Sobre esta controversia, ¿qué opina Castilla y León, la comunidad con mayor número de bienes patrimonio mundial del continente y más de 2.600 edificios protegidos con la categoría de bien de interés cultural (BIC)? “Yo entiendo que el ciudadano se cuestione por qué se pone dinero público en la restauración de un bien privado, pero es el cumplimiento de la Ley de Patrimonio”, razona Juan Carlos Prieto, director general de Patrimonio de Castilla y León, bajo las siglas de Vox. “Lo que priorizamos es que esos recursos se destinen a los bienes BIC”, añade. Sí admite, en cambio, “posibilidad de crítica” por parte de los ciudadanos si los bienes que reciben recursos públicos son incapaces de garantizar un retorno para la sociedad. “Si no se generan visitas, recursos o publicaciones, no se generará por lo tanto economía y no será una inversión, sino un gasto”, admite.
De cualquier modo, este criterio —el de rentabilizar las aportaciones de dinero público— se complica en una comunidad envejecida y despoblada, corazón de la España vacía. De hecho, Castilla y León trabaja en la aplicación de una nueva ley que garantice un “enfoque económico” del patrimonio histórico-artístico. ¿Cómo? “Estamos apostando por ligar bienes culturales a entidades profesionales que sean capaces de gestionarlos”, propone Juan Carlos Prieto. Los modelos más evidentes llegan desde la Fundación Santa María la Real, en Aguilar de Campoo (Palencia), de donde procede el responsable de Patrimonio, o de la Fundación Atapuerca (Burgos), que gestiona con éxito la investigación y divulgación en uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del planeta. “Trabajamos en profesionalizar entidades que gestionen bienes, en lugar de aportar dinero para arreglar un tejado: no se trata de dar peces, sino cañas”, justifica Prieto, quien sostiene, para apuntalar esta idea, que “en muchos edificios de propietarios privados o las diócesis, lo que encontramos es más voluntad que acierto”.
Esa “profesionalización” palidece en el desierto demográfico de la España vacía, donde, más allá de profesionales, apenas subsisten almas. “No podemos pretender que Fuenteodra, por más que su iglesia tenga un potencial muy grande, se convierta en una fundación o en una empresa”, afirma el ingeniero Javier Maisterra, presidente de la asociación que ha logrado recuperar un extraordinario templo del siglo XV en peligro de derrumbe, en un pueblo burgalés de solo siete habitantes. “Estamos en el centro de la sociedad rural y todo lo que estamos consiguiendo está pensado para mantener una seña de identidad; nada tiene que ver con crear una empresa que solo tendría sentido en lugares turísticos, más grandes”, razona Maisterra, a quien le parece “decepcionante” este enfoque.
Para los casos donde la sangría demográfica amenaza con el fin definitivo del modelo rural, los responsables políticos de Castilla y León sugieren la creación de mancomunidades como las que gestionan el agua y la recogida de residuos en los pueblos. “Buscamos procesos similares para el patrimonio: promover que los ayuntamientos se junten y gestionen instrumentos de gestión más grandes, en relación con el propietario de los edificios”, asevera Juan Carlos Prieto. Sobre el papel, la estrategia parece sencilla. En la práctica, no lo es tanto.
No hay que olvidar, en efecto, que este tipo de experiencias allí donde la falta de presupuesto y de población se convierten en un lastre demasiado pesado, juntar las voluntades de distintos ayuntamientos no es tan fácil. Como ejemplo, las dificultades que están encontrando los pueblos de la comarca burgalesa de Bureba para consolidar un circuito de templos románicos, allí donde no hay ni técnicos de turismo, ni prácticamente personas que puedan sostener esa estructura.
Teniendo en cuenta que la ley obliga a la conservación de los bienes de interés cultural, las comunidades autónomas deben abordar la restauración de edificios protegidos cuando son públicos, y colaborar con los propietarios, en el caso de la titularidad privada. Pero tampoco este proceso es tan evidente, con elocuentes problemas de conservación en numerosos bienes BIC. La Iglesia, propietaria de la mayor parte de estos edificios, suele ampararse en el “extenso patrimonio” que ha de gestionar para sortear las críticas por el deterioro de muchos de sus templos (algunos de ellos, acaban abandonados y en el suelo), argumento que secunda el responsable de Patrimonio de Castilla y León: “Para la Iglesia es de una dificultad enorme abordar este problema: no debemos buscar responsables, porque la responsable es la sociedad en su conjunto”.
Pero, ¿qué ocurre cuando esos edificios carecen de protección y se encuentran en la mayor de las indefensiones? El símbolo más sangrante de esta realidad se halla en un pueblo deshabitado de Soria (La Barbolla), cuya iglesia románica ha visto desaparecer este invierno su cubierta y se enfrenta a un deterioro que terminará con sus muros en el suelo. No se trata de un bien de interés cultural; de hecho, la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León se desmarca de la situación: “En principio, no es competencia nuestra”. Pero sí de su propietario, la diócesis de Osma-Soria, que acaba de desmontar y llevarse en un camión las campanas y la pila románica. La única actuación, la sola reacción del titular del bien ha sido, hasta ahora, llevarse los últimos enseres de valor, dejando clara que su intención —al menos, a corto plazo— no es detener el letal deterioro de la cubierta.
