La Cámara de Comercio de Barcelona calcula que Cataluña necesita una inversión de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2030 para eliminar el déficit en stock de infraestructuras, tras denunciar que el Estado ha dejado de ejecutar unos 8.000 millones en el período 2001-2018.
Estas cifras están recogidas en el estudio monográfico Impacto económico del déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña, que este viernes ha presentado la Cámara en un acto al que ha asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Los 45.000 millones que el organismo reclama son la suma de la inversión que deberían asumir preferentemente las tres administraciones con competencias en la materia (el Estado, la Generalitat y el sector local), de los que la mayor parte, aunque no cuantificada por el estudio, correspondería al Estado.
Con este esfuerzo inversor, Cataluña recibiría en inversiones el equivalente al 19 % de su peso en el PIB español.
La inversión bruta anual que reivindica la Cámara se situaría en los 3.800 millones anuales, un aumento sustancial respecto a los 2.576 millones de inversión bruta en infraestructuras que Cataluña ha recibido de media en el período 2001-2013.
Esta inyección de recursos incluye el 2 % de depreciación del stock de capital, que es un gasto necesario para mantener las infraestructuras y para sustituir aquellas que acaben su vida útil.
El organismo ha elaborado también un listado de proyectos prioritarios para los próximos años que requerirían una inversión de 15.200 millones de euros, entre los que se encuentran el Corredor Mediterráneo, la ampliación de la red de Rodalies y la finalización de las obras de ampliación de los puertos de Barcelona y Tarragona, así como la revisión del plan director del Aeropuerto de Barcelona.
De esta cifra, un 34,6 % iría a parar a la red ferroviaria de pasajeros y otro 34,4 % a la red viaria; mientras que un 12,4 % se destinarían a aeropuertos, un 8,5 % a puertos, un 6,4 % a la red ferroviaria de mercancías y un 3,7 % a centros logísticos.
El estudio presentado en la Llotja de Mar dedica un capítulo específico a la inversión en infraestructuras no ejecutada por el Estado y que asciende a cerca de 8.000 millones de euros entre 2001 y 2018, lo que sitúa el grado de ejecución en el 73,7 % de media, siendo 2018 uno de los años con registros más bajos, de un 54 %.
En comparación con el conjunto de España, el Estado ha invertido 107 euros de media anuales por catalán, frente a los 136 de media del resto de autonomías, un 27 % menos, según el estudio.
Como consecuencia de la no ejecución de estos 8.000 millones, Cataluña ha dejado de generar cerca de 20.000 millones de euros de facturación adicional y de crear 111.500 puestos de trabajo a tiempo completo, lo que habría generado unas rentas salariales de 3.776 millones de euros y unas rentas fiscales y de cotizaciones de 3.895 millones.
Con estos datos en la mano, la Cambra ha exigido al Estado que ejecute las inversiones que son de su competencia sin dilaciones y, si no lo hace, le ha instado a transferir a la Generalitat los recursos económicos o los activos (como los puertos y los aeropuertos) para evitar que el déficit en la dotación de capital en infraestructuras siga creciendo.
Durante la presentación del estudio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha agradecido el estudio, que a su juicio "pone cifras al impacto de la desconexión del Estado en relación a Cataluña", y ha asegurado que "denunciar los incumplimientos es justicia social, porque afectan a todos los catalanes".
La existencia de "un problema estructural" en la supuesta discriminación en inversiones del Estado respecto a Cataluña obliga, a su juicio, a centrar cualquier negociación con el Estado en clave de "soberanía".
Por su parte, el presidente de la Cambra, Joan Canadell, ha insistido en que ningún partido catalán debería apoyar la investidura de Pedro Sánchez como próximo presidente del Gobierno español si antes el Ejecutivo "no reconoce su deuda" con las infraestructuras catalanas.
