En la última rueda de prensa (y única ofrecida por el ministro de Cultura desde que se decretó el estado de alarma), José Manuel Rodríguez Uribes prometió también la reprogramación de los eventos como medida paliativa a las evidentes pérdidas que está sufriendo el sector en nuestro país. Algunos ya habían empezado a dar nuevas fechas para sus conciertos y festivales, pero siempre con un halo de duda respecto a lo que decida el Gobierno.
Primavera Sound se ha aplazado de junio a agosto, Tomavistas y Starlite de Sevilla a septiembre, grandes eventos como el estadounidense Coachella hablan de octubre y Glastonbury, el gigante británico, directamente de 2021. Por razones de resistencia emocional y solvencia económica, es natural que algunos aún esperen mantener sus fechas en agosto o como mucho retrasarlas un mes -como BBK, Arenal Sound, FIB o Sónar-, pero sobretodo piden un compromiso económico al Estado.
"La situación es catastrófica, pero si seguimos sin noticias en un mes más el sector se va a caer entero", dijo Joaquín Martínez, presidente de la Federación de la Música de España, a El Mundo. "Es necesario que la Administración tome decisiones en el plazo mínimo y acabe con la incertidumbre. Solo así las empresas podrán elaborar un plan de recuperación". Una petición que se suma a la incertidumbre de los sindicatos, que representan en sus palabras a un sector "plagado de precariedad, falsos autónomos y alegalidad" que será duramente embestido con el cese de los contratos.
Por su parte, no consideran lejano el pronóstico de Zeke Emanuel, pero "si nos vamos a quedar sin trabajo ni salario durante meses, hacemos un llamamiento al Gobierno y a las autonomías para que lleven a cabo medidas en el sector cultural". Algunas de estas pasan por declarar los bienes culturales como de primera necesidad, crear una prestación extraordinaria para trabajadores intermitentes (que también piden en el área de las artes escénicas) y realizar el pago íntegro de las actuaciones canceladas, entre otras.
Presentamos la campaña #MeQuedoSinTrabajo para hacer frente a la crisis del #COVID?19 en el sector musical.#MúsicaEsTrabajo @culturagob @sanchezcastejon @Yolanda_Diaz_ @desdelamoncloa @empleogob pic.twitter.com/haiBBio9zu
— Sindicatos de Música (@FrentePop) March 23, 2020"Es difícil cuantificar el daño real, pero hablamos de cientos de miles de personas que se dedican a la música en directo: técnicas, montadoras, camareras o runners. Nuestro trabajo es intermitente y la ley no reconoce todavía dicha intermitencia. Somos invisibles: no podemos acogernos a ayudas, paro o ERTEs", cuenta Adriano Galante, portavoz del Sindicat de Musics Activistes de Catalunya, a eldiario.es.
Galante también critica que las asociaciones de empresarios sigan siendo "la voz del sector" para el Gobierno y pide que las medidas no obvien a los y las trabajadoras en precario del sector. Desde sus redes sociales defienden el polémico "apagón cultural" que se puso en marcha el pasado fin de semana para hacer tomar conciencia de que "muchos desconocen el trabajo cultural y no consideran la cultura ni siquiera como un trabajo". La campaña consistía en cancelar las iniciativas online y por streaming hasta que el Gobierno no considere esta crisis también como una "crisis de Cultura".
En esa línea, el sector acusó al ministro de mostrarles ante la opinión pública como "insolidario" por proponer un paquete de medidas unilaterales: "No se trataba de decir que lo primero es la salud, como si no estuviéramos de acuerdo", señalaron. "Además, si internet va a ser nuestra única fuente de ingresos durante estos meses, también tenemos que impulsar de forma urgente un modelo económico que se aleje de plataformas como Spotify o YouTube", añade Galante.
En definitiva, con una nueva prórroga del estado de alarma (10 de mayo), la cultura, y en concreto el sector de la música, solo pide celeridad para aplacar el duro golpe que está por llegar. En el mejor de los casos, y si es plazo estimado por el asesor de la OMS solo se aplicase a Estados Unidos, el foro de entre 20.000 y 60.000 personas que tienen la mayoría de festivales en nuestro país, así como el de las salas de conciertos, tendrán que ser reducidos. Para muchos, una solución suicida, según reconocen fuentes del sector.
En los próximos meses, algunas empresas tendrán que hacer frente al pago por adelantado de cachés de artistas, publicidad, alquileres de espacios y devolución de entradas. Por su parte, los músicos buscan rentabilizar el online al máximo. Lo que se desconoce aún es si con este otoño a la vista o con el de 2021, como pronosticó el experto en bioética norteamericano.
