En una de las visitas que Baharau concertó para ver un piso que quería alquilar, la primera pregunta a la que tuvo que responder fue si era realmente él quien había hablado por teléfono con la inmobiliaria.

Los problemas para acceder a una vivienda que enfrentan las personas migrantes o racializadas son conocidos. En marzo, Provivienda publicó una investigación que concluía que el 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas, después de realizar un centenar de llamadas a agencias en Madrid y Barcelona, haciéndose pasar por propietarios que querían poner un inmueble en alquiler. Al contrario, cuando se hacían pasar por inquilinos, recibían una negativa en la mitad de los casos en los que lo hacían con acento extranjero.

En Madrid, el 67% de los inquilinos son de origen español, frente al 7,6% que provienen del resto de la Unión Europea y el 25,4% de otros países, que son quienes enfrentan mayores problemas. En Barcelona, la relación del 64,5%, el 9,1% y el 26,4%, respectivamente. Por grupos, en todo el Estado, el 14% de los hogares de origen español viven de alquiler, frente al 70% de la población migrante, que es inquilina. Este miércoles, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) ha publicado un informe en el que va más allá de esos problemas de acceso, para analizar cómo viven esas personas. “Apenas pueden permitirse vivir solos; uno de cada tres no tiene otra opción que irse a una habitación y la mitad de quienes acceden un alquiler tienen viviendas con deficiencias graves, pagando lo mismo que los españoles”, explica el coautor del trabajo, Pablo Pérez Ruiz.

Helen tiene 24 años y llegó a Madrid en 2020. Venía a estudiar a una universidad privada, costeada por sus padres. Encontró un piso en febrero de 2021, en el barrio de Goya, en el distrito de Salamanca, uno de los más caros de la ciudad, por 700 euros. “Era un piso diminuto, pero estaba sola y cómoda”, explica. Le pidieron un mes de fianza, el de entrada, el de agencia y un avalista porque no tenía contrato laboral. Le pareció razonable y aceptó. El pasado mes de diciembre tuvo que abandonar esa casa y se vio avocada a una jungla inmobiliaria.

El caso de Helen pone nombre y rostro a algunas de las estadísticas que recoge el informe de IDRA. Por ejemplo, que una vez que encuentran piso, los inquilinos extranjeros tienen más deficiencias en la vivienda o que sus caseros eluden sus responsabilidades a la hora de hacer frente a reparaciones en el hogar. Tras una búsqueda desesperada, en la que se encontró desde intentos de fraude hasta portazos y negativas de vivista, acabó dando con un piso en su rango de precios, unos 1.400 euros, que compartiría con su hermano cuando aterrizase en España. “Estaba desesperada y como era el único que no me ponía pegas, acepté”, cuenta.

A los pocos días de entrar en la vivienda comenzó a detectar humedades, plagas de hormigas, gusanos en la ducha y chinches en el colchón. “La mitad de los inquilinos migrantes han tenido algún tipo de abuso, como negarse a hacer reparaciones, no renovaciones del contrato o subidas de precio”, explica Pérez Ruiz. Hellen lo confirma: “No podía dormir, tuve parásitos y cuando mandaba fotos al casero me decía que me ayudaba a limpiar, pero era un tema de inhabitabilidad”. La joven se vio forzada a abandonar la vivienda unas semanas después de haber firmado un contrato con condiciones leoninas para la propiedad. 1.000 euros por perder un juego de llaves, 400 euros de limpieza a la salida, asumir los costes legales del arrendador en caso de disputa legal.

“El racismo inmobiliario afecta a todas las personas. Está muy unido a la clase social, pero también a los prejuicios, que llevan a asumir que una persona, por ser migrante o racializada, no va a pagar, así que se suelen pedir más nóminas, más avales...”, explica la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Assiatou Diallo.

Hay otra vulneración de derechos a tener en cuenta, que es la falta de contratos. “Lo que se detecta, sobre todo en los barrios más céntricos es el hacinamiento en pisos, un fenómeno que sufren más las personas migrantes y el alquiler de habitaciones sin contrato, que hace que estén en una situación de mayor vulnerabilidad, que les puedan echar más rápido o que no tengan acceso al padrón, un requisito básico para acceder a regularizar su situación administrativa”, expone Diallo. Como muestra el siguiente gráfico, los acuerdos sin rúbrica prácticamente se duplican en el caso de las personas extranjeras, tanto en Madrid como en Barcelona, mientras los temporales también son notablemente superiores.

