Desde 1946, y el retorno a la democracia tras la dictadura fascista, Italia ha tenido 68 gobiernos en 78 años, con una duración de algo más de 400 días de promedio. Hubo momentos en los que la caída del gobierno se daba tan a menudo que, en una legislatura de cinco años, era habitual que se sucedieran seis ejecutivos y que el presidente del Consejo de ministros cambiara tres o cuatro veces.

Meloni tomó posesión el 22 de octubre de 2022, así que lleva en el poder unos 600 días, de momento, el decimotercer gobierno más longevo de la historia. Quizá el parangón con Giulio Andreotti no fuera el más afortunado, ya que si bien el político democristiano se mantuvo casi toda la vida en los palacios del poder, los siete gobiernos que presidió duraron entre nueve días (el más corto de la historia republicana) y poco más de 600. En realidad, el récord del gobierno más longevo sigue siendo de Silvio Berlusconi, 1.412 días seguidos al frente del Ejecutivo. Sea como fuere, la alabanza de González a Meloni llega en un momento en el que el gobierno de la líder del ultraderechista Hermanos de Italia está empujando una reforma constitucional de gran calado que, precisamente en nombre de la “estabilidad”, introduce el llamado premierato, la elección directa del primer ministro, una forma de gobierno que no existe en ninguna parte del mundo y sólo se adoptó en Israel en 1992 para ser abrogada nueve años después.

La reforma pasó la semana pasada la primera de las cuatro votaciones que se necesitan para su aprobación, con dos votos en cada una de las dos ramas del Parlamento. El texto fue aprobado en el Senado por 109 votos a favor, 77 en contra y una abstención y ahora pasará a la Cámara de Diputados. Si llega a ser aprobada en vía definitiva, el jefe del Gobierno no recibiría el encargo del Presidente de la República sobre la base de posibles mayorías parlamentarias, sino que sería elegido directamente por los ciudadanos, por un mandato de cinco años, en unas elecciones que se celebrarían al mismo tiempo que las legislativas. Y está prevista la asignación de un premio de escaños, que garantiza una mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados. Aunque todo se remite a la aprobación sucesiva de la nueva ley electoral.

Meloni celebró inmediatamente el resultado, con un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: “Es un primer paso adelante para reforzar la democracia, dar estabilidad a nuestras Instituciones, poner fin a los juegos de palacio y devolver a los ciudadanos el derecho de elegir quién los gobernará”. Uno de los objetivos declarados es también acabar con la posibilidad de la elección de un tecnócrata al frente del Gobierno, como fue el caso de Mario Monti y Mario Draghi, ya que el primer ministro tendría un mandato popular. Pero para los detractores de la reforma –prácticamente todos los partidos de la oposición– es debilitar al Parlamento y reducir las prerrogativas del presidente de la República. “Italia dejará atrás la primacía del Parlamento para dársela al Gobierno”, dijo el líder de los senadores del Partido Demócrata, Francesco Boccia, denunciando lo que definió como la “bulimia de poder” de la coalición gubernamental.

Unos 200 constitucionalistas han firmado una declaración en contra de la reforma. “La creación de un sistema híbrido, ni parlamentario ni presidencial, nunca experimentado en otras democracias, introduciría contradicciones irremediables en nuestra Constitución. Una minoría incluso limitada, a través de un premio, podría hacerse con el control de todas nuestras instituciones, sin más contrapesos ni controles”, reza la declaración. Una de las formas es la de Roberta Calvano, profesora de derecho contitucional de la Universidad de Roma Unitelma Sapienza. “La principal falacia de las normas que pretenden introducir es que buscan la estabilidad, pero la estabilidad de la que carecen el sistema italiano, las instituciones y la relación gobierno-parlamento depende de la conflictividad en las coaliciones gobernantes, no de las normas constitucionales. La inestabilidad crónica del sistema institucional italiano es en gran medida el resultado de un sistema político muy fragmentado y pendenciero. Así que se busca la solución en las normas constitucionales cuando la inestabilidad está fuera y antes de las normas constitucionales. Tanto es así que en Italia siempre se producen crisis extraparlamentarias”, comenta Calvano.

Para la jurista está claro que la norma debilita tanto al Parlamento, es decir al legislativo en favor del ejecutivo, como el papel del presidente de la República. “Definitivamente, hay un debilitamiento del Parlamento. Porque se espera que las listas vinculadas con el candidato a primer ministro ganador obtengan un premio de mayoría. ¿Y qué implica esto? Que el premio de la mayoría en escaños se otorgue sobre la base no del voto a las Cámaras, sino del voto al primer ministro, es decir en función de otro órgano constitucional. Esto nos aleja de las democracias liberales, porque tendríamos un Parlamento que, en parte, no es elegido directamente. Así que los parlamentarios deberían su cargo al primer ministro y de esta manera habría ciertamente una subordinación del Parlamento al Gobierno, también porque el primer ministro -con la amenaza de disolver las Cámaras- puede mantenerlas más alineadas con la dirección que pretende implementar”, explica.

