El régimen de Bashar Al Asad colapsó entre el 7 y el 8 de diciembre de 2024. En los días previos, la mayoría de sus fuerzas de seguridad y armadas dejaron de luchar, abandonaron sus puestos y sus armas, y no ofrecieron resistencia ante el avance de los grupos opositores armados que acabaron tomando el poder.

Casi dos meses después, las nuevas autoridades, encabezadas por la formación islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y su líder Ahmad Al Sharaa, han ordenado que se disuelva el Ejército y todos los cuerpos de seguridad afiliados al régimen. Mientras, decenas de miles de exmiembros del régimen derrocado han entregado sus armas en las pasadas semanas y buscan integrarse en la nueva Siria, recuperar sus puestos de trabajo o, al menos, no ser perseguidos. Integrarlos en las nuevas instituciones de seguridad que las autoridades de Damasco han anunciado que crearán parece una misión casi imposible.

“No creo que puedan ser integrados, quizás solo los individuos especializados, siempre y cuando no hayan cometido crímenes contra el pueblo sirio”, dice Muhsen Al Mustafa, analista del Centro Omran para Estudios Estratégicos sobre Siria (que durante la guerra civil fue establecido en Turquía). Sin embargo, señala que es difícil saber quién no tiene las manos manchadas de sangre porque en cada cuartel militar y en cada sede de las fuerzas de seguridad del régimen se cometían abusos y atrocidades. “Incluso los que trabajaban en las oficinas, recopilaban información para arrestar a los opositores, los activistas, los periodistas”, destaca.

Las nuevas autoridades han hecho una amnistía general para los que estaban obligados a hacer el servicio militar, pero incluso entre ellos hay criminales, porque fueron testigos o participaron en los crímenes“ del régimen derrocado, remacha el experto en las relaciones entre los ámbitos civil y militar en Siria.

En los llamados centros de regularización abiertos por el Gobierno interino sirio, la mayoría de los hombres que acuden a arreglar su situación administrativa son reclutas que servían en el Ejército o en otros cuerpos de seguridad del régimen porque estaban obligados a hacerlo. Los que no querían hacer el servicio militar tenían que elegir entre pagar miles de dólares –una cifra impensable para la mayor parte de sirios– o abandonar el país. Son muchos los que huyeron de Siria para no tener que servir en unas fuerzas que estaban asediando, bombardeando y masacrando a su propio pueblo, y que no pudieron regresar durante los casi 14 años de guerra civil para no ser reclutados por la fuerza o castigados.  

En el centro de regularización del barrio de Mezze (donde se concentraban las instituciones y cuarteles del régimen), decenas de hombres hacían cola a mediados de enero para entregar sus armas y obtener un nuevo documento de identidad, y dejar así de estar vinculados al régimen de Al Asad. Es el primer paso para “limpiar” su historial y, quizás, tener un futuro en la nueva Siria. 

Milicianos afiliados a HTS se encargan de gestionar el centro y llevar a cabo el proceso burocrático. Primero, les asignan un número a los hombres que llegan cada mañana y les sacan una foto, de frente y de perfil; luego, les hacen un breve interrogatorio para saber qué hacían dentro de la maquinaria de guerra del régimen y dónde estaban cuando este colapsó el pasado diciembre. Para los rebeldes que ahora gobiernan es importante saber si no ofrecieron resistencia o si lucharon por Al Asad hasta el último momento.

Mohamed Rayab contó a elDiario.es que decidió quedarse en casa unos diez días antes de la caída del régimen porque presentía que algo iba a ocurrir, aunque recibía “mensajes de tranquilidad” de sus superiores. El hombre de 31 años, padre de dos hijos, trabajaba en la temida Seguridad del Estado, en la capital. No quiso hacer el servicio militar obligatorio, pero, para evitarlo, tendría que haber pagado mucho dinero, así que se ofreció voluntario para servir en ese cuerpo de seguridad. 

“A los de la capital nos enviaban al frente, por eso no quise ir al Ejército, para poder quedarme en Damasco con mi familia”, relató Rayab después de que le sacaran la foto de frente y de perfil, junto al número que le asignaron para su proceso de regularización. Lamentó que el sueldo que recibía en la Seguridad del Estado solo le bastaba para pagar el alquiler y tenía que tener otro trabajo. El joven de aspecto inofensivo es pizzero y aseguró que ahora solo quiere dedicarse a este oficio, no desea recuperar su puesto.

El encargado del centro de regularización de Mezze, que se identificó como Abu Abdulrahman. Explicó a este periódico que, un mes después de haber abierto sus puertas, un millar de personas seguían acudiendo cada día para entregar las armas y normalizar su situación administrativa de cara al nuevo Gobierno. “El objetivo es crear un ambiente de seguridad en la sociedad y que se reintegren, porque había mucha tensión entre ellos y la gente”, señaló el oficial del nuevo Ministerio de Interior.

