Su espada serán los nuevos estatutos, aprobados en enero pero todavía no vigentes, a falta del visto bueno del Ministerio. Con ellos en la mano, el presidente de la SGAE dejará de ser lo que siempre hemos entendido por ser presidente de la SGAE: prácticamente el dueño, el terrateniente de la riqueza generada por los socios. A partir de ahora, la potestad ejecutiva pasará al director general, cargo que ocupa desde el mes de febrero el colombiano Adrián Restrepo, y la presidencia se limitará a la representación institucional y legal.
¿Cuándo se celebrarán elecciones en la SGAE?
Me he comprometido a convocarlas para que se celebren en octubre. No solo serán elecciones a la Junta Directiva sino también al nuevo órgano de supervisión que exige la ley europea y que hemos incorporado a los estatutos aprobados en enero, que están pendientes de ser sancionados por el Ministerio de Cultura. A partir de ahí, se necesitan tres meses de antelación para convocar elecciones.
¿Van a tener que hacer cambios en los estatutos que aprobó la asamblea para que los ratifique el Ministerio?
Yo creo que sí pero serán cambios puntuales. Estamos en el plazo de alegaciones de otras entidades y estamos respondiendo a ellas. Hay cosas que podemos corregir ya y darlas por zanjadas y otras en las que estamos a la espera del dictamen del Ministerio. A partir de ahí, estaremos en conversaciones para hacer lo que haya que hacer pero también expondremos nuestros criterios. No me cabe la menor duda de que son temas mínimos y se puede dar la circunstancia de que el Ministerio los dé por aprobados en términos generales con el compromiso de solucionar lo que quede en poco tiempo.
¿Volverán las editoriales multinacionales a la Junta Directiva?
Claro.
¿Por qué se fueron?
Porque no estaban de acuerdo con cómo se estaban dando las cosas y entendían que había que hacer cambios, que en gran parte se han realizado en estos estatutos y que había que actualizar otras que no se habían hecho, como el voto electrónico. Ahora hay voto electrónico no solo para las asambleas sino para todo lo que haga falta. Hay una lógica aplastante en que una vez superada la conflictividad con el Ministerio y la Cisac, tengan la oportunidad de reincorporarse a la Junta Directiva. No solo los editores, también hay muchos músicos, miembros del colegio de pequeño derecho, que tampoco se presentaron.
Uno de los principales problemas de la SGAE son los autores que participan en su gobierno y que tienen conflictos de intereses. ¿Van a trabajar en algún mecanismo que impida que personas que estén investigadas en una causa judicial relacionada con la SGAE no se puedan presentar a las elecciones?
Nosotros haremos lo que decida la Comisión Deontológica, que es el órgano que tiene que hacer la valoración de todos los candidatos como Comisión Electoral, que son las mismas personas.
¿A qué se deben los ceses que se realizaron durante los quince días de presidencia interina de Fermín Cabal: Inma Serrano como vicepresidenta y la salida de ella misma, Miguel Ángel Chastang, Pablo Pinilla e Iván Sevillano del Consejo de Dirección?
Se debe a que una mayoría de la junta ha considerado que en este momento esos cargos tenían que ser sustituidos porque necesitábamos dar un cambio de rumbo a la situación. Esa mayoría, que incluye a una parte importante del colegio de pequeño derecho, no creía que en las circunstancias que se estaban dando pudiéramos llegar a cumplir todos los requisitos que nos pedía el Ministerio y la Cisac. Eso nos ponía en un horizonte en el que la Cisac nos expulsara de manera definitiva y el Ministerio nos retirara la licencia. Esas amenazas se estaban haciendo de manera muy patente, por la lectura que nosotros hacíamos de las señales que emitían estas instituciones. La relación con ambas entidades estaba bastante, bastante, bastante deteriorada y era necesario un equipo diferente que tuviera credibilidad suficiente para que la Cisac y el Ministerio retomaran las relaciones, desde nuestra más absoluta disposición a superar estos conflictos.
¿Esas personas son las responsables de la situación en la que se encuentra la SGAE?
La mayoría de la junta ha considerado que no eran las personas adecuadas para este momento. En un Consejo de Dirección, del que ellos formaban parte, se aprobó cambios en el organigrama. Uno era el nombramiento de un nuevo subdirector general, un cargo que se creaba en ese momento a pesar de que había un requerimiento que prohibía específicamente los cambios sin autorización previa del Ministerio. Otro fue la atribución a presidencia de una serie de potestades ejecutivas que van en contra de lo que dicta la normativa europea y los nuevos estatutos. Estos estatutos, aprobados por el 85% de los socios, establecen que la presidencia debe ser estrictamente institucional y legal. Luego no puedo tener ningún poder ejecutivo. Las atribuciones que se le estaban haciendo a presidencia iban frontalmente en contra de lo que nos pide la Cisac. En una situación en la que tenemos que superar lo que nos pide la Cisac, no parece muy razonable que las decisiones del Consejo de Dirección, a propuesta de la presidencia, vayan radicalmente en contra de lo que se nos está pidiendo ni infringiendo tan claramente un requerimiento del Ministerio. Lo primero que hizo la Junta Directiva después del cese de Pilar Jurado fue revocar ese organigrama y volver a la situación anterior.
