España ha anunciado que se suma al proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia -el máximo tribunal de Naciones Unidas-, donde los jueces analizan la situación en Gaza en el marco de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. El paso dado por el Gobierno español y anunciado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no significa que nuestro país se una a la denuncia por genocidio, ante la cual el propio Albares ha dicho que prefiere no pronunciarse.

“España no toma partido por ninguna de las dos partes del proceso”, ha indicado el ministro. “Si me permiten la forma coloquial de decirlo, toma partido a favor del tribunal, para ayudarle en lo que tenga que ser su interpretación”, ha añadido, señalando que el objetivo es “que la paz regrese a Gaza” y que se respeten las medidas cautelares anunciadas por la Corte Internacional de Justicia, “que son de obligado cumplimiento”.

Es decir, Madrid no se posiciona ni en favor ni en contra de la demanda contra Israel por genocidio, no se suma a ella, ni toma partido en defensa de dicha acusación ante la Corte de La Haya. Lo que el Gobierno hace es anunciar que dará asistencia al tribunal cuando lo considere oportuno, para ayudar a los jueces “a la hora de tomar una decisión”.

Exteriores ha comunicado que todavía está elaborando la solicitud. De momento no ha señalado cuándo la enviará, ni ha especificado qué argumentos aportará. Algo similar anunciaron el pasado mes de marzo Bélgica e Irlanda, sin que hayan enviado aún el comunicado a la Corte de La Haya. Albares sí ha insistido en que este paso tiene como finalidad “apoyar al tribunal en la aplicación de las medidas cautelares, especialmente en el fin de las operaciones militares en Rafah”.

Israel incumple de forma reiterada esas medidas cautelares emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en las se exige asegurar la entrada de ayuda humanitaria suficiente en la Franja, en un momento en el que diversas voces expertas y agencias de la ONU denuncian un contexto de hambre provocado. El propio fiscal jefe del otro gran tribunal de La Haya, el Tribunal Penal Internacional, indicó recientemente que “Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

Es por ello que organizaciones civiles, de derechos humanos y cincuenta y dos expertos de Naciones Unidas, relatores especiales, piden sanciones y embargos formales de armas a Israel para empujar a Tel Aviv a cumplir el derecho internacional y esas órdenes de la Corte de La Haya. Ni España ni ningún país europeo han adoptado estas medidas, cuando se cumplen ocho meses del inicio de la ofensiva israelí contra Gaza. A nivel comunitario, tampoco se ha interrumpido el Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea, un pacto comercial preferencial -la UE es el primer socio comercial de Israel en el mundo-, cuyo artículo 2 obliga al respeto de los derechos humanos por ambas partes.

En su intervención de este jueves el ministro Albares evitó emitir una condena contra las matanzas de civiles en Gaza, cuando ya son más de 36.000 las personas muertas y 81.000 heridas. Tampoco ha querido expresar si considera que existen indicios de genocidio en Gaza, y no ha definido como crímenes los ataques israelíes contra civiles en la Franja.

El ministro se ha limitado a pedir el apoyo a la Corte Internacional de Justicia y a que “vuelva la paz a Gaza”. No ha hecho referencia a la ocupación ilegal israelí –con la que Tel Aviv incumple varias resoluciones de la ONU- ni al sistema de apartheid que la sustenta, que impide la paz en la zona desde hace décadas.

Tampoco ha mencionado en ningún momento las dos medidas clave que han demandado los 52 relatores especiales de Naciones Unidas: sanciones y un embargo formal de armas a Israel como pasos esenciales para detener las masacres. Ambas herramientas fueron implementadas de inmediato en el caso de Rusia, acompañadas de contundentes condenas públicas. Además, España envió un equipo de médicos forenses a Ucrania para recoger evidencias de pruebas que pudieran ser usadas en la Corte Penal Internacional que investiga posibles crímenes de guerra rusos.

Este doble rasero está condicionado por las relaciones de amistad preferencial con Israel por parte de EEUU y Europa a lo largo de los años, que han permitido una política de hechos consumados israelí y la perpetuación de su impunidad. El propio Albares insistió el pasado 8 de mayo en que Israel es un “Estado amigo”.