Detalló que los que se someten al proceso de regularización son miembros del Ejército, la Policía, los llamados 'comités populares' y otras fuerzas paramilitares o milicias que fueron armadas por el régimen durante el conflicto en Siria. “Existe un indulto general para todos ellos, para los que entregan las armas y regularizan su situación; pero a los que no vienen de forma voluntaria los vamos a perseguir”, aseguró Abu Abdulrahman. 

Las nuevas autoridades cuentan con un inventario aproximado de las armas que estaban en manos de los miembros del régimen, desde pistolas de pequeño calibre hasta granadas y lanzagranadas. Según el encargado del centro de Mezze, cada día de mediados de enero se estaban entregando entre 100 y 150 armas solo en este lugar de la capital siria, donde hay otros centros de regularización. En varias provincias del país se han abierto numerosos centros, al mismo tiempo que se han efectuado campañas de arrestos contra los que no han acudido y no han entregado sus armas en las primeras semanas tras la caída del régimen. 

Nidal Qasem es uno de los que acudió a entregar su pistola, más de un mes después de la caída del régimen. “He venido ahora porque siempre hay mucha gente, lo he intentado varias veces”, se justificaba. Qasem sirvió varios años en las filas de las fuerzas de seguridad del régimen. Es originario de la localidad de Zabadani, uno de los bastiones de la oposición, ubicada al noroeste de Damasco. Su hermano desapareció, como tantos otros durante la guerra civil en Siria. 

“Elegí servir en la Policía para no hacer el servicio militar, porque tenía que mantener a mi familia”, relató. El hombre de 32 años estaba tenso al hablar de su experiencia y de su pasado, temeroso de sufrir represalias o un trato poco agradable. “Me gustaría volver a mi cargo en la Policía, donde estuve desde 2016”, admitió. De momento, las autoridades le han entregado un carnet de identidad temporal y un comprobante de que entregó su pistola, para que no tenga problemas ni se le reclama esa arma más adelante. El carnet será válido hasta que se forme un nuevo ejecutivo, algo que está previsto que ocurra en el mes de marzo, tal y como explicó Abu Abdulrahman.

Aparte de los que servían en el Ejército u otros cuerpos de forma obligatoria o como forma de sustento, se calcula que eran cientos de miles los uniformados con los que contaba el régimen. El analista del Centro Omran para Estudios Estratégicos afirma que no se conoce ese número con exactitud, pero que 115.000 eran reservistas, por lo que en total eran más de 300.000. Al Mustafa ha publicado en la web Syria in Transition los datos que se conocían a mediados de 2024 sobre la composición sectaria de las fuerzas armadas y de seguridad.

Los alauíes –secta del islam a la que pertenece la familia Al Asad– ocupaban el 88,5% de los 40 puestos más altos del Ejército sirio y los oficiales procedentes de provincias con destacada presencia alauí representaban el 84% del total. En las agencias de seguridad, que desempeñaban un papel muy destacado dentro del régimen, los alauíes ocupaban el 65% de los puestos de mando, frente al 23% de los suníes (que son la mayoría de la población en Siria). La integración de los uniformados alauíes, sobre todo de los altos cargos, en la nueva Siria es la más complicada y problemática porque al papel que desempeñaron durante la guerra se añade el elemento sectario.

El experto sirio asegura que la persecución de los exmiembros del régimen se basa en su implicación en los crímenes que se cometieron durante la guerra, no en su pertenencia sectaria o religiosa. “Las nuevas autoridades no van en contra de los alauíes, pero estos se sienten perseguidos porque representaban la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad”, dice Al Mustafa. Agrega que cualquier persona que quiera denunciar a un uniformado o a un paramilitar por supuestos crímenes que haya cometido tiene que presentar pruebas ante las nuevas autoridades.

Respecto a los altos mandos del régimen, se cree que la mayor parte huyeron de Siria cuando colapsó el régimen. Al Mustafa no descarta que algunos se marcharan a Rusia, al igual que Al Asad y su familia, pero señala que la mayoría están en Libia, Irak y Líbano, según la información de la que dispone el analista. El 8 de diciembre, algunos cruzaron las fronteras de Siria con Irak y Líbano. Unas dos semanas después, el Gobierno iraquí devolvió a Siria a casi 2.000 soldados y oficiales que habían escapado por miedo a represalias, pero les confiscó sus armas y pidió a las nuevas autoridades que los acogieran, y los trataran con benevolencia. De momento, parece poco probable que encuentren una base en los países vecinos para reorganizarse y lanzar una contraofensiva más adelante.