El 23 de marzo 2017 a las 7 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la famosa periodista mexicana Miroslava Breach subió a su coche para llevar a su hijo de 14 años al colegio. De pronto apareció un hombre desconocido, la cara escondida detrás de una gorra y una capucha, y abrió fuego. La periodista, acribillada por las balas bajo la mirada de su hijo, no sobrevivió al ataque.

Breach era muy reconocida por su ejemplar trabajo de investigación, realizado en medio de gran peligro. Trabajaba para los periódicos La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez, escribiendo sobre el crimen organizado y la corrupción de las autoridades locales en Chihuahua, el estado de donde era originaria y que es considerado el más violento del país.

Dos años después del asesinato, la investigación de las autoridades locales y federales ha dejado muchos cabos sueltos. Ninguna ha establecido un vínculo entre el asesinato y los carteles o políticos, a pesar de las indagaciones de Miroslava sobre el tema y a pesar de las amenazas que recibía de parte de ellos. Solo un hombre, Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado "El Larry", fue detenido. Según las autoridades, sería el único instigador del asesinato de Miroslava, algo que exculparía del todo a los carteles.

Sin embargo, muchas piezas del rompecabezas ha sido dejadas fuera de la versión oficial de los hechos.

Por esa razón, el Colectivo 23 de Marzo, que agrupa a periodistas mexicanos, en alianza con las organizaciones periodísticas internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), se han unido para producir esta investigación que han llamado 'Proyecto Miroslava' y que eldiario.es y otros medios internacionales publican en tres entregas. Esta es la primera.

25 de diciembre del 2017. Nueve meses han pasado desde el asesinato de Miroslava Breach. Ocho balas fueron disparadas a través de las ventanas de su auto. Sus hijos, que estaban cerca, escucharon la ráfaga. Tras nueve meses de investigación (y de espera), Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, anunció frente a las cámaras de televisión la captura de Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado "El Larry".

El hombre, detenido en el estado vecino de Sonora, fue presentado como el autor intelectual de la muerte de Breach. También se reveló la identidad del sicario: Ramón Andrés Zavala, un pistolero de 25 años, fue hallado muerto también en el estado de Sonora. Tenían otro cómplice, Jaciel Vega Villa, quien según las autoridades habría conducido al tirador al lugar de la escena del crimen antes de huir. En tono muy solemne, el gobernador Corral enumeró los elementos considerados en el expediente policial: 200 horas de vídeo analizadas, escuchas telefónicas, más de 20 testigos interrogados y la movilización de expertos en la escena del crimen en una investigación que pretendía ser un 'modelo nacional' en la lucha en contra de la violencia hacia los periodistas en México.

A pesar de su apariencia ejemplar, la investigación oficial, conducida en conjunto por la fiscalía del Estado de Chihuahua y la Procuraduría General de la República desde 2018, no logra ocultar sus carencias: hay indicios y pruebas que nunca fueron tenidas en cuenta durante la investigación, políticos que no fueron interrogados adecuadamente, personas que pudieron haber tenido algún grado de implicación en los hechos y a quienes, sin embargo, les fue otorgado el estatus de testigo protegido, así como irregularidades en la escena del crimen y elementos de prueba contradictorios.

El 'Proyecto Miroslava' identifica todas esas irregularidades, que juntas apuntan con contundencia hacia lo que la justicia parece no ver: que los narco-políticos están detrás del asesinato de Miroslava Breach.

El asesinato de la periodista Miroslava Breach ha gozado de una importante cobertura mediática en México. No fue la primera ni la única en ser asesinada simplemente por haber realizado su labor, pero sus investigaciones implacables –que destaparon frecuentemente los estrechos vínculos entre carteles y políticos– la transformaron en un icono de la libertad de prensa, constantemente ultrajada en este país latinoamericano.

Algunas horas después del homicidio, la policía anunció un primer hallazgo: un pedazo de cartón tirado a algunos metros del coche que presuntamente revela la identidad del autor intelectual del crimen. La nota habría sido firmada por "El 80", el apodo del líder local del cartel de Juárez, enemigo jurado del cartel de Sinaloa y de sus aliados Los Salazares. Pero al pasar de las horas, fue cambiando la naturaleza del mensaje escrito. Decenas de periodistas observaron la evolución de las versiones oficiales: tres versiones en tan solo 48 horas.

El mensaje cambiaba y se alargaba a medida que avanzaba el reloj, despertando las sospechas de los periodistas que siguieron de cerca el caso. Adicionalmente, el colectivo de investigación descubrió que la cadena de custodia de este fragmento puntual de evidencia, a pesar de ser esencial, no había sido adecuadamente cumplida. Resulta imposible rastrear las manos por las que pasó, desde la escena del crimen hasta la prensa.

A partir de este primer indicio, las incongruencias se comienzan a acumular. Por ejemplo, la presencia del gobernador Corral tres días después del asesinato en el domicilio de uno de los cómplices, Jaciel Vega Villa, durante el registro de la policía. Algunos meses después, hablando en el micrófono de un programa de radio, casualmente reconoció haber estado presente en el lugar de la investigación. Ninguna de las personas a cargo reconoce esta intromisión de un representante del ejecutivo en una investigación judicial. Es dentro de esta misma casa donde se descubrieron numerosas pruebas durante la investigación oficial. El coche que condujo el asesino de Miroslava fue encontrado en el garaje. Este vehículo pertenece efectivamente a Jaciel Vega Villa, un estudiante universitario que presuntamente estuvo al volante en el momento del asesinato de Miroslava Breach. Tras indagar en el hecho, el Colectivo 23 de marzo descubrió un vínculo familiar significativo: Jaciel es el sobrino político de Alfredo Salazar Ramírez, líder de Los Salazares y cuya extradición ha sido solicitada por un tribunal de Estados Unidos el pasado junio.

