Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, es cualquier cosa menos un lugar tranquilo. En sus apenas 5.600 kilómetros cuadrados malviven más de tres millones de personas, teóricamente bajo el gobierno de la Autoridad Palestina, aunque en la práctica es Israel quien determina lo que allí ocurre tanto en el plano social como en el político, económico y de seguridad.

Actualmente, aunque la atención mediática está centrada en la Franja de Gaza, es evidente que la violencia también afecta a Cisjordania, de tal modo que, si en 2022 el número de palestinos muertos violentamente en su suelo rondó los 150, en los nueve primeros meses del pasado año la cifra ya superaba los 200, y desde el 7 de octubre pasado la violencia israelí en la zona no ha hecho más que aumentar, superando esta semana los 660 asesinados (128 en las tres primeras semanas de agosto).

A esto se suma ahora el anuncio israelí de la operación militar Campos de Verano. El área de acción se extiende, de momento, a la zona norte de Cisjordania, especialmente en las localidades de Yenín, Tulkarem y Tubas, campos de refugiados incluidos. Según sostienen las propias fuentes israelíes, es la operación de mayor entidad por el volumen de efectivos implicados desde Escudo Defensivo de 2002 y cuenta con la participación de tropas terrestres (dos brigadas), con apoyo aéreo y de helicópteros y con un empleo masivo de drones.

Su objetivo, según Tel Aviv, es eliminar a los grupos armados que se han ido constituyendo en la zona durante los últimos tres años. En realidad, no es preciso profundizar mucho para entender que la citada operación es un paso más en un plan que busca eliminar la idea misma de un Estado palestino soberano o, visto desde el otro lado, que pretende la anexión completa por parte de Israel de todo el territorio que hay entre el río Jordán y el Mediterráneo.

Para ello los Gobiernos dirigidos hasta ahora por Benjamín Netanyahu se han ido ocupando de ningunear hasta el extremo a la Autoridad Palestina (desprestigiada también a los ojos de los palestinos por sus propios errores y debilidades), de ampliar los asentamientos en los que habitan en torno a 700.000 colonos (incluidos los de Jerusalén Este) y de humillar diariamente a sus habitantes, violando impunemente sus derechos más básicos e impidiendo su desarrollo. Todo ello, con el generalizado beneplácito internacional.

La represión israelí es estructural. A partir de esa trágica realidad, la conformación del actual Gobierno –especialmente con la presencia de personajes como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich– ha propiciado la aceleración de un proceso que apenas deja duda alguna sobre su pretensión última: el vaciamiento de población palestina de Gaza y Cisjordania para conformar definitivamente el Estado judío de Israel en la totalidad de los 22.000 kilómetros cuadrados de la Palestina histórica.

En esa línea, se entiende tanto la intensificación de las acciones violentas de los colonos inspirados por su propio Gobierno –resulta grotesco que a cuentagotas algunos gobiernos occidentales empiecen a aprobar (inútiles) sanciones contra algunos de ellos, sin querer ir más allá–, como de las fuerzas armadas de Israel.

Campos de Verano –más allá de una denominación que resulta, como mínimo, sarcástica– no es una operación militar aislada. Por el contrario, completa un escenario en el que hay que incluir declaraciones como las del ministro de Exteriores, Israel Katz, expresando abiertamente su deseo de que las acciones sobre el terreno sean como las que el Ejército israelí está desarrollando actualmente en Gaza, es decir, con los mismos o similares crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional. Incluidas las “evacuaciones temporales” de la población civil, es decir, ampliando el mismo marco conceptual de limpieza étnica que inspira lo que ya hace Israel en la Franja.

En esa misma línea hay que entender la medida adoptada en mayo pasado por el gabinete ministerial israelí, bajo la presión directa de Smotrich, de traspasar la responsabilidad de la gestión del Área B de Cisjordania (establecida en los fallidos Acuerdos de Oslo y que comprende en torno a un 25% de su extensión total) a la administración civil, desplazando a la administración militar, encargada desde hace décadas de gestionar lo que hasta ahora se consideraba, por tanto, un territorio ocupado.

La medida supone en la práctica una anexión de facto, sumada a la que ya existe en el Área C (un 63% de Cisjordania, bajo control absoluto de Tel Aviv). De ahí se deduce que la Autoridad Palestina tan sólo conserva unas mínimas competencias en el restante 12% del territorio, que abarca las ciudades de Belén, Hebrón (parcialmente), Jericó, Nablus, Qalqilya, Ramala, Tulkarem y Yenín, en el que las fuerzas israelíes vienen penetrando a su antojo desde hace años.

Indicios, todos ellos, que dejan claro el creciente poder del tándem Ben Gvir-Smotrich dentro de un Ejecutivo tan extremista como el actual y que les abre, por tanto, más opciones para seguir ampliando los asentamientos y masacrando a los palestinos. Aunque finalmente no logren materializar su delirante sueño, disponen de medios y de voluntad suficiente, así como de margen político internacional, para seguir haciendo sufrir a muchos durante mucho tiempo.