La saga judicial de Julian Assange de más de una década en el Reino Unido terminó este lunes tras su liberación de la prisión a las afueras de Londres donde ha estado recluido desde 2019. El fundador de Wikileaks ya está libre y planea instalarse en Australia, su país natal, pero las consecuencias del caso para la libertad de información pueden perdurar más allá por lo que las organizaciones que velan por la protección de los periodistas consideran un precedente peligroso.

El acuerdo que ha firmado el fundador de Wikileaks con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para su liberación supone el reconocimiento de culpa por el delito de conspirar para conseguir y publicar documentos de información clasificada que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. A cambio, el Departamento de Justicia abandona los otros 17 cargos en el caso presentado durante la Administración de Donald Trump, en mayo de 2019, y acepta como condena el tiempo que Assange ya ha pasado en la cárcel en el Reino Unido, la mayoría mientras apelaba contra el proceso de extradición a Estados Unidos.

Los abogados que representan a Estados Unidos han insistido en que ni Assange es un periodista ni Wikileaks es un medio, en particular por el desdeño a la protección de activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y otras fuentes de Estados Unidos en países como Afganistán, China o Irak, según detalla el escrito de acusación de mayo de 2019. 

Desde que tomó el relevo la Administración Biden, los abogados de la acusación han insistido especialmente en este punto, entre otras cosas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ofrece una amplia protección para la libertad de prensa y de expresión. 

Pero varias organizaciones especializadas en la libertad de prensa subrayaban este martes en que, sea o no Assange considerado un periodista, el hecho de que se haya reconocido culpable de la actividad que practican periodistas de investigación en todo el mundo puede sentar un precedente. 

Stella Assange, esposa del fundador de Wikileaks y también abogada, aseguró a la agencia de noticias Reuters que su equipo legal pedirá al presidente Joe Biden el perdón porque el cargo que ha quedado es “una preocupación muy seria” para la libertad de prensa en todo el mundo. 

El perdón presidencial es una prerrogativa amplia y puede incluir “alterar una sentencia”, pero no necesariamente significa reconocer la inocencia de la persona perdonada. Otro obstáculo es que se concede habitualmente a residentes en Estados Unidos, algo que Assange no es ni nunca ha sido. La política “general” del Departamento de Justicia, según explica la oficina encargada de los perdones, es no aceptar peticiones de no residentes en el país y sólo abriría un expediente para tramitar la solicitud de manera excepcional si lo pide el fiscal general o el presidente. 

El cargo que ha quedado responde al uso de la ley de 1917 contra el espionaje y esto inquieta especialmente a los defensores de la libertad de información.

“Estados Unidos ha conseguido una condena con la ley de espionaje, por primera vez en los más de 100 años de historia de la ley, por actividades periodísticas básicas”, aseguró al New York Times David Greene, director de la fundación Electronic Frontier, una ONG que defiende los derechos civiles en Internet.

Otras organizaciones especializadas en la libertad de prensa repitieron la misma preocupación tras la resolución del caso de Assange.

“Aunque nos alegramos del final de su detención, los cargos contra Assange por parte de Estados Unidos han sentado un precedente legal dañino abriendo la vía para que periodistas puedan ser juzgados bajo la ley de espionaje si reciben material clasificado de filtradores. Esto no tendría que haber pasado nunca”, dijo en un comunicado Jodi Ginsberg, la consejera delegada del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York. 

El matiz del caso de Assange es que se trata de un acuerdo antes de que haya habido un juicio y en circunstancias peculiares en medio de un proceso de extradición. Esto ofrece una valoración mixta por parte de algunos expertos en la Primera Enmienda. 

“Un acuerdo con una declaración de culpabilidad ha evitado el peor escenario para la libertad de prensa, pero este acuerdo contempla los cincos años de prisión para Assange por actividades que los periodistas hacen cada día”, explicó Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. “Dejará una larga sombra sobre el tipo de periodismo más importante no sólo en este país, sino alrededor del mundo”.

Estas organizaciones llevan años movilizándose en defensa de Assange por el mismo motivo que ahora siembra dudas sobre el precedente para otros casos.

Si bien los medios con los que antes había colaborado criticaron a Assange por su desprecio a la protección de las fuentes y por su colaboración con el régimen de Vladímir Putin, en la batalla legal que lanzó la Administración Trump también se pusieron del lado del fundador de Wikileaks por el peligro para la libertad de información en general. Entre otras iniciativas, en noviembre de 2022, los directores y editores del Guardian, el New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País publicaron una carta abierta en su defensa.

Alan Rusbridger, que era el director del Guardian cuando el diario publicó parte de los telegramas diplomáticos filtrados por Assange, ahora también está preocupado por los detalles del acuerdo. “El precedente debe alarmar a los periodistas”, escribe en la revista Prospect que ahora dirige. La manera de tratar a Assange, según él, “además de las leyes draconianas en países como el Reino Unido y Australia, sin duda tendrá un efecto disuasorio para el reporterismo genuino y legítimo sobre asuntos de seguridad nacional”.

Los riesgos del caso estaban presentes en la decisión de la Administración Obama de no lanzar un proceso contra Assange por lo que se conocía como “el problema New York Times”, es decir el precedente para la publicación de información de medios que sí cumplan con los estándares periodísticos de proteger las fuentes y tomar precauciones para no poner en peligro a personas en países de riesgo. En 2013, responsables del Departamento de Justicia descartaron presentar cargos contra Assange porque llegaron a la conclusión de que sería imposible sin hacerlo también contra medios y periodistas, según publicó entonces el Washington Post. 

“El problema que el Departamento ha tenido siempre en su investigación de Julian Assange es que no hay ninguna manera de presentar cargos contra él por publicar información sin que la misma teoría se aplique a periodistas”, dijo entonces al Post un ex portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller. “Y si no vas a presentar cargos contra periodistas por publicar información clasificada, cosa que el Departamento no va a hacer, entonces no hay ninguna manera de hacerlo contra Assange”.  

Varios medios en Estados Unidos publicaron información parecida a la de Wikileaks antes y después de las publicaciones cuestionadas entre 2009 y 2011, y varios periódicos en ese país y en Europa también colaboraron con Assange. Por ejemplo, los abusos de prisioneros en Guantánamo, que Wikileaks publicó en parte por su cuenta y en parte con el New York Times en 2011, ya habían sido revelados, con otras fuentes y otros detalles, por la cadena de televisión CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker desde 2004. 

Entre la información más significativa, publicada con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales e investigaciones independientes sobre víctimas civiles, los informes permitieron confirmar los peores escenarios. 

El argumento de que no se podía presentar cargos contra Assange se mantuvo durante toda la Administración Obama. 

El Departamento de Justicia, en cambio, sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange. Según el escrito de acusación posterior contra Assange, el fundador de Wikileaks presionó y ayudó a Manning en el hackeo. Manning fue condenada a 35 años de prisión, pero salió de la cárcel en 2017, después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. 

La agencia de noticias pidió cuando ocurrieron los hechos el vídeo al Pentágono y lo vio poco después aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe del equipo de Reuters en Bagdad dijo después que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre qué pasó el día del ataque.