El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y el diputado ultra Javier Milei pusieron este jueves punto final a sus campañas con vistas a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo, unos comicios de final abierto y cuyo desenlace tiene en vilo al país sudamericano.

Milei, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, eligió la provincia de Córdoba, el segundo mayor distrito electoral del país, para cerrar su campaña con un acto masivo, de tono eufórico y cierto aire triunfalista. "Es importante que este domingo nos pongamos de pie, demos vuelta a la historia e iniciemos el camino de la reconstrucción argentina", señaló Milei, quien para rematar su acto aseguró: "Los votos están y les vamos a ganar.

“Les pido disculpas, estoy un poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Nací en Suecia, cuando en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí y fue a un campo de concentración”. Quien habla en un vagón de la línea A del metro de Buenos Aires es Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. No se trata de una acción coordinada de un grupo de militantes políticos, sino una presentación individual, a viva voz, de una mujer, cartera al hombro, que pasa por una pasajera más.

Hace poco más de un año entró en vigor la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, una regulación que cambió la relación de poder entre productores, fabricantes y empresas de distribución. El texto, conocido como Ley de la Cadena, prohibió comprar a agricultores y ganaderos por debajo de lo que les cuesta a estos producir y exigió que los contratos se sellen siempre por escrito, entre otras medidas. Y, desde entonces, las sanciones por saltarse esa legislación son públicas.

La Inspección de Trabajo convirtió "más de 55.000 contratos fijos discontinuos" en indefinidos ordinarios hasta octubre, anunció hace unos días el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. De estos, gran parte fueron objeto del Plan de Choque lanzado por el organismo público este año, consistente en el envío masivo de cartas a empresas ante presuntos incumplimientos detectados por el cruce masivo de datos. Presuntos que se confirmaron en muchos casos: la mitad de los contratos investigados se saldaron con regularizaciones, "44.284 contratos".

Desde el comienzo de su ofensiva en Gaza, el Ejército israelí ha justificado el elevado número de bajas civiles (la mayoría de los cerca de 11.500 muertos) alegando que los milicianos de Hamás se esconden entre los gazatíes, utilizándolos como escudos humanos. 

Las tropas de tierra israelíes han irrumpido esta semana en el hospital Al Shifa, el principal de la Franja de Gaza, bajo la justificación de que los combatientes utilizan el recinto médico y túneles cercanos como mando de operaciones. Después de un día en el interior del complejo hospitalario, los militares dicen haber encontrado alrededor de 15 armas, munición y chalecos antibalas, supuestamente empleados por los milicianos de Hamás, pero no han ofrecido evidencias de la infraestructura subterránea del grupo.

Dima Khatib, directora ejecutiva del servicio digital de Al Jazeera AJ+ –que se emite en árabe, inglés, francés y castellano– nacida en Siria, formada en Europa, de origen palestino, es una de las mujeres más influyentes en la esfera de los medios de comunicación del mundo árabe. Fue compañera y amiga de la célebre periodista palestina de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, asesinada el pasado año por tropas israelíes en Cisjordania.

Estos días coordina desde Doha (Catar) los contenidos de AJ+ preocupada por sus compañeros en Gaza. El Comité Internacional para la Protección de los Periodistas advierte de que han muerto más periodistas estas semanas que en cualquier otro conflicto desde 1992.

El avión del Ejercito del aire que despegó en la madrugada de este jueves con rumbo a El Cairo ha aterrizado esta tarde en la base de Torrejón con a bordo los 139 ciudadanos palestinos -85 con doble nacionalidad- evacuados en los últimos días desde Gaza. Casi la mitad de los evacuados son menores, 64 menores de 18 años y tres bebés de menos de un año. El resto son 49 mujeres y 33 hombres. 

Para muchos de ellos será un viaje de sola ida. "No ha quedado nada allí. No hay restaurantes, no hay escuelas en la Ciudad de Gaza.

El Ejército israelí ha lanzado octavillas sobre varias localidades del sur de Gaza, en las que advierte a sus residentes que es mejor que evacúen y se marchen a otras "zonas seguras", después de haber hecho lo mismo hace un mes en el norte de la Franja.

Desde entonces, unos 1,7 millones de gazatíes –más de dos tercios de la población– han abandonado sus hogares y se han desplazado, la mayoría hacia el sur, donde supuestamente corren menos peligro, aunque los ataques aéreos también han golpeado esa parte de la Franja.

Josep Borrell ha sido uno de los dirigentes europeos que ha tenido una posición más dura con Israel, a quien acusó de estar incumpliendo el derecho internacional con el asedio a la Franja de Gaza. Ahora ha emprendido, como alto representante de la UE, un viaje a Oriente Medio con una primera parada en Israel, donde no le recibirá el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que sí lo hizo en el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Quien sí se ha reunido con el jefe de la diplomacia de los 27 ha sido el ministro de Exteriores, Eli Cohen, ante quien Borrell ha defendido la necesidad de que haya "pausas humanitarias inmediatas" para que la ayuda humanitaria pueda llegar a la población gazatí.

Bruselas lleva a España ante la Justicia europea por no haberle comunicado los cambios legislativos para adaptarse a la directiva de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores que se aprobó en 2019. La UE dio a los 27 tres años para acompasar las normas nacionales a los nuevos requisitos y en abril de este año dio un plazo de dos meses a los incumplidores. España, Irlanda y Bélgica no han notificado sus cambios legales, por lo que el gobierno comunitario lleva el expediente a la justicia europea para que imponga sanciones económicas.