Un grupo de víctimas de la guerra de El Salvador (1980-1992) reiteraron este lunes su rechazo ante la posible aprobación en la Asamblea Legislativa de una nueva amnistía bajo el nombre de ley de reconciliación, cuyo análisis está estancado.
"Las víctimas civiles de graves crímenes ocurridos durante la guerra insisten en que el Estado, y específicamente la Asamblea Legislativa, se abstenga de aprobar una normativa que tenga los mismos efectos que la Ley de Amnistía de 1993", expresaron las víctimas durante una conferencia de prensa.
También pidieron al Congreso del país centroamericano que "legisle en favor de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación".
Las víctimas junto a organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos lanzaron este día la campaña denominada "No borrarán nuestra memoria", cual tiene como objetivo reiterar "a la sociedad salvadoreña y a las autoridades estatales que las víctimas siguen y seguirán luchando para conocer la verdad".
El proyecto consiste en la difusión por redes sociales de una producción audiovisual acompañada de una "canción de protesta inspiradora".
En mayo pasado, los diputados de una comisión especial del Congreso frenaron la aprobación de la polémica propuesta de ley de "reconciliación nacional" para escuchar a las víctimas tras recibir críticas de diversos sectores, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de "medidas urgentes" en la que requirió al Estado de El Salvador suspender "inmediatamente el trámite legislativo" de la iniciativa.
No obstante, los diputados mantienen en estudio la propuesta.
La Ley de Amnistía de 1993 fue anulada en julio de 2016 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también ordenó a los diputados elaborar una nueva normativa enfocada en la reparación de las víctimas.
Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (1989).