A mediados de mayo un hombre disfrazado de anciano se acercó al cristal de La Gioconda, en el Museo del Louvre, y le estampó un tartazo. Aquella mancha sobre el vidrio que protege la pintura más famosa del mundo desencadenó una nueva manera de protestar contra la pasividad en la lucha contra el cambio climático. Los museos se convirtieron en foros vivos de protestas ciudadanas, que provocaron la ira de una parte de la sociedad que vaticinó la destrucción del patrimonio. En contra de esta postura de enfrentamiento, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) lanzó un mensaje en el que declararon ser los aliados de la lucha medioambiental, no sus enemigos. Y vieron con buenos ojos que los museos fueran transformados en escenarios desde los que amplificar un mensaje, sin olvidar el peligro que conlleva estas actuaciones. Las intervenciones han abierto un debate sobre la misión de los museos, no sobre la seguridad de los mismos. Y en pleno debate sobre el lugar que ocupan estas instituciones en la sociedad, el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció el Prado como escenario de la refundación de la OTAN.
Las protestas contra las activistas climáticas no fueron tan intensas como contra los cierres de los museos estatales por falta de trabajadores. Vigilantes de sala y sindicatos han denunciado que no se convocan plazas desde el año 2018 y han culpado al Ministerio de Cultura por la falta de voluntad política para resolver un problema que ha cuestionado las obligaciones constitucionales. Los 16 museos estatales gestionados por la cartera de Miquel Iceta necesitan 80 personas para volver a tener un acceso como manda la Constitución en su artículo 44. Durante 2022 no hubo personal para cubrir el servicio y los museos, que a duras penas lograron mantenerse abiertos, eliminaron una parte importante de la visita a sus colecciones porque no había personal para vigilarlas.
Convertidos en centros radicalmente sociales, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) debía actualizar la definición de “museo”. La que mantenían hasta 2022 era una apenas alterada desde 1974. Una misión de otro tiempo, que fue levemente actualizada en 2007 y caducada con la nueva, en la que se declara la defensa y el fomento de la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, con la participación de las comunidades en las que operan de manera “ética”. “Ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos”, dice la nueva definición.
El Prado ha admitido, más de ocho décadas después, que conserva, al menos 64 cuadros robados por el franquismo en sus colecciones. No es el único museo público que expone o tiene en sus depósitos bienes expoliados a familias republicanas exiliadas y que nunca han sido reparadas con la restitución de los mismos. Ni siquiera existe un inventario que aclare la procedencia de estas miles de obras de arte que en la posguerra fueron entregadas a museos, iglesias y administraciones, además de particulares. El reconocimiento del Prado es un paso decisivo para el inicio de un proceso de devolución y reparación de las víctimas de estas propiedades que en España no ha existido, al contrario de lo que sucede en Francia con el expolio nazi desde hace décadas.
En el año de la reforma de la Ley de Memoria Histórica, un grupo de académicos, historiadores, arqueólogos y especialistas en humanidades presentaron el primer museo de la Guerra Civil española. Tras cinco años de trabajo, la institución que ha nacido para acabar con un “déficit de historia pública” es virtual y está alojada en Canadá. El museo ha nacido gracias a la aportación del Gobierno de Canadá de 20.000 euros con una misión clara, según los fundadores: contar la miseria, no glorificar la guerra. De momento, pueden consultarse más de 130 entradas sobre el comienzo de la contienda y el desarrollo del conflicto.
La salida de Mata Mua, obra de Gauguin, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para forzar su regreso a cambio de un alquiler millonario sería vista con cautela por la nueva definición de museo planteada por el ICOM. Carmen Cervera logró que Miquel Iceta firmara en febrero un contrato de alquiler que obliga a pagarle a ella y a su hijo, Borja Thyssen, 6,5 millones de euros más IVA (1,3 millones de euros) anuales hasta 2037. En total, 97,5 millones de euros sin impuestos, que no resuelven el problema que se había enquistado durante 21 años. De hecho, el hijo de Cervera ya ha anunciado que cuando caduque el contrato ofrecerán la colección al mejor postor y la negociación volverá a empezar. Entre tanto, los arrendadores podrán vender, alquilar o prestar cualquiera de las obras que se han quedado con las principales salas del museo público.
La otra operación de sobresaliente alcance económico decidida por el ministro Iceta es la compra del Archivo Lafuente, por 30 millones de euros (a pagar en 11 anualidades de 2,8 millones de euros) para la sede que el Museo Reina Sofía tendrá en Santander, en el futuro. El Ministerio no supo comunicar si se había adquirido un archivo o una colección de 130.000 piezas que explican el arte moderno y el arte contemporáneo a través de la documentación. Hay publicaciones, correspondencias, documentos y también obra original: el objeto de la adquisición excede por completo la tradicional idea del archivo especializado y concreto, nos contaron desde el Museo Reina Sofía.
