Israel es, sin duda, la tierra de los milagros. ¿Dónde si no un delincuente con varias condenas y decenas de imputaciones por ejercer la violencia política y practicar la incitación al odio podría llegar a ser titular de la cartera de Interior? “Desde que asumió el cargo como ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir ha estado trabajando para politizar la Policía, interfiriendo en los nombramientos de mandos policiales, en las decisiones sobre la aprobación de manifestaciones de protesta contra el Gobierno a las que se opone, así como en las investigaciones y en los procedimientos policiales”, asegura a elDiario.es Karen Saar, portavoz de la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI).

Su última y más sonada maniobra ha sido la de enviar una carta formal al director general de la Policía de Israel, el comisario Kobi Shabtai, para comunicarle formalmente su descontento con su forma de gestionar el cuerpo. “La presión que ejerce el ministro en su afán por destituir al director general forma parte del intento de tomar el control total de la Policía”, añade Saar. 

Dentro de dos semanas, una sala del Tribunal Supremo de Israel escuchará una petición formulada por ACRI contra la ampliación de poderes promovida por Ben-Gvir, con el consentimiento y complicidad del primer ministro Benjamín Netanyahu.

La fiscal general del Estado, la poderosa Gali Baharav-Miara, ya ha desautorizado la maniobra de Ben-Gvir contra Shabtai, argumentando que “el ministro responsable de la Policía no puede ejercer a la vez como superintendente de la misma”. Por su parte, el comisario se ha quejado de las constantes interferencias de su superior político, quien le presionó para reducir la escolta policial de los convoyes de ayuda humanitaria que se enviaron desde Cisjordania a la Franja de Gaza –saboteados por parte de extremistas israelíes, que volcaron parte de la mercancía y agredieron a alguno de los conductores palestinos– o le punteó en su interlocución con el jefe de la Guardia de Fronteras.

Asimismo, Shabtai ha visto cómo Ben-Gvir degradaba al responsable policial del área de Tel Aviv, Ami Eshed, por no aplacar con suficiente dureza las manifestaciones contra la guerra en Gaza y los cierres de la carretera de circunvalación de la ciudad por parte de activistas israelíes de izquierda. En cambio, recientemente ascendía al responsable de las unidades de intervención de la Policía Nacional, Meir Suissa, a pesar de estar siendo investigado por diferentes acciones violentas contra los manifestantes antigubernamentales. 

Preguntados por este periódico acerca de estas injerencias y la creciente falta de independencia del cuerpo, los portavoces de la Policía Nacional emitieron la siguiente declaración oficial: “La Policía de Israel es una organización apolítica dedicada a garantizar la seguridad pública. Más allá de esto, no tenemos ningún comentario adicional”.

Otro de los principales hitos en la gestión del Ministerio por Ben-Gvir, especialmente después del 7 de octubre, ha sido la proliferación en la concesión de permisos y en la entrega de armas a la ciudadanía, bajo el pretexto de que ésta pueda hacer frente a potenciales atentados terroristas como el que lanzó Hamás contra el sur de Israel en esa fecha. Para ello, el ministro ha incrementado la plantilla de funcionarios eventuales de libre designación, que sin ser agentes de la autoridad tienen la capacidad de expedir dichas licencias, a menudo, sin siquiera solicitar el certificado preceptivo de instrucción de tiro, ni exigir el correspondiente examen psicotécnico.

En opinión del analista político Shmuel Rosner, “a diferencia de las Fuerzas Armadas, la Policía carece de los suficientes cimientos institucionales para hacer frente a un ministro ambicioso que tiene una agenda problemática, por lo que Ben-Gvir está encontrando poca resistencia a sus planes”. Aunque de momento no ha podido hacer realidad la promesa estrella de su programa electoral, la creación de una Guardia Nacional, “si renueva su mandato en unas futuras elecciones, el temor es que esta vez sí pueda conseguirlo”, advierte Rosner.