“No podemos poner como prioridad la restauración del tejado de La Barbolla, sino que debemos procurar que en Soria haya una entidad que sea capaz de abordar estas necesidades con solvencia”, puntualiza Juan Carlos Prieto, abundando en la filosofía de la Junta de Castilla y León. Entretanto, el colectivo soriano Románico sin techo —que ha elaborado un catálogo de más de cuarenta iglesias románicas en situación de abandono en una de las provincias más olvidadas del país— impulsa una campaña de micromecenazgo junto a Hispania Nostra para apuntalar el templo de San Bartolomé, convencidos sus miembros de que no quedará nada en pie en unos años, si nadie ajeno a la propiedad toma la iniciativa.
Las campañas de micromecenazgo —a menudo, incómodas para las autoridades políticas porque ponen de relieve lagunas en la gestión pública— se han multiplicado en los últimos años en los pueblos de la España vacía. “A veces se dice que el dinero que se recauda con este tipo de campañas es poco… es poco relativamente”, defiende el responsable de la Lista Roja de Hispania Nostra. Según Víctor Antona, estas iniciativas logran dos objetivos. Por un lado, “la asunción de una responsabilidad que se materializa en que cada uno pone lo que puede”. Por otro, “la satisfacción de que, entre todos, hemos conseguido que un proyecto común salga adelante”. Antona se remite a las palabras de uno de los alcaldes de esa España vacía que ha participado en una de estas campañas. “Me comentaba que a él no le importa tanto la cantidad de dinero que pone la gente, como la sensación de que vamos todos juntos a conseguir algo; es lo mejor que podemos hacer”.
El director de Patrimonio de Castilla y León está de acuerdo en que “cualquier iniciativa social es buena” porque “demuestra interés”, pero incide en el aspecto que rechaza Hispania Nostra: “Se reúnen cantidades no muy importantes”. “Podemos estar de acuerdo en que se trata de cuantías no muy elevadas, pero hay que entender el micromecenazgo como una mecha”, razona Javier Maisterra, quien, no obstante, se remite al caso de éxito de Fuenteodra. “Hemos logrado reunir 100.000 euros, un 25% de todo el dinero que se ha invertido en la recuperación de la iglesia”, subraya Maisterra, quien añade: “Nadie puede decir que es una cantidad ridícula porque, además, las primeras obras de conservación las hicimos con dinero propio”.
En este sentido, los vecinos del pueblo burgalés —la recuperación del templo ha permitido celebrar recientemente un bautizo, 36 años después— creen que “recaudar dinero permite aglutinar a personas en torno a un interés común, es una apuesta ganadora en la que la Administración se tiene que apoyar”. Por eso, el presidente de la asociación de Fuenteodra defiende que, al contrario de lo que se suele proclamar, “en el caso del patrimonio la iniciativa para la restauración ha de ser privado-pública, es decir, la sociedad debe promocionar la recuperación de un edificio y las autoridades deben colaborar”.
De regreso al caso de La Barbolla, “o hacemos algo para apuntalar lo que queda o dentro de un año no quedará ni eso”. Víctor Antona realiza una defensa cerrada del popular “crowdfunding”, la principal herramienta con la que la asociación Hispania Nostra ha logrado “sacar” decenas de edificios de esa peligrosa Lista Roja. “Me parecería irresponsable decir que no vamos a hacer nada con una campaña, porque con el dinero que se recaude podemos detener el proceso de deterioro y ganar tiempo”, añade Antona, quien recuerda la obligación moral que tiene la actual sociedad de “legar nuestro patrimonio a las generaciones que vienen detrás”.
De hecho, para la asociación sin ánimo de lucro el principal problema radica en el enfoque de la situación. Teniendo en cuenta que la desaparición del patrimonio es consecuencia directa de un cambio de modelo económico (y de la subsiguiente despoblación), “mediante el micromecenazgo se demuestra que todos podemos hacer algo; que, si nos organizamos, podemos conseguir muchas más cosas de las que pensamos”. De ahí que Antona llame a la prudencia para analizar las actuales circunstancias: “Una vez que los pueblos se han vaciado, nadie se ocupa de sus edificios; es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana. Mi obsesión es mirar las cosas a muy largo plazo porque, si no lo haces, no resuelves nada”. Dicho de otro modo, el miembro de Hispania Nostra llama a “invertir más en conservación” para evitar los costosos gastos de las restauraciones. A “apuntalar” aquellos edificios en peor estado, a la espera de una intervención que puede tardar décadas en llegar… pero acabará llegando.
