La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) fue creada en 1949 para asistir a los palestinos expulsados de sus lugares de origen tras la fundación del Estado de Israel en 1948.

Su labor es esencialmente humanitaria: ofrecer comida, cobijo, educación y sanidad a los palestinos que tienen menos recursos y que, en la actualidad, siguen viviendo en campos de refugiados en Palestina o en otros lugares. En la Franja de Gaza –donde la mayoría de los más de dos millones de habitantes son desplazados de localidades que pasaron a estar en Israel–, la UNRWA desempeñaba una labor fundamental desde mucho antes de la guerra.

Actualmente, después de más de un año de ofensiva israelí contra Gaza que ha causado una profunda crisis humanitaria, casi la totalidad de la población depende de la ayuda de la UNRWA para satisfacer sus necesidades básicas y cientos de miles de personas que han perdido sus hogares por los bombardeos se han refugiado en las instalaciones de la agencia.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha advertido en una carta dirigida a la Asamblea General de la ONU que la legislación aprobada por Israel puede causar “el colapso de las operaciones de la UNRWA en Cisjordania (incluido Jerusalén Este) y Gaza, y socavar gravemente toda la operación humanitaria de Naciones Unidas en Gaza, que depende de la plataforma de la UNRWA”.

Lazzarini ha agregado en esa misiva que “en ausencia de una alternativa viable a la agencia, las medidas [adoptadas por Israel] agravarán el sufrimiento de los palestinos”.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha asegurado que, en los 90 días de plazo para aplicar las nuevas leyes, buscará la forma de canalizar la ayuda humanitaria y que seguirá facilitándola a los gazatíes “de una forma que no amenace la seguridad de Israel”.

El pasado enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a los gazatíes, pero diez meses después la cantidad de ayuda que entra a la Franja es insuficiente, tal y como denuncian todas las organizaciones humanitarias. Incluso el principal aliado de Israel, Estados Unidos, pidió recientemente al Gobierno israelí que permita la entrada de más ayuda y por más pasos fronterizos desde su territorio.

Desde que la Knéset (Parlamento israelí) aprobó el lunes las dos leyes contra la UNRWA, muchos países en todo el mundo han condenado la nueva legislación y han advertido de sus consecuencias, incluidos algunos de los más fieles aliados y defensores de Israel, como Alemania o Reino Unido. De momento, nadie ha planteado tomar acciones para que Israel no aplique las leyes.

Una de las leyes prohíbe todas las actividades de la UNRWA en suelo israelí (incluida la parte oriental de Jerusalén, anexionada por Israel) y está previsto que entre en vigor en tres meses. La otra ley deja al personal de la agencia sin inmunidad e impide a los funcionarios e instituciones israelíes tener cualquier contacto con la UNRWA.

Ambas imposibilitan la coordinación de la agencia con Israel, que es imprescindible para operar en los territorios palestinos ocupados, ya que están bajo el control de las autoridades israelíes. Sin ir más lejos, los accesos a Cisjordania y Gaza están controlados por Israel, por lo que cualquier convoy o trabajador humanitario tiene que tener su permiso para entrar y trabajar en las dos áreas.

El organismo encargado de la gestión de la ayuda humanitaria en Gaza ahora mismo y, en general, de la comunicación con las agencias de la ONU y las ONG es la COGAT (siglas de Coordinación de las Actividades del Gobierno en los Territorios).

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que llevará este asunto a la Asamblea General del organismo y que la mantendrá informada sobre los desarrollos, recordando además que “la legislación nacional no puede alterar las obligaciones” de Israel “bajo la carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario”.

El Ministerio de Exteriores israelí ha señalado a otras agencias de la ONU y organizaciones internacionales para seguir proporcionando la ayuda a los palestinos, como el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). Sin embargo, esas mismas agencias han dicho que no tienen la capacidad de sustituir a la UNRWA. El propio secretario general de la ONU ha afirmado que “no hay una alternativa a la UNRWA”.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha asegurado que “la ausencia de la UNRWA del territorio palestino ocupado, especialmente Gaza, será catastrófica”. Su directora general, Amy Pope, dijo en una rueda de prensa en Ginebra que la UNRWA ha sido “la columna vertebral de la infraestructura en sitios como Gaza” y que “no hay ninguna forma en la que la OIM puede hacer lo que la UNRWA ha hecho”.

Desde UNICEF, su portavoz, James Elder, también alertó de que si la UNRWA no puede operar, “es probable que veamos el colapso del sistema humanitario en Gaza”. Elder explicó que su organización distribuye la ayuda en Gaza con el apoyo de la UNRWA y que, sin ese apoyo, no podrá llevar vacunas, suplementos nutricionales, kits de higiene o ropa de invierno a los niños y niñas que lo necesitan.

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jašarević, admitió que ninguna agencia puede equipararse a la UNRWA a la hora de prestar asistencia médica, ya que la UNRWA tiene unos 3.000 trabajadores sanitarios en Gaza –de un total de 13.000 empleados en la Franja–.

Incluso antes de la guerra en Gaza, Israel no veía con buenos ojos a la UNRWA, una agencia que representa a los refugiados palestinos y su derecho al retorno, reconocido por las resoluciones de la ONU. Lazzarini ha dejado claro que la medida de Israel “no pone fin al estatus de refugiados de los palestinos, que existe de forma independiente a la prestación de servicios de la UNRWA, pero daña gravemente sus vidas y su futuro”.

Lazzarini también ha denunciado que “la legislación llega después de un año de flagrante desprecio por las vidas del personal de la UNRWA, sus instalaciones y operaciones humanitarias en Gaza, y después de intensas campañas diplomáticas por parte del Gobierno de Israel dirigidas a los donantes de la UNRWA con desinformación para socavar la financiación”.

A principios de este año, más de 15 países suspendieron la financiación a la UNRWA, después de que Israel acusara a 12 trabajadores de la agencia de participar en los atentados de Hamás del 7 de octubre (en los que murieron más de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas). En agosto, la ONU concluyó que solo nueve de esos trabajadores podían tener vínculos con el grupo islamista, mientras que una investigación independiente encargada por Naciones Unidas indicó que Israel no había proporcionado pruebas que demostraran la participación del personal de la UNRWA en los ataques de Hamás.

El Gobierno israelí no ha dejado de vincular a la UNRWA con las actividades militares del grupo palestino, acusando a sus empleados de ser milicianos de Hamás y a Hamás de emplear las instalaciones de la agencia para esconderse, almacenar armas o lanzar ataques. De hecho, uno de los proyectos de ley presentado en un primer momento por diputados de la Knéset buscaba la designación de la UNRWA como una organización terrorista, pero finalmente fue descartado.