La enorme pérdida de vidas civiles en Gaza (más de 37.000 por el momento) y la masiva destrucción de infraestructuras no militares en la Franja forman parte de “una estrategia consistente en causar el máximo daño” atacando intencionadamente a la población, según ha concluido este martes el primer informe de investigadores de la ONU sobre el conflicto.

Elaborado por la Comisión Internacional e Independiente de Investigación para Palestina, que analiza por mandato de Naciones Unidas todos los hechos ocurridos desde los ataques del 7 de octubre, concluye que Israel como Hamás y otros grupos armados palestinos han cometido crímenes de guerra, asegurando que las acciones israelíes también constituyen crímenes contra la humanidad.

En el caso de Israel, la comisión presidida por la veterana jurista sudafricana Navi Pillay destaca que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu “ha dado a sus fuerzas de seguridad carta blanca para atacar objetivos civiles de forma amplia e indiscriminada en Gaza”.

Ello parece responder a la aplicación de la llamada “doctrina Dahiya”, que recibe su nombre de un barrio de Beirut controlado en su día por la milicia Hizbulá arrasado en 2006 por la fuerza aérea israelí, y que consiste en dar una respuesta desproporcionada, sin distinción entre civiles y militares, a ataques de grupos armados, algo que parece haberse reproducido a gran escala en Gaza.

Así, indica el informe de Naciones Unidas, en muchas acciones militares de Israel tras los atentados terroristas de octubre “no se han identificado objetivos militares que sirvieran de argumento para el lanzamiento de un ataque”.

También se dispara a matar con frecuencia, sin distinguir cuáles son los objetivos o si éstos realmente suponen una amenaza, según el documento de más de 200 páginas, con pormenores tanto sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre como de la respuesta militar israelí posterior.

El informe denuncia un “asedio total” de Israel contra Gaza, que según el mismo texto fue identificado por el mismo ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, como una medida de represalia en la que “se lucha contra animales y hay que actuar en consecuencia”.

En el conflicto hay “una clara intención de instrumentalizar la necesidad y usarla como arma, manteniendo a la población de Gaza como rehén para lograr objetivos políticos y militares”.

El informe, que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 19 de junio, recoge testimonios de víctimas, análisis forenses, imágenes por satélite y otros datos para concluir que Israel, Hamás y sus grupos armados afiliados han cometido graves violaciones del derecho internacional y “deben rendir cuentas”, en palabras de Pillay, antigua jueza de la Corte Penal Internacional.

Acusa a Israel de los crímenes de guerra de “uso del hambre como arma, asesinato, ataques intencionados contra civiles, transferencia forzada, violencia sexual, tortura y detención arbitraria”.

Como “crímenes contra la humanidad” israelíes cita “exterminio, persecución por motivos de género contra hombres y niños” y otros también considerados en la anterior tipología, como las deportaciones forzosas o los tratos crueles e inhumanos contra detenidos.

El informe también estudia con detalle los ataques del 7 de octubre perpetrados por grupos armados palestinos, con abusos que también podrían constituir según la comisión crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional, perpetrados de forma coordinada por más de mil miembros del ala militar de Hamás y milicias afines.

En ellos, detalla el informe, fueron asesinadas más de 1.200 personas, de las que al menos 809 eran civiles, 280 mujeres, 40 niños y 25 ancianos de más de 80 años.

El documento relata casos como el de una niña de nueve meses asesinada cuando intentaba esconderse junto a su madre en el kibutz de Beeri, o el de una mujer de 79 años y su nieta autista a las que los milicianos mataron porque caminaban demasiado despacio y dificultaban su repliegue.

En el Festival Nova de música, indica el informe, murieron 364 asistentes a manos de los grupos armados palestinos, algunos de ellos cuando intentaban escapar u ocultarse en baños públicos, vehículos o contenedores de basura.

En estos ataques se perpetraron, no de forma aislada sino repetidamente en distintos lugares, actos de violencia sexual, como la humillación a mujeres “mostradas como trofeos”, aunque no se ha conseguido confirmar si se cometieron violaciones, como se denunció en su momento.

La comisión también asegura que el ejército israelí aplicó la “directiva Aníbal”, que defiende el uso de toda la fuerza posible para evitar que soldados del país caigan en manos del enemigo incluso a costa de la vida de éstos, durante los ataques del 7 de octubre. En al menos dos casos las fuerzas israelíes aplicaron esta directiva, “lo que causó la muerte de 14 civiles israelíes”.

En uno de esos casos un tanque israelí disparó contra 13 personas retenidas en una casa en el kibutz de Beeri, uno de los atacados por Hamás y otros grupos armados, mientras que en el otro una mujer murió por los disparos de un helicóptero del ejército de Israel cuando estaba siendo secuestrada.

Se comprobó también la presencia de ocho helicópteros en el Festival Nova, uno de los principales objetivos de los atentados de octubre, aunque en este caso el informe subraya que no pudo confirmar si desde ellos se disparó a los civiles.

En el informe, la comisión afirma que la respuesta de las fuerzas israelíes a los atentados “fue significativamente postergada en sus momentos iniciales, y en muchos casos fue totalmente inadecuada”. “Algunos pequeños grupos de fuerzas de seguridad israelíes llegaron con lentitud, insuficientes en número, y mostraron descoordinación”, concluye el documento.

También denuncia que las autoridades israelíes dieron prioridad a la identificación de víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias para ser enterrados antes que a las pruebas forenses, lo que impidió recolectar evidencias de los abusos cometidos en los ataques, especialmente en materia de crímenes sexuales.

El informe concluye que ni los ataques del 7 de octubre ni las consecuentes acciones militares de Israel en Gaza “deben verse de forma aislada” sino como parte de un ciclo de violencia y agresión contra el que la única forma de actuar es “garantizando un total respeto de la ley internacional”.

Ello incluye, subraya la comisión, poner fin a la ocupación israelí de los territorios de Palestina, así como a la discriminación, opresión y la denegación del derecho a la autodeterminación de su pueblo.