Cuando está a punto de cumplir 100 días en el poder, el Gobierno laborista de Keir Starmer ya afronta la decepción ciudadana entre peleas internas, dificultades para cuadrar las cuentas con el agujero heredado de 14 años de ejecutivos conservadores, polémicas sobre los regalos que aceptó el primer ministro y dificultades para reconstruir los servicios públicos e infraestructuras básicas del país.

Sue Gray anunció este domingo su dimisión como jefa de gabinete de Starmer después de semanas de quejas contra ella por su estilo de liderazgo. Gray, funcionaria independiente durante años y autora del informe sobre las celebraciones en la pandemia de Boris Johnson y su equipo, fue fichada por el Partido Laborista antes de las elecciones, ya con polémica por su anterior función y su papel en la investigación que llevó a Johnson a la dimisión.

Gray había sido una de las artífices de los preparativos de la transición para los laboristas después de más de una década fuera del Gobierno. Una de sus obras fue la llamada “lista de Sue de la mierda” con las emergencias más inmediatas que tendría que afrontar el nuevo Gobierno, como el hacinamiento en las cárceles o la posible quiebra de empresas privadas de agua y ferrocarriles. 

Hay pocos detalles sobre cuál era el problema con Gray más allá de comentarios a menudo sin atribución pública sobre su supuesta tendencia a “no delegar” y “limitar el acceso” a Starmer para tener “más poder”. Los comentarios sobre Gray coinciden con el patrón de las críticas habituales para mujeres en puestos poderosos. Otros miembros del entorno de Starmer sin identificar subrayaban su falta de “experiencia política” por venir de fuera del partido. También molestó que Gray insistiera en mantener un sueldo por encima del de Starmer en línea con lo que han cobrado en el pasado otros jefes de gabinete. 

En un comunicado este domingo, Gray subrayó “el riesgo” de que “los comentarios intensos” sobre su trabajo se convirtieran “en una distracción para la vital misión de cambio del Gobierno”. “En toda mi carrera, mi interés prioritario siempre ha sido el servicio público”, dijo Gray, que asumirá un nuevo papel como “enviada” para las relaciones en particular con Escocia e Irlanda del Norte, donde ya tiene experiencia. 

La sustituye en el puesto Morgan McSweeney, que ya fue jefe de gabinete de Starmer cuando el actual primer ministro estaba en la oposición, empezó a trabajar para el Partido Laborista con 20 años y hasta ahora era el líder de estrategia política de Downing Street. 

Más allá de las disputas internas, la principal crisis auto-infligida para el Gobierno laborista es la de los regalos aceptados por Starmer y varios ministros en forma de invitaciones a partidos de fútbol, conciertos, ropa y alojamientos de vacaciones.

Los regalos para los miembros del Parlamento británico son legales mientras los declaren en el siguiente mes de recibirlos. Pero en el caso de Starmer lo llamativo es el valor de los regalos: hasta 120.000 euros durante sus cuatro años como líder del Partido Laborista, la mayoría por entradas en lugares reservados y con seguridad para ver a su equipo de fútbol, el Arsenal. Starmer aceptó una cuarentena de entradas y otros regalos, como gafas y un alojamiento de lujo para que su hijo estudiara para sus exámenes durante la campaña. El mayor donante, el empresario y miembro de la Cámara de los Lores Waheed Alli, pagó hasta 14.000 euros en ropa también para la esposa de Starmer y le dejó una casa que habría costado más de 23.000 euros. La Cámara de los Lores ha empezado una investigación para determinar si Alli cumplió con los requisitos de transparencia en sus donaciones.

Starmer asegura no haber hecho nada fuera de las reglas, pero anunció que ni él ni nadie de su gabinete aceptarán a partir de ahora donaciones para pagar ropa. Hace unos días, también anunció que reembolsará unos 7.000 euros por regalos recibidos desde que fue elegido primer ministro y que esto también incluye el dinero de las entradas del concierto de Taylor Swift en Londres al que acudió con su familia justo antes de las elecciones. 

Lo más problemático para el Gobierno laborista es en todo caso mejorar la sanidad y otros servicios públicos en un país empobrecido por la crisis financiera, los recortes de gasto de 14 años de gobiernos del Partido Conservador y las consecuencias del Brexit, que Starmer intenta aliviar en negociaciones recién abiertas con la Comisión Europea.

Nada más llegar al poder, la nueva ministra de Economía, Rachel Reeves, anunció que se había encontrado con un agujero financiero no esperado de 22.000 millones de libras (más de 26.000 millones de euros) y que será más difícil cuadrar las cuentas de lo esperado mientras el Gobierno insiste en su idea general de aumentar el gasto público, pero no subir los impuestos a la mayoría de ciudadanos. 

Desde su victoria el 4 de julio, el Gobierno laborista ha tomado medidas para impulsar la creación de nuevas ciudades y construir más viviendas en las que están en desarrollo, invertir en energías renovables a través de una nueva empresa pública, nacionalizar las empresas de trenes en quiebra o apaciguar las disputas salariales con los sindicatos de los servicios públicos. Pero muchas de esas medidas tardarán años en dar frutos. 

El Gobierno repite que aumentará el gasto público durante su mandato, pero de momento una de sus primeras medidas ha sido recortar el subsidio de unos 220 ó 350 euros al año para pagar la factura de la electricidad que recibían los pensionistas pasará a ser sólo para los más pobres. La ayuda podrán solicitarla así ahora un millón y medio de personas en lugar de más de 11 millones. 

Nada más ganar las elecciones, Starmer prometió “reconstruir” el país, pero el nivel de daños es profundo por las carencias que afectan a infraestructuras, servicios básicos, mano de obra, capacidad de crecimiento y relación con los vecinos y antiguos socios europeos. 

Una de las promesas de campaña laborista fue arreglar al año un millón de baches, uno de los males endémicos de las calles y carreteras del Reino Unido. El deterioro va a peor y la Asociación de Automovilistas denunció este lunes que los accidentes por baches sin arreglar siguen el aumento, con más de 50.200 accidentes registrados el mes pasado debido a los desperfectos de las carreteras, es decir un 2% más que en el mismo periodo del año y el peor dato desde que en 2017 la organización empezó a medir los incidentes por baches.

Mark Morrell, ingeniero jubilado y activista que lleva más de una década dedicado a hacer campañas para la mejoría de las calles, explicaba a elDiario.es este verano que, según su estimación, hay al menos 11 millones de baches en las vías del Reino Unido. 

“Si este nuevo Gobierno no hace nada, dentro de 15 años, el 53% de las carreteras y calles del Reino Unido estarán estructuralmente en mal estado”, decía Morrell, apodado Mr. Poothole (el señor Bache).

Sólo el 23% de la población aprueba la gestión del Gobierno hasta ahora, según la última encuesta de YouGov, que también señala que la impopularidad se debe en parte a la desconfianza en general de las instituciones y de los políticos en general afianzada entre la población. 

Algunas políticas de Starmer tienen el apoyo de la mayoría de los votantes, en particular la decisión de volver a permitir la construcción de molinos de viento en tierra -el Gobierno conservador había impuesto una prohibición para que sólo pudieran ser instalados en el mar- y la suspensión de contratos de ventas de armas a Israel. Las medidas más impopulares han sido el recorte de ayuda a los pensionistas para pagar la factura eléctrica y la liberación de presos antes de tiempo por el hacinamiento de las cárceles.