Precisamente, esa presuposición de pobreza o de vulnerabilidad lleva también a tener que pagar más por lo mismo o por lo que nadie quiere. Yahya y su familia tuvieron que buscar piso en 2022. En un momento dado, agendaron una visita y, ante la urgencia extrema por abandonar el domicilio en el que estaban, el joven opto por adelantar el papeleo y justificar ingresos familiares por encima de los 4.000 euros al mes antes de personarse en el lugar. “Dos horas después me dijeron que tenían otro dosier y que cancelaban la visita”, explica. Él lo atribuyó entonces a su nombre árabe, pero lo confirmó poco después. Una compañera llamó a los pocos minutos y pudo ir a ver la vivienda. Él la acompañó. “La trabajadora nos dijo que no era cosa de la inmobiliaria, que el propietario no quería gente extranjera”, cuenta.

Yahya grabó esa conversación y denunció los hechos, primero ante el Gobierno vasco y después ante la justicia. En ningún caso vieron discriminación. “SOS Racismo tiene un programa y hemos hecho campañas animando a denunciar, pero es difícil. La gente no sabe, tiene dificultades con el idioma y, en mi caso, tampoco he conseguido nada. La gente descarta denunciar porque lo único que necesita es un piso”, lamenta.

Finalmente, Yahya identificó un patrón. “Te alquilan si el precio de esa vivienda está alto y a nadie le interesa”, explica. En el caso de su familia, también han tenido muebles viejos y algunas negativas para reparar o cambiar electrodomésticos obsoletos o en mal estado. “Estás pagando 900 euros, pero el piso no está al 100%”, cuenta.

Los precios más altos —o similares por viviendas en peores condiciones— suponen también una brecha en el dinero disponible tras pagar el alquiler y los suministros. Según el informe de IDRA, la diferencia ronda los 200 euros. “Las dificultades de la población extranjera para llegar a fin de mes pueden también explicar que, ante dificultades financieras, esta tenga un mayor porcentaje de realquiler de habitaciones que la española, además de evitar a familiares y conocidos el desgastante y discriminatorio proceso de selección para entrar en una vivienda a través del mercado formal”, señala el trabajo.

Cómo de desgastante es ese proceso lo sabe bien Baharau, que incluso con el aval de su empresa, un conocidísimo club deportivo, se las deseo para encontrar alojamiento. “Si no con el compromiso de quien te paga te dan la opción de tener una habitación, ¿a qué punto tienes que llegar?”, se pregunta. Tuvo que vivir unos meses en casa de un amigo, hasta que consiguió una habitación a través de un compañero. “Lo acepté a pesar de que el precio era muy elevado: 650 euros por una habitación superpequeña, en la que no entraba luz natural y con una cama en la que tenía que dormir con las piernas encogidas”, explica. A los pocos meses se pudo mudar a un piso mejor en Vallecas.

Fueron tres mudanzas en un periodo breve de tiempo. Como Hellen, que tuvo que acarretar sus pertenencias dos veces en un trimestre. De hecho, estos cambios de domicilio son más habituales entre las personas de origen extranjero. Como muestra el siguiente gráfico, una de cada cuatro de estas personas ha realizado tres o más mudanzas en los últimos cinco años, que es la duración más habitual de un contrato.

Para combatir la discriminación inmobiliaria, el Sindicato de Inquilinas ha presentado recientemente una guía con indicaciones básicas para recabar pruebas en caso de que se vulnere la ley integral de trato y la no discriminación que, lamentan, “no se está cumpliendo”, y para evitar abusos o situaciones de vulnerabilidad. “Queremos dar respuesta al racismo inmobiliario que, único al institucional con la Ley de Extranjería, dificulta la vida de las personas migrantes y racializadas”, explica Diallo, que pone como ejemplo otros esfuerzos colectivos, como los sindicatos de manteros o las trabajadoras de los cuidados. “Vamos a luchar porque las personas no tengamos esta dificultad extra para acceder a la vivienda”, reivindica.

Esa lucha colectiva trata de explotar la máxima de que la unión hace la fuerza. Aunque, en ocasiones, en la búsqueda desesperada por una vivienda digna y asequible, parece que sirve ponerle zancadillas al que empieza la carrera un poco más atrás. Yahya permanece en un grupo de Facebook, al que ingresó cuando buscaba piso. De vez en cuando aún hay usuarios que se venden en el tablón para conseguir un alquiler con un mensaje: “Soy de aquí”.