De hecho, en las negociaciones para formar gobierno entre el Likud y su grupo parlamentario, Otzmá Yehudit, Ben-Gvir exigió la creación de un cuerpo de seguridad adicional formado por colonos y religiosos sionistas, de cara a aplicar más mano dura para combatir los altos índices de criminalidad en las ciudades árabes, así como reprimir ejemplarmente las manifestaciones de los pocos elementos izquierdistas que todavía quedan en la sociedad israelí, cada vez más derechizada. Los últimos sondeos de opinión apuntan a que las formaciones tradicionales de izquierda, tales como Avodá (Partido Laborista, antaño fuerza hegemónica en el Parlamento) y Meretz, pasarán a ser extraparlamentarias tras las próximos comicios.

Si más adelante lograra conseguir su objetivo, Ben-Gvir se dotaría de una Guardia Nacional (Mishmar Leumi) que uniría a los otros tres cuerpos que ya tiene bajo su mando: la Policía Nacional (Mistará Israel), la Guardia de Fronteras (Magav) y el Servicio de Prisiones de Israel (Shabás, que dispone de recursos propios para la gestión de la seguridad de las cárceles, así como de los traslados de detenidos y presos condenados). Esto le convertiría en uno de los ministros con más poder del gabinete, por lo que su predecesor en el cargo, Omer Bar-Lev (Partido Laborista), le ha calificado de “amenaza para la seguridad nacional de Israel”.

De hecho, resulta paradójico ver cómo, tras sufrir un accidente de tráfico en el que quedó en evidencia por no llevar puesto el cinturón de seguridad (incumpliendo la ley y dejando de pagar la correspondiente sanción administrativa), Ben-Gvir sigue pidiendo a sus conductores y escoltas que se salten a la torera el Código de la Circulación. Igualmente ha llegado a jactarse de ir como pasajero en el coche de uno de sus hijos, enseñando cómo ignora el uso del cinturón de seguridad.

El problema subyacente es de origen político e ideológico. Si bien Ben-Gvir nació y creció en un barrio laico y de tradición liberal de la periferia de Jerusalén (Mevasseret Zion), terminó residiendo en el asentamiento de Kiryat Arba, que se encuentra dentro del término municipal de la ciudad palestina de Hebrón y que alberga la tumba del extremista judío Baruj Goldstein –que en 1994 asesinó a 29 musulmanes que rezaban dentro de la mezquita de la urbe–. Goldstein reclamó entonces ser el heredero ideológico del rabino supremacista y diputado Meir Kahane, quien décadas antes fundó la Liga de Defensa Judía y la organización Kach, ambas de extrema derecha, e incluidas hoy en las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Ben-Gvir y algunos de sus más estrechos colaboradores –tales como su director de gabinete en el Ministerio, Jananel Dorfman, y su yerno Bentzi Gopstein, fundador de la organización xenófoba Lehava– comparten una visión del mundo etnocéntrica y racista, que impregna el programa político de Otzmá Yehudit. De hecho, Ben-Gvir fue vecino de Baruj Marzel y asistente parlamentario de Michael Ben Ari, los dos fundadores de su partido, previamente alineados con la formación Kach y ambos con importantes antecedentes penales.

Pero cuando la aritmética electoral tras las últimas elecciones de noviembre de 2022 obligó al candidato más votado, Benjamín Netanyahu, a negociar los términos de la coalición gobernante, el ahora primer ministro optó por blanquear a la gente de Ben-Gvir (también al ministro de Patrimonio, Amijai Eliyahu, quien planteó la posibilidad de tirar una bomba nuclear en la Franja de Gaza) reactivando el concepto del “Gran Israel” (Eretz Israel, en hebreo). Éste, al igual que el ideario de Hamás, contempla una tierra libre –en este caso de palestinos– entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que incluiría los Altos del Golán sirios y las Granjas de Sheeba libanesas, ambos territorios ocupados por Israel desde hace décadas.