El prefecto de la provincia ecuatoriana de Azuay, Yaku Pérez, anunció este viernes que pedirá a la ONU su intervención para prohibir la minería en el sur de Ecuador si la Corte Constitucional (CC) no aprueba una consulta popular sobre su demanda.
Así lo anunció Pérez en una rueda de prensa a las afueras de la Corte, institución a la que acudió este viernes para entregar un escrito voluntario a favor de una consulta popular que impida la minería en todo el territorio de su provincia.
Asimismo, manifestó que planteará su caso ante la sede de la ONU en Ginebra con el objeto de darle "visibilidad internacional" durante el próximo mes.
"Estamos buscando que la CC se pronuncie en favor de los derechos de participación", expresó la abogada Verónica Potes, quien indicó que a través de la respuesta que se obtenga de la consulta popular se le permitirá a la provincia "escoger su futuro".
La minería industrial, en la que Ecuador ha entrado este pasado mes de julio, es objeto de un agrio debate en la sociedad ecuatoriana, y hay provincias que se niegan a que el Gobierno de Lenín Moreno concesione proyectos extractivos en sus territorios.
La lucha contra la minería fue una de las promesas de campaña de Pérez, que defiende que esta actividad contamina las fuentes de agua y destroza la "Madre Tierra".
El prefecto de Azuay, en el sur de Ecuador, advirtió que de ser negativa la respuesta de la Corte a su petición de consulta tiene "la puerta ancha para irnos a una consulta ya no a nivel provincial sino a nivel nacional".
Por su parte, el economista y excandidato a la presidencia de Ecuador, Alberto Acosta, que le acompañó a la CC, confesó que su preocupación es que "la minería en el país se está imponiendo, atropellando la Constitución y las leyes".
El escrito que Pérez presentó esta mañana pertenece a la modalidad de "amicus curiae" ("amigo del tribunal"), a través de la cual un ciudadano expresa su opinión voluntariamente sobre cualquier asunto que esté en discusión en una institución jurídica.
La Corte recibió el pasado 26 de agosto una solicitud contra la actividad minera, por lo que en el plazo de 20 días laborables debe resolver si traspasa la demanda al Consejo Nacional Electoral.
En marzo, el cantón Girón, en la misma provincia, consiguió impedir un proyecto minero en su territorio después de conseguir llevarlo a instancias judiciales y a una consulta popular en la que el 87 por ciento de los habitantes votaron contra el extractivismo.
Pérez también impulsó recientemente una iniciativa similar para frenar toda actividad extractiva en la provincia, votación que no prosperó al no obtener los votos requeridos en el Pleno de la Prefectura.
