El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha trasladado al Ministerio de Derechos Sociales una nueva propuesta sobre alquileres que "cumple escrupulosamente los acuerdos firmados", según indican fuentes del departamento.

La propuesta mantiene los incentivos fiscales de hasta el 90% a propietarios que rebajen el alquiler en zonas tensionadas, detalla cómo se declararán estas zonas y añade "medidas de contención de precios", esto es: congelación de contratos en estas áreas por un período máximo de tres años. Es una propuesta que ya avanzó este periódico y que Unidas Podemos celebró, anotando que no era lo suficientemente ambiciosa (porque no permite bajadas del alquiler, solo congelaciones) pero que sí era un primer paso.

La letra pequeña que faltaba era qué pasaría con los nuevos contratos en esas zonas. Es decir: si yo vivo en el centro de Palma de Mallorca, se declara tensionado y quiero alargar mi contrato, puedo. ¿Pero y si me mudo de nuevas? ¿Puede el casero poner el precio que quiera?

Aunque en principio el MITMA dijo que los nuevos contratos tomarían de referencia el precio del contrato anterior, la letra pequeña de su propuesta introduce una pequeña modificación.

"Adicionalmente, en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en un ámbito declarado como de mercado residencial tensionado, se limita a un 10% el incremento de la renta de alquiler sobre la última renta del contrato anterior", según describe el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

"La aplicación simultánea de este mecanismo junto con los estímulos fiscales debe conseguir el doble efecto de contención de rentas a corto plazo durante la declaración de área tensionada", justifica el departamento dirigido por José Luis Ábalos. A medio plazo, continúa, se pretende favorecer que haya "nuevos contratos con condiciones favorables para los perfiles con dificultades para acceder al precio de mercado".

El acuerdo no está cerrado, recuerdan fuentes de ambos Ministerios. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha señalado en Twitter que "la única manera de bajar los precios es con índices de referencia, no con incentivos fiscales" y que siguen trabajando "para cumplir con lo pactado".

Además de la congelación de las rentas, la propuesta que la parte socialista defiende desde hace meses es la de los incentivos fiscales. Actualmente, todos los propietarios que ponen su vivienda en alquiler pueden reducir hasta un 60% la cantidad que pagan de impuestos en el IRPF. La Autoridad Fiscal (AiRef) sugirió que ese porcentaje se modulara en función de ciertos criterios y así propone modificarlo el Ministerio.

La idea es reducir el incentivo general al 50% y elevarlo según el caso.

Además, se propone una reducción general del 70% para propietarios que pongan su vivienda a disposición de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento en el marco de algún programa público o la cedan a entidades sin ánimo de lucro especializadas en atender colectivos vulnerables.