El fondo buitre de Goldman Sachs y la gestora inmobiliaria Azora que en agosto de 2013 compró 3.000 pisos sociales del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) afila la artillería legal ante la sucesión de sentencias (la última, conocida la semana pasada) en contra de esa polémica operación del Gobierno de Ignacio González.
La filial del banco de inversión estadounidense que se quedó esas viviendas, Encasa Cibeles, avisa en sus últimas cuentas de que, "en el escenario hipotético" de que una sentencia firme acabe tumbando la adjudicación, se planteará reclamar al Gobierno regional que actualmente preside la popular Isabel Díaz Ayuso una indemnización por "daños y perjuicios".