La foto del alcalde chileno Daniel Jadue, gobernante comunista de uno de los barrios más populares de Santiago, esposado, custodiado y sometido a prisión preventiva ha instalado en la agenda chilena el concepto de lawfare y una fuerte polarización a favor y en contra del edil en plena carrera para las elecciones municipales de octubre.

Un tribunal de Santiago decretó la semana pasada la medida cautelar más dura contra Jadue, una de las figuras de más peso dentro del Partido Comunista chileno (PC) y –bajo el argumento de que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”– se avino a la petición de la Fiscalía, que lo acusa de varios delitos de corrupción (fraude fiscal, administración desleal, estafa, cohecho y delito concursal) ocurridos en 2020 y vinculados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) que él mismo presidió durante la pandemia.

El caso de las Farmacias Populares comenzó a investigarse hace tres años, tras una querella presentada por la empresa Best Quality por estafa contra la Achifarp, acusándolos de no pagarles cerca de un millón de dólares en material médico como mascarillas. El alcalde siempre ha negado todas las acusaciones. La Fiscalía lo acusa de ocultar deliberadamente las dificultades económicas que atravesaba la asociación al estar en plena precampaña presidencial y municipal; utilizar la organización “para fines personales” y “abusar de sus facultades” en el cargo, entre otros. “Los imputados se aprovecharon de la estructura, la organización y el patrimonio de esta asociación para su propio provecho y para sus propios intereses”, señala la Fiscalía.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar ¡Apelaremos esta medida desproporcionada!”, publicó Jadue en sus redes al conocerse la noticia. Ya desde la cárcel Capitán Yáber, ubicada en la capital y destinada a presos de alta connotación pública y sin delitos violentos, el alcalde agradeció el apoyo de sus partidarios y aseguró estar “tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán”. Su defensa apeló la decisión el pasado sábado, pero el tribunal ha decidido mantener la prisión preventiva.

La Farmacia Popular de Recoleta fue uno de los proyectos estrella de Jadue durante su primera administración y consistía en conseguir precios más bajos que los del mercado en medicamentos para los vecinos de su barrio. La propuesta fue imitada por más de 150 municipios del país –tanto de derecha como de izquierda– que se constituyeron en la Achifarp, encabezada por el propio alcalde y hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos investigados.

La prisión preventiva no estaba en los planes del alcalde ni de su partido, que ha sufrido un duro golpe a pocos días de una campaña de primarias municipales y en plena cuenta atrás electoral. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, señala a elDiario.es la “desproporción de la medida cautelar” y la “preocupación de que este proceso se transforme en un juicio político”. La líder comunista insiste que, como partido, tienen “una opinión política de este proceso” y que su defensa “es la del proyecto y la gestión que encarna Daniel Jadue en Recoleta”.

El debate sobre la proporcionalidad de la medida ha abierto la polémica en la sociedad chilena e incluso entre expertos en la materia. “En este caso, la proporcionalidad no existe ya que hay medidas menos lesivas para cautelar”, dice a elDiario.es el doctor en Derecho y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash. “El propio objetivo que fijó la jueza como fundamento –el riesgo de nuevos actos ilícitos– también se satisface con una cautelar menos intensa que la prisión preventiva”.

El exfiscal Carlos Gajardo, uno de los más reputados del país y encargado de varias de las grandes investigaciones sobre corrupción del último tiempo, considera, en cambio, que los delitos imputados a Jadue son “reiterados, muy graves y con penas altas asociadas”, por lo que “justifican una media cautelar intensa” como la prisión preventiva. Según él, “concurren varios de los criterios establecidos en Código Penal, entre ellos, ”la gravedad de la pena, el carácter de los delitos y el hecho de haber actuado en grupo“.

Tras la decisión de la jueza, inmediatamente las críticas de los afines al alcalde apuntaron a la exalcaldesa de la comuna capitalina de Maipú, Cathy Barriga, una candidata independiente de derecha que quedó bajo arresto domiciliario por su presunta responsabilidad como autora de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público entre 2016 y 2021, mientras gobernaba.

Para Gajardo, también en ese caso debería haberse aplicado la prisión preventiva: “Casos semejantes deben tener un mismo trato. De eso se trata la justicia. Fue un error que no se decretara la prisión preventiva de Barriga y hoy eso es más evidente”, señaló en redes.

Sin embargo, la exfiscal Erika Maira, hoy representante de otro de los imputados en el caso Barriga, señala a elDiario.es que la diferencia principal entre ambas causas es que en el caso de la exalcaldesa “la Fiscalía no logró demostrar con el estándar suficiente la existencia de los hechos y la participación en esos”, dos de los tres requisitos básicos que fija el Código Penal chileno.

En la antesala de la audiencia de imputación (que en Chile se conoce como formalización), Jadue recibió una carta de apoyo de distintas organizaciones internacionales que denunciaban “persecución” en su contra y advertían que “la guerra judicial, o lawfare, es una práctica que azota proyectos emancipatorios”.

De nada sirvió que antes de dar a conocer su decisión, la jueza advirtiera que no había tomado en cuenta “filiaciones ni ideologías políticas”, porque la máxima cautelar levantó rápidamente reproches. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó en una carta que la medida “ratifica el uso exacerbado del lawfare como estrategia regional para acusar sin fundamentos legales y probatorios a líderes progresistas, promoviendo la persecución política”. Incluso Izquierda Unida, desde España, ha expresado su “enorme preocupación” por la “utilización de los tribunales con fines políticos (lawfare) contra uno de los líderes de más prestigio de la izquierda chilena”.

En opinión de Nash, la lucha contra la corrupción “es una necesidad” en una sociedad democrática, pero “siempre debe hacerse cumpliendo con los estándares mínimos en materia de derechos humanos”. Según él, en el caso de Daniel Jadue ha habido un “uso de la prisión preventiva como una forma de anticipar la pena”, por lo que “puede ser considerado una forma de lawfare”.

El caso de las Farmacias Populares comenzó a investigarse hace tres años, tras una querella presentada por la empresa Best Quality contra Achifarp por estafa. La empresa acusaba a la asociación de no pagarles cerca de un millón de dólares en material médico como mascarillas. El alcalde siempre ha negado todas las acusaciones.

Jadue, arquitecto y sociólogo de 56 años, culmina su tercer mandato en la alcaldía, por lo que no se puede volver a presentar a las elecciones de octubre, según la ley chilena. Con el alcalde, los comunistas han ido ganando cada vez más protagonismo en la política chilena hasta ocupar varios de los puestos clave del Gobierno.

Está por ver como el avance de este proceso judicial afecta la estabilidad de la coalición gubernamental, de la cual es parte el Partido Comunista, que ostenta varios cargos clave. La ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, con quien el alcalde comparte militancia, ya anticipó el mismo día de la audiencia que el Ejecutivo “respeta la labor de la justicia” y la “división de poderes”.

El presidente, Gabriel Boric, quien se enfrentó a Jadue en las primarias presidenciales por la coalición Frente Amplio, destacó su “labor transformadora”, pero marcó distancias y aseguró que en Chile “no hay persecuciones políticas judiciales” y que el edil debe defenderse ante la Justicia y “no atacando las instituciones”.

La defensa del alcalde, que tiene otro frente pendiente con la justicia por una presunta adjudicación irregular de licitaciones de luminarias, apeló la decisión, pero el tribunal decidió mantener la prisión preventiva. Por delante, el proceso contra Jadue tiene ahora 120 días (prorrogables) en los que la Fiscalía tendrá que recoger las evidencias de su acusación.