A finales de 2022 se vaticina un año revuelto para el Museo Reina Sofía, en 2023, que deberá enfrentarse a un momento crítico: el final del mandato del actual director, Manuel Borja-Villel, después de 15 años al frente de la institución. Sin embargo, el museo ha dejado abierta la posibilidad de renovación de Borja-Villel como director. Podría presentarse al nuevo concurso internacional que buscará su sustituto a partir de enero y cuyo cargo está previsto que se anunciado en abril.
La presentación de la celebración de los 50 años de la muerte de Pablo Picasso desveló un motivo que no se tratará en ninguna de las más de 40 exposiciones españolas y francesas que se inaugurarán en 2023: no habrá investigación sobre sus tormentosas relaciones con las mujeres que marcaron su vida y su obra. “La grandeza de su obra se sobrepone a otras cuestiones”, avisó Miquel Iceta durante el anunció internacional de las actividades. Tal y como se informó, la comisión que ha creado el contenido para los fastos valoró que no era un asunto que debieran cerrar y por eso prefirieron no abrirlo. Para la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malak, indicó que lo normal es que estas preguntas surjan, porque son necesarias “para entender el proceso creativo”. Sin embargo, no habrá respuestas.
En una deriva errática infinita, Patrimonio Nacional reconocía un nuevo retraso de un año para la inauguración del Museo de las Colecciones Reales y al tiempo anunciaba el cambio del nombre del museo nonato. Si las puertas de este nuevo museo en Madrid, cuya obra se terminó en 2015, se abrieran el próximo verano serían las de La Galería de las Colecciones Reales. “La galería” hace referencia al exterior del edificio diseñado por Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla. Después de alterar varias veces el discurso narrativo, la nueva institución cultural, cuyo objetivo es el homenaje de la monarquía, dará a conocer qué relato propone.
La celebración de los 125 años del hallazgo de la figura íbera, en La Alcudia (Comunidad Valenciana), ha pasado sin poder celebrarlo con la estatua hallada. El ministro de Cultura arrancó el año con la intención de cumplir con las reclamaciones autonómicas y descentralizar parte del capital histórico que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), pero la tormenta política desatada acabó con la dimisión de la responsable de museos, bienes culturales y patrimoniales. Miquel Iceta rectificó y se apoyó en un informe del MAN, sin firmar por nadie, en el que se indicaba la preferencia por no prestar la joya de la institución. Sin embargo los informes técnicos realizados por el MAN desvelan que no existía ningún inconveniente en el traslado temporal a una nueva instalación que el Ayuntamiento de Elche tenía previsto reformar con una inversión millonaria. La población de Elche se quedó sin su reclamación.
Más reparaciones fracasadas: a pesar de la creación de una comisión ministerial por la descolonización anunciada por el director del Museo Nacional de Antropología, Fernando Sáez, en unas conferencias organizadas por el Ministerio de Cultura, la comisión no prosperará. Es otra de las llamativas rectificaciones museográficas cometidas por el Ministerio en 2022. Los técnicos conservadores de los museos reclaman una revisión de la presencia de los objetos, con nuevas experiencias y prácticas, que se adapten a las nuevas sensibilidades. El carpetazo del debate solo es un cierre en falso justo cuando los museos europeos se encuentran en plena reflexión sobre cómo restituir los bienes apropiados durante el colonialismo.
Están reventando las taquillas, acumulan más visitantes que las exposiciones temporales de los museos y son experiencias que ya ocupan la agenda como acontecimientos culturales imprescindibles. Las exposiciones inmersivas han demostrado este año que son un modelo de negocio perfecto y un display sin fallo que lejos de aportar conocimiento, se presentan como una exposición espectacular de formas y colores sin contenido. El mal de la taquilla no es exclusivo de estas fórmulas audiovisuales, pero la novedad es que giran sobre los prejuicios de los visitantes para reforzarlos. No para destruirlos.
Quizá la nota más positiva del año la pusieron los museos españoles que decidieron participar en la ayuda de sus colegas ucranianos. En junio la organización ICOMOS de España logró reunir la complicidad de varios museos y empresas para enviar a los museos ucranianos hasta tres camiones cargados de enseres con los que proteger sus colecciones de bienes artísticos, amenazados por la invasión rusa. Lo más complicado fue sufragar el gasto del alquiler de los vehículos porque apenas lograron reunir fondos económicos.
