El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó este martes que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como democrática”.

La organización destacó que ese ente electoral, que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que “constituye una grave violación de los principios electorales”.

Explicó que el proceso electoral “no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.

De acuerdo al Centro Carter, “se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación” y durante del proceso, las autoridades del CNE “mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.

Agregó que, la actualización del registro de electores “se realizó con numerosos inconvenientes”, como “plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas”.

El problema –prosigue la nota– “se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero”.

Además, aseguró, el registro de partidos y candidatos “tampoco se adecuó a estándares internacionales” y, en años recientes, las formaciones opositoras “han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas”.

La organización también recordó, “de manera aún más importante”, que la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición “se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.

El Centro Carter destacó que la campaña electoral se desarrolló “con un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor”.

Asimismo, observó “el abuso de recursos públicos”, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales.

La candidatura oficialista, explicó, “tuvo preponderancia” en la televisión y la radio en publicidad, transmisión de eventos e información y las autoridades “intentaron restringir” las campañas opositoras, “incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios” a políticos antichavistas “para generar un efecto disuasivo”.

A pesar de todo, dice la nota, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias y la jornada de votación “transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales” y a “testigos de partidos”.

La organización también criticó la “presión sobre el electorado” con “puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes”.