El registro de la casa de Jaciel Vega Villa le permitió también a los investigadores encontrar un ordenador personal. Un análisis del equipo reveló a la policía dos grabaciones de audio. Ambas corresponden a conversaciones telefónicas durante las cuales un hombre intimida y amenaza a Miroslava Breach y a una compañera de trabajo. Su objetivo era obtener las identidades de las fuentes la investigación sobre los candidatos 'narco-políticos' en las elecciones municipales, particularmente el candidato auspiciado por Los Salazares en la ciudad de Chínipas. Durante la llamada, Breach se negó categóricamente a entregar esta información, yendo tan lejos como hablarle de su par de "ovarios", desafiando al hombre del otro lado del teléfono. "El silencio es cómplice", le espetó ella, insinuando el silencio de las autoridades.

El interlocutor de Breach fue finalmente identificado unos diez días después por la policía. Se trataba de Alfredo Piñera, portavoz estatal del Partido Acción Nacional (PAN), uno de los más grandes partidos mexicanos. El vocero reenvió esas grabaciones ilegales a otro político local, a quien Miroslava Breach denunció por sus probables vínculos con el crimen organizado: el anterior alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz. Ante la justicia, éste explicó que con la grabación podía demostrarle a Los Salazares que no era responsable de la fuga de información, así evitando represalias. Sin embargo, al entregar esa grabación a un socio de "El Larry", en la práctica condenó a muerte a la periodista.

Se podría asumir que la cantidad de informaciones en contra de una persona basta para que se convierta en objeto de interés de la justicia. Pero nada de esto sucedió. Desde el inicio de la investigación del caso, Schultz recibió el estatus de testigo protegido e incluso tiene un pseudónimo, "Boby", en las transcripciones judiciales para resguardar su identidad. El mismo trato recibió Piñera, cuyo nombre fue cambiado a "Casio" en la investigación judicial. Los dos hombres han logrado incluso continuar sin problemas sus carreras profesionales, a pesar de esas informaciones comprometedoras. Piñera fue contratado como asesor del coordinador del grupo del PAN en el Parlamento. Schultz, por su parte, llegó a trabajar en el gobierno estatal y ha podido conservar su plaza de docente. Está considerando ocuparse de la dirección del comité nacional del PAN en Chínipas.

A partir de abril del 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se encargó del caso, para disgusto del fiscal del Estado de Chihuahua. La esperanza de que se hiciera justicia renació. Apenas abrió la investigación, la fiscalía federal interrogó a dos nuevos testigos, miembros de la cúpula del PAN. Sin embargo, también solicitó –extrañamente- el análisis de las redes sociales de cinco periodistas cercanos a Miroslava Breach, como si fueran sospechosos.

Pronto los resultados demostraron ser decepcionantes. Este colectivo descubrió que no hubo una investigación real de otros casos que están ligados al asesinato de la periodista, o a las circunstancias en torno a la muerte de su sicario Ramón Andrés Zavala. Jaciel Vega Villa, el conductor del asesino de Breach, está prófugo. Un alto oficial estatal confirmó informaciones publicadas de que el joven fue interrogado por las autoridades algunos días después del asesinato, sin ser inculpado. Sin embargo, se corrigió posteriormente, aduciendo que se había equivocado, cuando el fiscal estatal rechazó tajantemente que hubieran tenido a Vega en custodia. Desde entonces, dos testigos confirmaron a este colectivo que en efecto Vega fue interrogado y otros señalan que está escondido en Chínipas. Sigue ilocalizable hoy.

Otras decisiones cuestionables de las autoridades judiciales incluyen a una policía estatal –y sobrina de El Larry- que hospedó a los asesinos y a un hombre que los condujo lejos de la escena del crimen, que recibieron estatus de testigos protegidos y nunca fueron considerados como posibles sospechosos. Los investigadores penales tampoco indagaron sobre una licencia de piloto encontrada en la casa de Vega, ni identificaron a los dueños de los números telefónicos con los que éste se comunicó justo después del crimen. Por último, este colectivo no encontró ninguna evidencia de que se hiciera una investigación judicial de ningún tipo en Chínipas, a pesar de que tantas pruebas del asesinato de Miroslava conducen hacia este pueblo montañoso.

El proceso de "El Larry" continúa estancado, bloqueado por un testigo clave que se niega a hablar. El fiscal estatal de Chihuahua decidió no responder a una solicitud de entrevista del Colectivo 23 de marzo. Y aunque el responsable de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión nos habló, rehusó dar cualquier detalle sobre el caso y expresó su respaldo a la investigación estatal a pesar de sus evidentes fallas.

Éste es el estado actual de la investigación que pretendía ser un modelo nacional para todos los futuros asesinatos de periodistas en México. Tanto el Estado de Chihahua como posteriormente las autoridades federales ignoraron pistas cruciales durante sus investigaciones. Las preguntas de este colectivo se toparon con su silencio. Un silencio que, como decía la misma Miroslava Breach, se convierte en cómplice.

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Mañana, en eldiario.es, segunda entrega de la investigación Proyecto M, realizada por el Colectivo 23 de Marzo con el apoyo de las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y CLIP.