó tras las protestas pasaba por reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria y todos los trimestres vemos sanciones a grandes multinacionales y empresas, las últimas a cooperativas aceiteras, como Dcoop o Acesur. ¿Son justas las relaciones entre productores, fabricantes y distribuidores?

Una de las pocas cuestiones de esas 43 medidas que no se ha implementado es elevar la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios, al nivel de agencia estatal, para que esté, por ejemplo, al mismo nivel que la Agencia Tributaria. Y eso no está en marcha porque hay formaciones que votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Es un contrasentido. Es lo mismo que pasa con Vox y los aranceles de EEUU, que una cosa es lo que pregonan y otra lo que hacen.

La Ley de la Cadena está pensada para defender a los eslabones más débiles, a los agricultores y ganaderos y a los consumidores. Espero que esas formaciones lo reconsideren, porque que la AICA tenga más recursos económicos y humanos la reforzaría. Y sobre las sanciones, nos llama la atención que haya cooperativas sancionadas cuando el objetivo de la ley es proteger a los socios de esas cooperativas. Eso merece otra reflexión porque clama al cielo.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano.

Llevamos semanas pendientes de las decisiones que tome Donald Trump respecto a los aranceles, que pueden dañar a las exportaciones españolas. ¿Cómo deberían reaccionar España y la UE?

Si algo tenemos en este momento es el conocimiento de lo que pasó antes. Ya no nos puede pillar con el pie cambiado, ya no es una sorpresa. Europa tiene que ser consciente de que tiene que proteger al sector alimentario, hay que trabajar en nuevas vías comerciales. Yo me atrevo a decir que el acuerdo con el Mercosur puede ser beneficioso para el vino y el aceite, compensando a los sectores que puedan sufrir. Con los aranceles, Europa tiene que estar a la altura, sin titubeos, ni vacilaciones. Hay que ser firmes en la respuesta. 

Hace unos días, el líder del PP propuso una rebaja fiscal para agricultores y ganaderos y dijo que es necesario “aliviar a los agricultores del infierno fiscal al que les somete el Gobierno central de Pedro Sánchez”. ¿Viven en un infierno fiscal?

Yo estuve en la reunión con Alberto Núñez Feijóo y tuve la oportunidad de compartir nuestras propuestas en materia de fiscalidad y de seguros agrarios. Cualquier cuestión fiscal hay que analizarla y puede ser bienvenida, pero hay que dejar claro que el mayor beneficio que podemos obtener los agricultores es el precio que se paga por nuestras cosechas. Por eso necesitamos reformar la Ley de la Cadena. Lo demás, algunas medidas están bien, otras no tanto. Pero lo sustancial es tener una renta digna para lo que producimos con nuestro trabajo. Y, en el tema de los seguros agrarios, que todas las comunidades autónomas tengan el mismo nivel de apoyo, que no haya diferencias por el hecho de ser de un territorio u otro.

Viene del sector olivarero, donde llevamos años de presión de precios al alza, por la sequía; ahora a la baja. ¿En qué punto deberían estar los precios del aceite de oliva para que haya un equilibrio en el que ganen los productores y, al mismo tiempo, los consumidores no paguen demasiado?

Lamentablemente, los productores tenemos una sensación agridulce porque la cosecha es mejor que las anteriores y nos gusta tener cosecha, pero desde las primeras semanas de recolección hubo una bajada injustificada de los precios en origen. Estamos en cuatro euros en origen cuando deberíamos partir de cinco en las categorías más bajas, como el lampante. Eso daría equilibrio entre cubrir los costes de producción y los precios razonables para los consumidores. Pero ahora mismo, en algunos sitios, estamos por debajo de los costes de producción y eso no es sostenible. El consumidor se ha mostrado fiel en estos años, a pesar de las dificultades, no se ha vendido más aceite porque no había más existencias. Ahora mismo hay explotaciones, con los precios que tenemos, que están en números rojos.

El Gobierno se comprometió a sacar adelante en esta legislatura la Ley de Agricultura Familiar. ¿Es optimista respecto a esta legislación? ¿Qué debe recoger para convencer a los jóvenes de que el campo es una alternativa profesional?

Somos optimistas, luego conforme se dan los pasos podemos perder ilusión. Estamos trabajando en documentos y realizando aportaciones. Es una ley muy necesaria y todas las comunidades autónomas deberían tener su propia normativa, solo la tienen Castilla-La Mancha y Aragón, pero, por lo que nos dicen los compañeros, están intentando quitarle contenido o derogarla. Tiene que haber una normativa nacional, que sea paraguas para normativas regionales, para que se pongan en el centro las explotaciones familiares y se defienda una forma de producir. Eso es lo que esperamos. También, que sea una ley de amplio consenso y sacarla de la confrontación política. Sería lo más razonable.