Una pequeña rebelión de togas recorre desde hace un año el sector de la abogacía. Son letrados que, en su día, confiaron sus futuras pensiones a una entidad privada y que cuando les ha llegado la hora de jubilarse dicen haberse encontrado con pensiones indignas. Sus miradas se dirigen al sistema público, al que piden poder acceder a través de una especie de “pasarela” que les permita llevarse sus ahorros a la caja común; pero también a la aseguradora, a quien acusan de falta de transparencia.