Hasta ahora varios países han expresado públicamente su apoyo a la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia contra Israel, entre ellos Turquía, Malasia, Jordania, Bolivia, Namibia, Pakistán o Brasil, así como la Liga Árabe y la Organización de Países Islámicos.

Otras naciones se han unido directamente a la demanda de Sudáfrica, acogiéndose al artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: es el caso de Colombia, Nicaragua, Chile –aunque aún no ha enviado su solicitud a La Haya– y, más recientemente, Palestina, que ha podido hacerlo tras la resolución de la Asamblea General de la ONU del pasado 10 de mayo, que amplió sus derechos en Naciones Unidas.

Además, varios países se han sumado al proceso a través del artículo 63 del Estatuto, lo que implica que no participan como parte demandante, sino que podrán presentar a los jueces argumentos, sugerencias o interpretaciones: es el caso de Libia y México, y también es lo que probablemente hará España. Por lo demás, varios gobiernos han declarado que intervendrán en el procedimiento, pero no han aclarado cuándo y no han enviado aún la solicitud: es el caso de Egipto, Turquía, España, Irlanda o Bélgica. Estos dos últimos países lo anunciaron el pasado mes de marzo.

En el marco de la demanda contra Israel, la Corte Internacional de Justicia ha emitido varias medidas cautelares entre enero y mayo, con el objetivo de evitar más matanzas y situaciones de hambruna en Gaza. A través de ellas, el máximo tribunal de la ONU solicita el fin de las operaciones militares en Rafah y la apertura de todas las vías posibles para asegurar la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en la Franja, algo que Israel sigue incumpliendo.

Además, hay otra investigación en curso en el otro tribunal de La Haya, la Corte Penal Internacional, donde recientemente su fiscal jefe solicitó órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás y, por primera vez, contra dos mandatarios de un país aliado de EEUU y de Europa: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa.

A lo largo de estos meses Washington ha enviado grandes paquetes de armamento al Ejército israelí y ha proporcionado protección política y diplomática al Gobierno israelí, hasta el punto de cuestionar a los dos tribunales internacionales de La Haya en sus pasos y en su jurisdicción con respecto a Israel.

También varios países europeos han exportado material militar o mantenido su compraventa de armas con Israel. En el caso de España, Madrid siguió enviando material militar hasta enero y comprando armamento israelí al menos hasta marzo. El Gobierno español anunció hace dos meses una política de no autorización de nuevas exportaciones, pero no ha establecido un embargo formal de armas ni aclarado si paralizará las compras de armamento a Israel, un comercio a través del cual se refuerza el sistema de ocupación ilegal israelí, ya que las compañías de sistemas de armas de Israel son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los territorios palestinos“, según muestran varios informes.

Israel suele publicitar su material militar como “probado en combate”, es decir, sobre Gaza y Cisjordania, donde a lo largo de los meses -y años- ha matado a numerosos civiles.

Además, Europa es lugar de tránsito de armas con destino a Israel. Precisamente en las últimas horas ha hecho escala en las costas españolas el carguero Vertom Odette, sospechoso de llevar armas con destino final a Israel, algo que han denunciado movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. Este barco tenía previsto llegar a Cartagena el pasado miércoles, pero en el último momento optó por modificar su rumbo y navegar hacia Montenegro. Sin embargo, horas después dio un giro de 180 grados y retomó navegación hacia España.

Esto ocurre dos semanas después de que otros dos barcos sospechosos desviaran su rumbo en el último momento y evitaran hacer escala en España, tras las denuncias de movimientos como la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina.

El Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España, prohíbe la transferencia de armas a países que pudieran usarlas para ataques contra civiles, crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. También prohíbe el tránsito, por lo que los países firmantes deben vigilar qué llevan y a dónde van los barcos que hacen parada en sus costas. El anuncio de un embargo formal facilitaría la exclusión de España en el trazado de las rutas de armamento a Israel.