En las horas anteriores a la reunión de la Junta Directiva, sus miembros pudieron conocer un intercambio de cartas con la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que eran desconocidas para algunos de ellos y a las cuales ha tenido acceso eldiario.es.
La CISAC expulsó de su confederación a la SGAE hace un año y, desde entonces, ha venido solicitando una serie de actuaciones para permitirla reingresar en el próximo mes de mayo. Esta carta recién conocida está fechada el 9 de abril y no trae buenas noticias: “insuficiente progreso” en el gobierno de la SGAE y en la documentación y distribución de derechos; por lo que todavía “quedaría mucho que hacer” para recomendar la readmisión en la CISAC y, por tanto, “la única solución viable a esta situación” es la convocatoria de elecciones, “tan pronto como sea posible”, para “reestablecer una representación justa y equilibrada” de los diferentes sujetos de derecho que agrupa la entidad, no solo para cumplir con la legislación española sino también “para restaurar la confianza de la comunidad internacional”.
Los problemas relativos al gobierno de la SGAE que señala la CISAC son dos: la escasa participación de los editores, a los cuales considera “ilegítimamente excluidos” de los órganos de toma de decisión; y el gran número de personas pertenecientes a estos órganos que el Comité Ético de la SGAE ha dictaminado que están en conflicto de intereses. el análisis de la CISAC es que “muchas decisiones se están tomando por un pequeño grupo de personas que no son lo suficientemente representativas de los intereses que atañen a la SGAE”.
Al respecto de las exigencias relacionadas con la distribución de derechos, estas tienen que ver con las inercias de la llamada "rueda". La CISAC admite que se han reducido los ingresos de música sinfónica y videoclips —lo que se emitía en la franja nocturna de las televisiones— pero no ha recibido un análisis de cómo va a impactar eso en las cuentas de la SGAE. También se queja, entre otros puntos, de que la sociedad aplicó un máximo de un 20% de reparto de derechos de la franja nocturna, cuando ellos le habían indicado que debía ser un 15%.
Con la moción de censura ya sobre la mesa, sin comunicar a la Junta que había recibido la mencionada carta, Pilar Jurado contestó a la CISAC en el día de ayer 14 de abril que se habían interpretado “mal” sus “avances”, y que había una confusión “de tiempos”: “las modificaciones ya han sido cumplidas y ahora estamos tan interesados como CISAC (posiblemente más) en ver los resultados”, escribe la presidenta en su carta, que señala que “sola falta” que “el Ministerio refrende los cambios”. Además, rechaza la petición de elecciones y emplaza a la renovación de cargos, según las novedades en cuanto a derecho a voto incorporadas en los nuevos estatutos, al cumplimiento de su legislatura.
Como es sabido, la SGAE es un polvorín de facciones enfrentadas, tanto por intereses profesionales legítimos como por rencillas personales derivadas del control de la entidad, enturbiada por diferentes casos, en manos de la justicia, basados en el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos. Las 22 personas que dieron un paso adelante contra Pilar Jurado, lo han hecho utilizando como argumento las dos modificaciones en el organigrama de la entidad, realizadas la semana pasada, por aprobación del Consejo de Dirección, el otro órgano de gobierno de la entidad, y que no habían sido autorizadas por el Ministerio de Cultura.
El pasado 2 de abril, el Consejo convirtió a Clifton J. Williams, persona de la más alta confianza de Jurado, en subdirector general de la SGAE. Williams llegó a la entidad por el sector editorial, como propietario de Alabama Music Business, una empresa de la que se deshizo por incompatibilidad al ser nombrado por la Junta Directiva presidida por José Ángel Hevia director de Reclamaciones y Control de Procesos. A ese cargo sumó, también con polémica, uno de nueva creación denominado Coordinador de Back-Office. Williams también firmó la moción de censura contra Hevia, llevando a Pilar Jurado a la presidencia de la entidad. Parece que su lealtad llegó recompensada en forma de un cargo, también de nueva creación y con una mayor remuneración. Por otro lado, el Consejo aprobó también el nombramiento de Enrique Soria, un profesional del sector financiero, como director económico financiero de la SGAE.
Debido al apercibimiento que recibió la SGAE del Ministerio de Cultura en 2012 —a consecuencia del escándalo del año anterior que estalló con la detención de Teddy Bautista en el marco de la Operación Saga— la sociedad de gestión de derechos adquirió el compromiso de informar sobre los cambios en recursos humanos, el organigrama o la productividad de los mismos, para asegurar la suficiencia de su gestión económica. Sin llegar a la intervención, el Ministerio ataba corto a la SGAE. Por ello, en junio de 2018 le comunicó a la SGAE explícitamente que ese compromiso le impide modificar el organigrama o contratar nuevo personal directivo sin la aprobación de Cultura. La SGAE alteró los términos de este acuerdo al informar al Ministerio cuatro días después de los citados nombramientos.
