Ese día, Manuel estaba junto a su padre cuando llegaron los agentes a pedir la documentación de todas las embarcaciones. Aunque todo estaba en regla, los agentes le pidieron que les llevara al puerto, subiendo también a su sobrino. Mientras se tomaban fotos y vídeos en su lancha, les informaron que quedarían detenidos bajo el régimen de excepción, prometiendo solo 15 días en la cárcel.

Esos 15 días se convirtieron en 11 meses en los que fue trasladado de penal en penal intentando probar su inocencia. A pesar de contar con una carta de libertad, problemas administrativos prolongaron su detención.

El régimen de excepción declarado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha permitido el encarcelamiento de alrededor de 107,927 personas sin juicio, privándoles de derechos y, en muchos casos, sin pruebas claras de su asociación con pandillas. Sin embargo, el presidente presume de los datos: “El país se curó de las pandillas”, llegó a decir al jurar para un segundo mandato. Sin embargo, los expertos advierten que la falta de transparencia oculta otra realidad sobre las consecuencias de la política del presidente contra las pandillas.

Bukele basa el éxito de su política en el descenso de homicidios. No obstante, Edwin Segura, jefe de datos en La Prensa Gráfica, señala que ya hubo una reducción de más del 50% en los homicidios antes de que Bukele asumiera el poder en 2019.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en 2015 hubo 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2019 fueron 38, y en 2021, un año antes de la declaración del régimen de excepción, ya estaban en 18.1. Así, antes del régimen, ya había una reducción del 82% en homicidios. También, desde 2019 hasta 2021, los reclusos se redujeron de 38,114 a 36,663.

Muchos de los detenidos durante el régimen de excepción han sido juzgados en procesos masivos y colectivos cuestionados por los relatores especiales de la ONU por su falta de garantías. Manuel fue sometido a uno de estos procesos y denuncia que los cargos contra él cambiaron tres veces debido a la falta de pruebas.

Desde Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, como directora, ha denunciado estos juicios masivos a través de las redes sociales y declaraciones formales. La experta, cuya organización tiene experiencia en la defensa de estos acusados, ha destacado que pueden llegar a figurar desde 500 hasta 1,500 acusados.

Bukele ha encarcelado a miles de inocentes como Manuel, tanto por confundirlos con pandilleros como por retar al régimen, explica Escobar. En el caso de Manuel, el lanchero quedó en libertad no por el juicio, sino que, tras verificar su documentación, le comunicaron que se había producido un error.

Actualmente, el Decreto 803 del Código Penal de la Asamblea Legislativa le otorga facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) a agrupar a los acusados pertenecientes a una misma estructura criminal en un solo proceso penal. Más aún, establece un plazo de 24 meses para iniciar los procedimientos judiciales de las personas detenidas por el régimen. 

“A pesar de las denuncias por parte de los mismos jueces, aunque el decreto no lo mencione textualmente, la práctica de este se traduce a la suspensión de las investigaciones de casos judiciales de las personas víctimas del régimen mientras la Fiscalía organiza los acusados por territorios y estructuras a procesar”, dice Escobar.

Más aún, todos los datos oficiales están en reserva por siete años a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Con el Artículo 19 de esta legislación como base, justifican la falta de transparencia. Este protege a todos los datos “que perjudiquen o pongan en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública” o que “menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”. Por este motivo, las únicas estadísticas disponibles se hacen públicas desde las redes sociales oficiales del presidente salvadoreño.

Leslie Schuld, presidenta de la Asociación Centro de Intercambio y Solidaridad, sostiene que el presidente ha creado una paz mediática, no real, y explica que en barrios pobres sin criminalidad, la Policía Nacional Civil (PNC) está vaciando las comunidades, mientras muchos pandilleros siguen en las calles. Schuld cree además que el régimen de excepción está fragmentando aún más la sociedad, lo que provocará una reestructuración de los grupos criminales en lugar de su eliminación.