Calvano dice que la reforma tal y como está formulada puede suponer que cualquier figura popular que se presente a las elecciones tenga mayoría. Y lo explica con ejemplos: “Lo que podría ocurrir es que con un candidato muy popular, digamos Francesco Totti o el tenista Sinner, un personaje muy popular que se impusiera claramente a candidatos con los que el electorado seguramente simpatiza menos, se conseguiría para una lista menor vinculada a él el premio de escaños que le daría la mayoría absoluta. Ante esta objeción me dicen que cómo se puede hacer esta crítica si todavía no hay ley electoral. Pero la ley electoral no puede decir cualquier cosa, debe decir algo que consiga los objetivos escritos en el texto de la reforma. Así que la reforma, tal como es, dicta que esta ley electoral debe dar lugar a que la mayoría de los escaños se asignen a quien esté vinculado al candidato a primer ministro ganador”.

Según la experta, en línea con la opinión expresada en las últimas semanas por otros juristas, el problema de estabilidad del Gobierno podría perfectamente abordarse a través de una reforma de la ley electoral: “Con una buena ley electoral bien elaborada, así como una ley de partidos que busque fomentar una mayor participación y democracia interna, quizás institucionalizando, como por ejemplo pasa en Alemania, un sistema de elecciones primarias obligatorias para que los candidatos a las elecciones generales sean candidatos legitimados desde la base incluso antes de la votación, se podría garantizar una recuperación de la participación así como de la legitimidad de las instituciones políticas ante el electorado”. 

Ante una pregunta directa sobre si el sistema del premierato podría introducir un elemento de deriva autoritaria, Calvano contesta: “Argumentar en estos términos corre el riesgo de ser contraproducente, también porque si los constitucionalistas empezamos a hablar de un modelo autoritario, de un riesgo autoritario, se nos acusa inmediatamente de ser ideológicos. Así que yo pondría este argumento en último lugar. Luego, si se me pregunta, digo que sí, que hay centralización y verticalización [del poder] y está claro que ése es el objetivo... Ahí, la impresión es que se está llevando a cabo una operación de maquillaje para decir 'la Constitución es nuestra, nos la hemos apropiado, ahora la Constitución es la Constitución del pueblo, la Constitución de Giorgia. Como si antes la Constitución no fuera ya la Constitución de todos. ¿Por qué? Porque el pueblo decide directamente quién es el líder”.

Para Piero Ignazi, politólogo y catedrático de Política comparada de la Universidad de Bolonia, “hablar de una deriva autoritaria es una exageración, pero se trata de un régimen político que pone contrapesos y salvaguardias al margen. Porque en un sistema democrático existe, por una parte, el Parlamento y, por otra, el Presidente de la República, en un sistema representativo parlamentario. El premierato es un sistema que margina estos dos aspectos. De aquí a un régimen autoritario hay un trecho. Pero es cierto que cambia el régimen político y disminuyen así los contrapesos al gobierno. De esto no hay duda. Disminuye los contrapesos que suelen ser necesarios en una democracia parlamentaria, los llamados checks and balances, Y esto desequilibra ciertamente el sistema a favor del poder ejecutivo”.

Ignazi no duda de todas formas en tachar la reforma de “ridícula”. “Es un lío increíble, que no garantiza estabilidad porque siempre puede haber una moción de censura para derrocar al presidente del Gobierno. La estabilidad nunca está garantizada. Sólo lo está si hay una imposibilidad de impeachment o cosas por el estilo, una imposibilidad de hacer dimitir a una figura monocrática, como pasa por ejemplo con el Presidente de la República en Francia”, añade Ignazi antes de poner en duda el concepto mismo de “estabilidad” como supuesta virtud: “La historia de la estabilidad es una especie de disparate y es un discurso que yo también hago a nivel académico. Tenemos países que tienen muy buenos resultados legislativos como Holanda, que siempre ha tenido muy poca estabilidad gubernamental. O Dinamarca. La estabilidad es un mito, y sobre todo es un mito que estabilidad significa eficiencia. Estabilidad no es igual a eficacia, que en cambio depende de la capacidad de gobernar y de la cohesión de la coalición”. En Italia y en todos los lares.