Pertenece a la Junta Directiva de la SGAE desde 2018, ¿siente parte de la responsabilidad del estado en el que se encuentra la entidad?
Por supuesto. Yo soy responsable, como todos los que hemos pasado por la junta en los últimos ocho años y anteriormente. En mi colegio [audiovisuales] y con la gente con la que me siento afín del colegio de gran derecho, hemos mantenido una postura clara y coherente para normalizar la situación con el Ministerio y la Cisac y que se profesionalice la gestión.
¿Eso en qué consiste?
Significa que la potestad ejecutiva del día a día de la entidad tiene que estar, como pasa en todas las sociedades de gestión del mundo, en manos de los técnicos. Nosotros teníamos una anomalía y eso nos ha perjudicado a la larga. Necesitamos que la parte política, que son los representantes de los socios, no realicen una injerencia en la gestión. Y viceversa. A partir de ya estoy trabajando en que se produzca el traspaso de la presidencia a la dirección general y construir un nuevo organigrama que lo refleje. De presidencia no puede colgar nada que conlleve poder ejecutivo, solo la representación institucional y legal. La Junta Directiva se dedicará a marcar los criterios y estará vigilante para que se lleven a buen fin.
¿Cuenta con su confianza el Director General, Adrián Restrepo, nombrado por Pilar Jurado?
Sí.
¿Estos cambios no los podía haber impulsado usted antes como parte de la Junta Directiva, como vicepresidente?
Hemos impulsado todo lo que hemos podido en la línea de lo que pedía el Ministerio y la Cisac, pero éramos una minoría y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Cuando la mayoría de la Junta que presidía Pilar Jurado coincidía en esa línea, hemos votado juntos y cuando se apartaban de lo que se nos pedía, hemos votado en contra.
¿Antes de las elecciones, va a tomar medidas importantes para aliviar la complicada situación financiera de la SGAE, como elevar el descuento de gastos de administración?
Eso no lo sé todavía. Tenemos estimaciones de lo que puede pasar pero no ha pasado. Mientras no pase, es totalmente innecesario. Todos los escenarios están abiertos pero nosotros intentaremos no tener que llegar a la situación de tener que elevar los gastos de administración. La recaudación y el reparto tienen diferentes recorridos. Por ejemplo, las artes escénicas, cobran mes a mes, por lo que en mayo y junio solo cobrarán lo que la entidad recaude por atrasos, ya que los teatros están cerrados y no se están generando derechos. En cambio, en el caso de los autores que obtienen derechos por radiodifusión, lo que se va a pagar en junio corresponde al segundo semestre de 2019, con lo cual el próximo reparto no se verá afectado, pero el de diciembre sí. La caída no se produce de golpe sino en espacios temporales diferentes, dependiendo de cada línea de recaudación. Es prematuro decir que obligatoriamente va a tener que subir el descuento, pero si tiene que subir, subirá.
¿No tiene sobre la mesa ninguna medida urgente, inmediata, que se pueda tomar ya para ir adelantándose a lo que está por venir?
Sí. Hemos puesto en marcha un plan de ahorro. En la caída de los ingresos no solo se ven afectados los socios en sus liquidaciones sino la propia entidad en sus gastos generales, porque el mantenimiento de la casa sale de ese descuento de administración. Si la caída que estamos estimando es de un 30%, ese 30% también va a repercutir en los gastos generales.
¿De dónde se puede ahorrar?
De muchas partidas, que al final suman más de cinco millones y medio. Además, hay otras alternativas, como la solicitud de créditos al ICO. La SGAE tiene una solidez mucho más grande de lo que la gente piensa. Es muy fácil decir que estamos en la ruina o en la bancarrota pero no es verdad, porque tiene fondos, patrimonio y mecanismos como el descuento de administración que están pensados precisamente para una situación crítica. El objetivo es salir de esta crisis con el menor coste posible para todo el mundo y que nadie se quede atrás.
¿Bajar los salarios sería una de las medidas?
Eso ahora mismo no se ha planteado. Veremos cómo avanzan las cosas y a partir de ahí se propondrá una segunda batería de medidas. Yo, personalmente, me he bajado el sueldo en un tercio.
¿Y las dietas de la Junta Directiva se van a recortar?
No lo sé. Eso habrá que estudiarlo. Es una posibilidad pero no es algo que se haya estudiado ni decidido.
