Cuando el Gobierno decretó la suspensión de los desahucios de familias vulnerables por la pandemia, el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado contenía un mecanismo de compensación para los propietarios afectados.

Recabar los datos es complejo, porque no hay un registro único ni de las peticiones, que dependen de las comunidades autónomas, ni de las familias vulnerables que se han acogido a la medida. Un informe del Observatori DESCA, publicado en diciembre, estimaba que la moratoria había evitado 58.000 desahucios. Con los datos sobre solicitudes y compensaciones satisfechas recabados por elDiario.es, tras solicitar información a todas las Consejerías y Departamentos de Vivienda, tan solo ha habido 4118 peticiones, de las que algo menos de la mitad han sido abonadas.

En esta tabla faltan los datos de la Comunitat Valenciana, que no ha facilitado información a este medio, pese a las reiteradas peticiones desde el 12 de febrero. Madrid tampoco ha respondido a las preguntas de elDiario.es. Sus cifras han sido facilitadas por el Observatori Desca, que había hecho una consulta previa a través del Portal de Transparencia. También las de Catalunya, más completas que las obtenidas por esta redacción. Las solicitudes que no han sido abonadas están en tramitación o han sido denegadas.

La foto es parcial, pero sirve para sacar algunas conclusiones. “Está claro que las cifras no hablan de una alarma ni de un empobrecimiento (de los propietarios), porque son relativamente bajas”, apunta el abogado y técnico de vivienda del Observatori, Miguel Ruiz. ¿Por qué son bajas? Hay varias hipótesis. La principal es que las personas jurídicas, los fondos y los grandes tenedores de vivienda están esperando a que termine la moratoria para pedir el grueso de la compensación de una vez.

De los datos obtenidos se extrae otra conclusión: el importe medio de los importes ronda los 5.300 euros. El mecanismo de compensación contempla que se resarcirá a los propietarios con “el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda”. Esto es, las administraciones no pagan rentas por encima de ese tope, aunque los inquilinos vulnerables estuvieran sometidos a esos precios.

“A nivel de importes, la cifra también es relativamente baja, porque supondría en torno a unos 7 o 8 meses de un alquiler de 700 euros”, indica Ruiz, que lo vincula a “pequeños propietarios que han visto suspendido el procedimiento (de desahucio) por poco tiempo y no durante años, como ocurre con grandes tenedores”.

La propia redacción del decreto, pensado para proteger de desahucios a personas que consigan acreditar su situación de vulnerabilidad, protege a los propietarios vulnerables. “Es muy escurridiza y los jueces, cuando se trata de un rentista particular, suelen esquivar la aplicación de la ley. Algo más complicado cuando es un gran tenedor”, apunta el abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Víctor Palomo, que lleva procesos de este tipo. “Los casos que tenemos suspendidos son de grandes tenedores”, indica.

El abogado señala que otra de las causas que puede justificar el bajo número de solicitudes, muchas de ellas aún en trámite, es la necesidad de cumplir con el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que exigen algunas comunidades. Este obliga a las empresas y fondos que quieran reclamar su compensación a estar al día en todos los pagos a Hacienda y la Seguridad Social y no haber sido declarados culpables de alguna causa, entre otros. También es la lógica de utilización de las viviendas como activos financieros. “Independientemente de que puedan cobrar o no una renta a la que tienen derecho, algunos fondos utilizan la vivienda como moneda de cambio, de la que intentan deshacerse ante una situación de suspensión de pagos”, añade.

Algunos datos permiten hacer análisis más detallados. Por ejemplo, la información recabada por el Observatori DESCA sobre Catalunya muestra que el 76% de las compensaciones resueltas eran de personas físicas, mientras que suponían el 80% de las que están en tramitación y solo el 1% de las que están pendientes. Desde el departamento de Vivienda de la Generalitat trasladan que han priorizado el pago a propietarios particulares. “Lo que nos dice la intuición es que las personas físicas que se habían visto afectadas al principio ya han pedido las compensaciones, mientras los fondos estaban esperando al final de la moratoria”, indica Ruiz.

