Harvard ha pasado de la resistencia a la acción este lunes en una demanda judicial contra la administración de Donald Trump por la congelación de subvenciones y otras amenazas que en los últimos días ha lanzado contra la universidad.

La universidad más rica y más antigua de Estados Unidos acusa al Gobierno federal de liderar un amplio ataque contra la universidad “para influenciar y controlar las decisiones académicas”. En la demanda presentada ante un tribunal de Massachusetts, también se menciona a otras universidades de la Ivy League que también han sufrido recortes de financiación por parte del Gobierno federal bajo las acusaciones de “antisemitismo”. Desde que empezaron las protestas contra la guerra de Gaza en los campus universitarios, hace ya más de año y medio, que los republicanos han ido librando una campaña en la que han deformado y ampliado el concepto hasta el punto que cualquier posicionamiento propalestino es tachado de “antisemita”. La Universidad de Columbia, centro de las acampadas propalestinas, ha sido y es el principal blanco de estas acusaciones.

Entre los funcionarios del Gobierno a los cuales acusa Harvard se encuentran el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., la secretaria de Educación, Lina McMahon, el administrador interino de la Administración de Servicios Generales, Stephen Ehikian, la fiscal general Pam Bondi. 

El centro cuenta con un endowmnet -que vendría a ser como una reserva o fondo- de más de 50 mil millones de dólares, lo que le permitiría a la universidad sobrevivir durante bastante tiempo a los recortes de la administración Trump. Aunque eso no es garantía de que algunas investigaciones acaben sufriendo afectaciones.

El pasado viernes 11 de abril, la administración Trump acusaba a Harvard de no haber hecho lo suficiente para luchar contra el “antisemitismo” en el campus y la amenazaba con congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones si no aceptaba toda una serie de exigencias. Entre otras cosas, el Gobierno exigía a la universidad cerrar todos los programas de diversidad, equidad e inclusión, así como someter determinados departamentos a una auditoría externa. Harvard se negó a acatar unas exigencias que amenazan su independencia y libertad de cátedra.

“Ningún gobierno debería dictar qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién debe admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden desarrollar”, escribía el lunes pasado el presidente de Harvard, Alan Garber, en un mensaje a la comunidad universitaria. “Como judío y como estadounidense, sé muy bien que existen preocupaciones válidas sobre el aumento del antisemitismo”, respondía Garber a las acusaciones de “antisemitismo” con las que Trump justificaba su amenaza, y añadía que abordar esas preocupaciones “requiere comprensión, intención y vigilancia. Harvard se toma esa labor muy en serio. Seguiremos combatiendo el odio con la urgencia que exige, cumpliendo plenamente con nuestras obligaciones legales. Esta no es solo nuestra responsabilidad legal. Es nuestro imperativo moral”. 

Harvard considera que la administración Trump ha vulnerado sus derechos protegidos por la Primera Enmienda, los procedimientos administrativos federales y las regulaciones al tomar medidas contra instituciones. La universidad también afirma que, aunque el Gobierno la ha acusado de vulnerar el Título VI –una ley federal que establece que cualquier institución que vulnere los derechos civiles no puede recibir fondos federales–, los funcionarios no siguieron los procedimientos establecidos por la ley al formular la acusación.

Bajo las acusaciones de “antisemitismo”, el Gobierno de Trump ha iniciado una campaña para intentar influir en el funcionamiento de las universidades de la Ivy League y acabar con todas aquellas ideas relacionadas con la diversidad, el cambio climático o la teoría crítica de la raza. Durante la campaña electoral, el presidente ya prometía “recuperar” las universidades y poner fin a lo que la extrema derecha ha bautizado como la agenda “woke”.

El viernes, fuentes del Gobierno revelaban al New York Times que la carta con todas las exigencias contra las que Harvard se rebeló fue enviada por error. Aun así, el Gobierno federal ha seguido demostrando su voluntad de influir y presionar a la institución: Trump ha amenazado a Harvard con eliminarle la exención de impuestos de la que goza, congelar otros mil millones en subvenciones y denegar visados a los estudiantes internacionales que quieran estudiar allí.