Los líderes del G7 reunidos desde el jueves en Apulia, bajo la presidencia italiana, han decidido enviar un contundente aviso a China y a Irán para que dejen de apoyar a Rusia frente a Ucrania. “Continuaremos tomando medidas contra actores en China y terceros países que apoyen materialmente la maquinaria de guerra rusa, incluidas instituciones financieras, de acuerdo con nuestros sistemas legales, y otras entidades en China que faciliten la adquisición por parte de Rusia de elementos para su base industrial de defensa”, se lee en el documento final aprobado esta tarde.

La Justicia europea ha vuelto a pronunciarse sobre los interinos españoles y ha avalado que los de larga duración pasen a ser fijos sin que sean considerados funcionarios con la intención de limitar la posición de abuso de la administración. El Tribunal de Justicia de la UE insiste además en que la legislación española no contempla sanciones para castigar esos abusos. Ahora, está en manos de los tribunales españoles la interpretación de la sentencia.

Han pasado tres años desde que Argelia comenzó a aplicar restricciones a las exportaciones europeas y dos desde que las aumentó en el caso de España por el cambio de Pedro Sánchez respecto a la posición sobre el Sáhara. La falta de entendimiento entre las dos partes ha llevado a la UE a mover ficha y ha lanzado una disputa formal para intentar reconducir la situación en el marco del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia.

En la declaración final del G7 no aparecerá la palabra “aborto”. La presidencia italiana de la cumbre ha conseguido que, a pesar de la oposición de otras delegaciones, se eliminara del texto una referencia explicita a proteger el acceso al derecho “al aborto seguro y legal y los cuidados post-aborto” que sí estaba en los primeros borradores. En el documento definitivo —que se aprobará este viernes y que ha sido adelantado por El País— en lugar de esta fórmula, que aparecía en las conclusiones de la anterior edición de la cumbre, en Hiroshima el año pasado, hay un pasaje sobre la voluntad de “promover la salud y los derechos reproductivos para todos, y avanzar la salud maternal, de los recién nacidos, niños y adolescentes”.

La foto del alcalde chileno Daniel Jadue, gobernante comunista de uno de los barrios más populares de Santiago, esposado, custodiado y sometido a prisión preventiva ha instalado en la agenda chilena el concepto de lawfare y una fuerte polarización a favor y en contra del edil en plena carrera para las elecciones municipales de octubre.

Un tribunal de Santiago decretó la semana pasada la medida cautelar más dura contra Jadue, una de las figuras de más peso dentro del Partido Comunista chileno (PC) y –bajo el argumento de que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”– se avino a la petición de la Fiscalía, que lo acusa de varios delitos de corrupción (fraude fiscal, administración desleal, estafa, cohecho y delito concursal) ocurridos en 2020 y vinculados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) que él mismo presidió durante la pandemia.

Bajas voluntarias y nada más. Aún no se ha conformado la mesa de negociación, pero el fondo británico Zegona ya sabe que que se va a encontrar una contundente oposición por parte de la representación de los trabajadores de Vodafone España ante su plan de despedir a 1.198 personas. Los sindicatos mayoritarios de la operadora avisan que no se plantean aceptar más recortes forzosos en la plantilla, que con este afronta su quinto ERE en una década.

“No funciona, pero parece que se hace algo”, lamenta Luis Zarapuz, experto del gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO). El sindicalista se refiere a la intención del Gobierno de coalición de prorrogar la bajada del IVA de los alimentos porque “sus precios siguen siendo altos”, según adelantó esta miércoles el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala que los interinos de larga duración pasen a ser fijos, ha abierto la puerta a la estabilización de decenas de miles de trabajadores públicos, que llevan años encadenando contratos temporales. “Es un varapalo importantísimo al Gobierno y a los tribunales españoles”, ha celebrado Javier Arauz, el abogado que ha llevado el caso de dos interinas ante la justicia europea y que ha estado respaldado este jueves por 36 organizaciones y colectivos de interinos, que han reclamado que esta medida se ejecute cuanto antes.

Tener todo atado, cuidar hasta el último detalle, vigilar que nada pueda salir mal. Giorgia Meloni, llegó el lunes a Borgo Egnazia, en Apulia, para controlar que todo estuviera listo para la cumbre del G7 que empezaba este jueves bajo la presidencia italiana. Llevaba en el equipaje la victoria conseguida en las urnas el domingo, cuando su partido, el ultraderechista Hermanos de Italia, volvió a ser el más votado en unas elecciones europeas de las que los líderes de Alemania y Francia —las otras potencias de la UE presentes en la reunión— salieron magullados.

Los partidos franceses de izquierdas han anunciado a última hora de la tarde el acuerdo definitivo para crear el nuevo Frente Popular de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 30 de junio y el 7 de julio.

El acuerdo incluye candidaturas únicas en cada una de las circunscripciones electorales del país, así como un programa de gobierno conjunto.