Es esta praxis la que utilizó como argumento los 22 miembros de la Junta Directiva rebelados contra una presidencia que no ha llegado más lejos del año y los dos meses al frente de esta entidad, un tiempo en el que consiguió la aprobación de unos estatutos que calmaron levemente el polvorín de unas aguas revueltas por el abandono de algunos socios, la amenaza de la editorial Warner para abandonar, ella y sus autores, en bloque, y el curso judicial de la rueda, un supuesto fraude a gran escala en la emisión de música de madrugada en las televisiones: un negocio que podría superar los 100 millones de euros en el periodo de 2006 a 2011, en cuya investigación judicial se han detenido a 18 personas e imputado a 14 televisiones.
La directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso, firmó un requerimiento el pasado 13 de abril instando a la SGAE a describir el organigrama, detallando las funciones de los nuevos miembros, así como la justificación económica para la aprobación, indicando “las mejoras en términos de productividad en relación con los ingresos de la entidad”. Moscoso también indica a la SGAE que debe justificar la creación de esta nueva subdirección general e indicar qué órganos o servicios técnicos desempeñaban anteriormente las tareas que ahora asume el cargo creado para Clifton J. Williams.
En principio, los recientes cambios que la presidenta introduce en la sociedad se justifican en las exigencias de la entidad internacional a la que pertenece la SGAE, la CISAC, para conseguir la readmisión, al igual que pidió la aprobación de unos estatutos que hicieran la gestión más transparente y la adopción de las medidas pertinentes para un saneado de las cuentas. Las previsiones de recaudación de la Junta Directiva de Jurado no era buenas ya antes de la crisis del coronavirus, pues esperaban ingresar 23 millones de euros, cuando en tiempos del presidente José Miguel Fernández Sastrón (2016-19), estaban en 315 millones de euros. En concreto, el presupuesto de radiodifusión para 2020 estaba en 56,9 millones, cuando el equipo de Sastrón lo dejó en 130.
El descenso de ingresos es uno de los puntos débiles en la gestión de Pilar Jurado, mientras que su esfuerzo por arrinconar a los autores que presuntamente formaban parte de la rueda, ha sido su mayor baza para otros autores consultados, lo cuales consideran un “lamentable error garrafal” realizar este movimiento y en este preciso momento, con la crisis laboral que comienza a experimentar el sector. Debido a las consecuencias laborales y económicas del impacto del coronavirus, la semana pasada la SGAE acordó incorporar 7 millones de euros más a su fondo de 8 que habitualmente destina a ayudas económicas y sociales para los autores y editores. Con este fondo ha lanzado unas ayudas que ha dado en llamar “fondos SGAE-Corona” consistentes en una aportación de 3.000 euros a los socios que no puedan acogerse a otras medidas de la SGAE para la compensación de pérdidas por el cese de actividad, así como una línea de anticipos del 30% respecto a las liquidaciones del último semestre de 2019.
En una última carta remitida por Pilar Jurado a los miembros de la Junta Directiva, pocas horas antes de la reunión en la que sería destituida, ella se comprometió a revertir los nombramientos y esperar el visto bueno del Ministerio, justificando su premura en la necesidad de cumplir con los requisitos de la CISAC.
La presidencia de la soprano y directora de orquesta Pilar Jurado, miembro del colegio de Gran Derecho (los autores de artes escénicas y sinfónicas) y segunda mujer en ocupar este cargo, ha estado bien valorada por aquellos socios que deseaban ver arrinconados a los autores próximos al sistema de la rueda, pero mal por aquellos que esperaban una reformas mucho más profundas en el seno de la entidad. Su mejor legado ha sido la aprobación de unos Estatutos el pasado mes de enero con el 85% de los votos a favor. No obstante, en esa votación muchos de los socios más críticos daban la sociedad por perdida.
Su sustituto en funciones, Fermín Cabal, es un dramaturgo y guionista, miembro también del colegio de Gran Derecho, acusó a los editores de apostar por la desaparición de la SGAE cuando fue elegido como vicepresidente. Tanto Cabal como Antonio Onetti, vicepresidente por el Colegio de Obras Audiovisuales, formaron parte de la moción de censura contra el predecesor de Jurado, aduciendo que se necesitaba "una persona más fría, más ecuánime y no tan temperamental" para dirigir la SGAE. En aquel momento pedían también que se mejorara la interlocución con el Ministerio de Cultura, algo que, a la luz del último requerimiento, no parece haberse conseguido.