En Castilla-La Mancha, se pagó una compensación a una persona física en 2021 y 21 más en 2022. En 2023, se abonaron 116,997 euros a 39 propietarios particulares y a 2 personas jurídicas. En 2024, la relación fue de 33 a 17, además de seis compensaciones más a la empresa pública de Gestión de Infraestructuras.

“Puede haber propietarios esperando a que acabe la moratoria, que ya se ha prorrogado en varias ocasiones, pero tampoco puede ser por desconocimiento”, apunta el director de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, Héctor Simón. El experto señala que lo ideal sería conocer también el origen de esas compensaciones. Inicialmente, la suspensión extraordinaria amparaba a aquellos desahucios derivados de impagos o extinciones de contratos de alquiler de vivienda habitual de familias vulnerables. En 2021, se amplió a los supuestos de desahucios de ocupaciones y delitos de usurpación bajo determinadas situaciones, como que las familias llevaran viviendo en los inmuebles desde antes de ese año y que tuvieran menores o personas dependientes a cargo.

Esta ampliación provocó la reacción permanente de algunos grupos políticos o asociaciones de afectados por la ocupación, que acusaban al Gobierno de legitimar este delito. De hecho, la Plataforma de Afectados por la Okupación llegó a amenazar con un plante al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer que votaría 'sí' al decreto ómnibus que incluía la ampliación de la moratoria hasta diciembre de 2025. El presidente del PP votó a favor en segunda instancia, cuando el Gobierno había atado los votos de sus socios de investidura y sus diputados eran irrelevantes para aprobar, entre otras cosas, la subida de las pensiones.

A principios de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con representantes de esta plataforma. Un encuentro en el que señaló que su Consejería de Vivienda había abonado 1,3 millones de euros “en ayudas a la compensación para arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria de los procedimientos”. En total, este departamento ha desestimado 196 solicitudes y ha aprobado 217. El resto, están en trámite. En total, ha recibido 646 solicitudes, pero tan solo tres de ellas se han presentado en virtud del artículo que ampara a aquellas familias que ocuparon los inmuebles antes de 2021.

En total, las compensaciones satisfechas hasta la fecha suponen en torno a 10,5 millones de euros. El real decreto contemplaba que estos importes se satisficiesen con cargo a los remanentes del Plan Estatal de Vivienda. Pero esto pone en un brete económico a las comunidades que habían destinado el montante total de ese presupuesto a otros programas de vivienda. Es el caso de Canarias, que se queja de que el Ministerio de Vivienda no destine más presupuesto a esa partida concreta.

Con todo, esos más de 10 millones de euros abonados ya suponen un trasvase fondos públicos a manos privadas, de pequeños propietarios, pero también grandes rentistas y empresas dedicadas a la especulación inmobiliaria. “¿Qué se podría hacer con ese dinero? Alternativas de vivienda pública”, plantean desde el Observatori DESCA. No son ilusos, saben que harían falta muchos más recursos para agrandar el parque público de viviendas, pero califican de “cuestionable” el desvío de dinero público a los fondos que han agravado la crisis habitacional sin imponer condiciones.

Ese cuestionamiento se produce en un contexto en el que el mecanismo que activa la compensación es la incapacidad de las administraciones de dar una respuesta al problema habitacional de miles de familias. De hecho, estas solo pueden reclamarse cuando los entes públicos no han sido capaces de garantizar una alternativa a las familias. Según el informe de Observatori, solo en un 2% de los 58.000 desahucios evitados se ofreció una vivienda protegida y, en el 3% de los casos, alojamientos temporales. “Seguro que para realojar a todas estas personas harían falta más recursos, pero es desvío de fondos públicos a fondos de inversión es cuestionable”, indican.