¿La posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo que afecte a los más de 400 trabajadores de la casa está sobre la mesa?
No. No hay ningún planteamiento de hacer un ERTE. Lo que sí es cierto es que cuando uno está en una situación de crisis tienen que plantear todos los escenarios posibles sobre todo porque no sabemos cuál es el alcance final de esto. Estamos por la labor de que los puestos de trabajo no se vean afectados en ningún caso.
Antes ha dicho que uno de los pilares de la solidez de la SGAE es su patrimonio. ¿Existe la posibilidad de que parte del patrimonio inmobiliario de la sociedad esté en peligro?
No se trata de que esté en peligro sino de que cuanto estás en una situación de crisis tienes que saber cuáles son tus armas para enfrentarte a ella. Sería absurdo decir ‘¡el palacio no!’ [en alusión al Palacio de Longoria, sede de la SGAE]. Todo tiene que estar abierto porque lo importante es que la entidad sobreviva y sobreviva con una buena salud. Yo no estoy diciendo que vayamos a vender nada, sino que haremos todo lo que sea necesario para que la entidad salga adelante con el menor coste posible. No me cabe duda de que saldremos adelante. Esta situación no la estamos viviendo nosotros solos sino todas las entidades de gestión.
La Asamblea del 30 de enero aprobó la incorporación de 10 millones de euros de origen dudoso a los ingresos de la entidad. ¿Estaba usted de acuerdo en ello? El asunto ha sido polémico porque la Ley de Propiedad Intelectual prohíbe que cualquier dinero recaudado por los derechos de autor se use en algo que no sea reparto entre autores o descuento de los gastos de administración.
Los miembros de la junta que hemos estado a favor de esa decisión tenemos un informe de los técnicos que, después de rastrear diez años atrás todo el origen del dinero, determina que no procede de los derechos de autor pendientes de identificación, como afirman algunos. Su origen son ajustes contables que se hicieron durante las auditorías relacionadas con Arteria y con toda la situación de la casa. Sí aparecieron unos 200.000 euros que provenían de derechos y que pasaron a pendiente de identificación. Por tanto, esos 10 millones han ido a la contabilidad del patrimonio de la casa.
¿Las ayudas y los adelantos de 7 millones de euros que prometió SGAE para ayudar a los autores en la crisis del coronavirus, se van a poder pagar?
Yo personalmente quiero pedir disculpas a todos los socios que se sientan defraudados en sus expectativas por las declaraciones que se hayan podido hacer desde la casa en torno al volumen de esas ayudas porque no se corresponden con la situación real. No obstante, a pesar de la situación en la que estamos, la casa ha hecho todo el esfuerzo posible para ayudar a los socios. Esta semana saldrán 950.000 euros de lo que se han llamado fondos SGAE-Corona en ayudas a unos 1.100 socios que lo han pedido y han demostrado el cese de su actividad por culpa de la pandemia. Es un dinero que viene en parte de la dotación que tienen los Consejos Territoriales y que se dan en tres franjas: 1.100, 900 y 700 euros. Por otro lado, en el presupuesto ya teníamos 500.000 euros destinados a ayudas de previsión social y ese fondo se ha incrementado, antes del cese de Pilar Jurado, en 200.000 euros. También hay 40.000 euros para un programa al que se han acogido entre 25 y 30 autores de unos préstamos especiales, prácticamente automáticos, para autores que tenían una recaudación media o baja, entre 3.000 y 10.000 euros en el último semestre de 2019. Lo que sí se ha incrementado una barbaridad es el número de solicitudes de los préstamos habituales que son un derecho de los socios de SGAE, que funcionan como anticipos y se hacen a partir de la recaudación que se ha tenido en el último año, si tenemos ciertas garantías de que se van a cubrir con los ingresos de los dos años siguientes. Estamos por encima del triple en este tipo de solicitudes con respecto al año pasado. Haciendo el esfuerzo de cubrirlos todos, se van a dar unos 700.000 euros. Con eso estaríamos hablando de unos 2 millones de euros expresamente para esta situación de emergencia más el medio millón de euros que ya estaba contemplado en las ayudas de previsión social. Esa es la realidad a lo que hemos llegado a día de hoy y que empezarán a salir la semana que viene.
Usted fue presidente de Fundación Autor, la actual Fundación SGAE, entre 2012 y 2014. ¿Cómo ve la situación de la fundación, va a poder salir adelante?
Está pendiente de un plan de viabilidad que tiene que aprobar el Ministerio. Se ha reducido su presupuesto de una manera considerable pero tiene todavía mucho margen de maniobra para que la fundación siga contribuyendo a la promoción del repertorio y la asistencia social de los autores. Hay partidas que provienen de la copia privada, por ejemplo, que son fondos fiduciarios que por ley se tienen que dedicar a eso y la fundación los va a seguir manejando.
