En la Argentina de Javier Milei quien quiera protestar se expone a la cárcel. Que ese derecho está bajo amenaza ha quedado en evidencia desde el miércoles 12 de junio, cuando en medio de la manifestación contra la Ley Bases —que pretende desmantelar el Estado—, la Policía detuvo a 33 personas y el fiscal Carlos Stornelli las acusó de terroristas. El gobierno ultra habló de golpe de Estado. La jueza María Romilda Servini de Cubría liberó a 17 de ellos el viernes.

Las historias detrás de la represión han dejado sin sustento la acusación del fiscal Stornelli de que “incitaron a la violencia colectiva, se alzaron contra el orden constitucional y infundieron temor público”. Imágenes de televisión y en redes sociales mostraron que fueron detenciones al voleo y que la Policía reprimió con gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y a diputados en la Plaza Congreso y dejó hacer a encapuchados que aparecieron de repente, incendiaron un auto y se marcharon sin que nadie los frenara. 

Un video que se viralizó fue el de María de la Paz Cerutti: policías de la Ciudad de Buenos Aires le cortaron el paso mientras cruzaba la Avenida 9 de Julio, a varias calles del Congreso, epicentro de la manifestación. Enojada, María de la Paz gritó su nombre completo y documento, mientras un jefe policial ordenaba “presa, ahora”. La detuvieron entre varias mujeres policías, la tiraron al piso mientras ella no soltaba su cartera roja. 

Amanda Cerutti, su hermana, explica a elDiario.es que “Maripaz se aferraba a la cartera porque ahí tenía los papeles del alta de la psiquiatra después de una licencia de un mes en el Ministerio de Economía, donde trabaja como empleada desde hace 15 años”. “Junto a otras seis chicas las trasladaron a distintos lugares, estuvieron 18 horas sentadas en un pasillo y esposadas en la Comisaría 15 de Chacarita. El comisario me dijo: ‘ quedate tranquila que están como en un picnic’ . Después las llevaron a un pabellón de la cárcel de Ezeiza. Una policía dijo que Maripaz le había pegado una patada como resistencia a la autoridad”.

María de la Paz es contadora y tiene 43 años, es nieta de Sara Derotier de Cobacho, Madre de Plaza de Mayo fallecida en 2012. “En nuestra familia tenemos una larga trayectoria de movilizaciones. Mi abuela Sara Cobacho es una referente, mi papá está desaparecido, hay cuatro desaparecidos en mi familia, estamos atravesados por el terrorismo de Estado. Con lo de mi hermana revivimos situaciones que creíamos superadas en el país, propias de un estado de excepción”, afirma Amanda Cerutti.

 Junto a Maripaz estuvo detenida Sasha Lyardet, quien hoy cumple 25 años y ya puede celebrar su excarcelación. Tiene cuatro hermanos y estudia en el segundo año de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). “Cuando se retiraba de la movilización iba con Camila Juárez y las interceptaron por la calle unos policías en tres motos. Las detuvieron”, cuenta a elDiario.es su hermana mayor, Grisel. Y agrega: “No existe ninguna prueba que sostenga las acusaciones del fiscal, son imputaciones muy graves de delitos que conllevan penas de más de ocho años de cárcel”. 

Camila Juárez estudia Sociología en la Unsam, es madre de dos niños e integra la Asamblea Barrial de San Martín, organización con la que decidió ir al Congreso a protestar contra la Ley Bases, un proyecto aprobado en el Senado el miércoles pasado que apunta a la concentración de la riqueza en pocas manos y al desguace del Estado. 

La jueza Servini de Cubría, la misma que investigó los crímenes del franquismo en Argentina, el viernes por la noche ordenó liberar a 17 de los 33 detenidos, sin desvincular a ninguno de la causa ni desescalar los presuntos delitos de los que se los acusa. Ayer martes por la noche, ordenó la excarcelación de 11 y el procesamiento de cinco personas. A todos se les imputa el delito de intimidación pública, y atentado contra la autoridad, por haber provocado disturbios arrojando piedras y otros elementos a la Policía. Las pruebas serían los sumarios policiales donde constan fotos y videos.

Minutos después de conocerse la decisión de la magistrada, Milei dijo en una entrevista televisada: “Son delincuentes. Tienen que estar todos encerrados”.

Para Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la idea de terrorismo es muy grave. “Ha habido un agravamiento de la posición pública del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La ministra Patricia Bullrich declaró que en esta protesta ha habido una nueva modalidad de golpe y calificó de terroristas a los detenidos. El presidente Milei la felicitó por la actuación policial contra organizaciones que denominó terroristas. Nunca hasta ahora se había catalogado de terroristas o golpistas a quienes protestan contra una ley controvertida. Es de muchísima gravedad”. 

Bullrich está al frente del Ministerio de Seguridad, cargo que ya había ocupado durante el gobierno conservador de Mauricio Macri (2015-2019). En las protestas del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que llevó a cabo Macri hubo disturbios, decenas de manifestantes heridos y detenidos. Se puede ver en ese momento el embrión de lo de ahora. 

 Litvachky afirma que desde el Cels han presentado material a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la escalada de la criminalización de la protesta en Argentina. “Se busca aleccionar, es un efecto atemorizador que restringe el derecho a la protesta y viola las convenciones internacionales. Se ve una decisión política de mostrar autoridad: de que esta ley se aprueba sí o sí, y la protesta se reprime. Es la marca de este gobierno”.

 No parece casual que la ministra Bullrich haya visitado este domingo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de El Salvador, para asesorarse en materia de seguridad. El país centroamericano se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción ampliado en 26 ocasiones por el Congreso de mayoría oficialista. La protesta en Argentina ahora se enfrenta al riesgo de cárcel.