La Administración de Bukele justificó la implementación del régimen de excepción con los asesinatos de 62 personas en 24 horas, y más de 80 en solo tres días. Se ordenaron arrestos masivos y se implementó un severo régimen de excepción que ha sido muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, cuenta que hay un archivo de pandilleros desde finales de 1900 que ha facilitado el proceso. Sin embargo, la Policía se vio obligada a ignorar este listado al imponerles cuotas diarias de detenidos, lo que produjo capturas arbitrarias y detenciones injustas, denuncia Reyes.

Por su parte, José Cruz, investigador en temas de seguridad, violencia y pandillas, explica que los asesinatos no son el delito principal de las pandillas, sino una consecuencia de la falta de acuerdos con los gobiernos. Cruz añade que en El Salvador hay una costumbre de líderes políticos pactando con pandillas, una tradición que Bukele ha continuado.

Pactos con las pandillas

Cruz también menciona que, a pesar de lo que Bukele presenta públicamente, su éxito está relacionado con negociaciones con pandillas a la vez que la represión en las calles. Según el periódico El Faro, el inicio del régimen de excepción fue el final del pacto con las pandillas, aunque algunas fuentes sugieren que el pacto sigue en pie.

Por su parte, Manuel denuncia que durante su encierro observó un trato preferencial hacia algunos pandilleros: mejores celdas, un gimnasio, más comida y visitas. “La cárcel es un sistema corrupto que protege a los pandilleros ofreciéndoles una mejor calidad de vida, mientras los pobres vivimos bajo agobio”, dice Manuel, señalando que los pandilleros disfrutan de ciertas libertades permitidas por las autoridades.

Zaira Navas, abogada jefa de la ONG por los derechos humanos Cristosal, sostiene que la efectividad de una política de seguridad no puede ser tan inmediata como ha ocurrido en El Salvador, lo que indica la existencia de un pacto con las pandillas. Reyes dice que antes de implementar el régimen, líderes de la MS-13 entregaron armas, vehículos y droga, facilitando sus capturas. Sin embargo, los recursos no han sido incautados, dejando dudas sobre su paradero, explica.

En cuanto a Barrio 18, Reyes cuenta que el Gobierno ordenó no capturar a sus miembros durante la etapa inicial del régimen de excepción, permitiendo que los líderes huyeran, en su mayoría a Honduras. De hecho, el pasado 26 de septiembre se registró la entrega de dos de estos líderes, Alexis Asael Climaco Zelaya, alias “El Pijudo” o “Cuervo”, y Luis Antonio Aguirre González, conocido también como “Ángel Negro” o “Culicha”, a la justicia salvadoreña por parte de las autoridades hondureñas.

Escobar cree que la confirmación oficial de esta tregua se evidenciará cuando los líderes de la MS-13 se enfrenten a los tribunales de Nueva York, luego de ser capturados por el FBI y añade que, al contrario de lo expuesto en muchos medios de comunicación, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido e inaugurado por el Gobierno de Bukele como la cárcel más grande de América, tiene solo a 14,000 presos, todos pandilleros encarcelados antes del régimen.

Mientras tanto, víctimas reales del régimen de excepción están en el centro penal La Esperanza (conocido como Mariona) y de Izalco, donde estuvo Manuel, quien afirma que son más los civiles que los pandilleros encarcelados. “Es propaganda y una campaña mediática muy bien hecha”, sostiene Escobar elogiando el equipo de comunicación de Bukele.

Juan Martínez, experto en pandillas y antropólogo, opina que el régimen de excepción convierte al Gobierno salvadoreño en una mafia de Estado que reemplaza a las maras. “Se crea un grupo de crimen organizado más eficiente y poderoso que las maras, pues controla el Estado, el ejército y la Policía”, ha explicado. 

“El Gobierno sustenta sus políticas con la información que le conviene”, dice Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, señalando la falta de transparencia y acceso a datos públicos. En ese sentido, Escobar cree que como parte de un pacto con las pandillas, muchos asesinatos no se hacen públicos ni los cadáveres se dejan en las calles; en su lugar, son enterrados en fosas clandestinas, de las que se descubrieron medio centenar entre 2019 y 2022.

“El impacto del régimen de excepción en la reducción de la criminalidad es psicológico, una sensación de seguridad que no es permanente ni real”, concluye Escobar.