El escándalo provocado por el comportamiento de Luis Rubiales ha colocado bajo la lupa no solo la estructura funcional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), también cómo se financia y sus controles internos. Una estructura en teoría privada pero con vasos comunicantes con las administraciones publicas, hasta el punto de que, en los últimos años, la RFEF ha recibido más de 47 millones de euros en ayudas y subvenciones. Al margen de la financiación, la entidad también selló bajo el mandato de Rubiales, ahora suspendido por la FIFA, un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores para promover y defender la imagen exterior de España y un contrato con Agricultura para vender las bondades de nuestros alimentos.

La RFEF, funcionalmente, es una "entidad asociativa privada, de utilidad pública, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y jurisdicción en los asuntos de su competencia. Posee patrimonio propio y carece de ánimo de lucro", según refleja el Ministerio de Cultura y Deporte en una de las últimas subvenciones concedidas a esta federación deportiva: la que otorgó 7,5 millones para poner en marcha la maquinaria con la que conseguir que España se convierta en una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030, candidatura que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, confiaba en que no se vea afectada por el escándalo en una entrevista publicada el pasado sábado en El País.

La independencia de esta y otras federaciones deportivas no es total, porque el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene competencias en materia de "control económico, financiero y administrativo", según recoge la Ley del Deporte. Esta legislación habla de "colaboración" en la gestión económica y administrativa. También pone un matiz porque entiende que la "madurez" del "modelo federativo español" permite "que el Estado no tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales". Sin embargo, también hay ámbitos donde "la tutela del Estado se hace necesaria", como "el sistema de licencias para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional".

Ahí entran las ayudas, subvenciones públicas y los rescates financieros. Por ejemplo, la Ley de Deporte recoge cómo en los últimos años "se ha demostrado que la situación económica de algunas federaciones deportivas españolas ha puesto en serio riesgo el cumplimiento de las funciones tanto públicas como privadas que tienen encomendadas" y que eso ha obligado a intervenir al CSD cuando su viabilidad corría grave peligro. "Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que las federaciones encuentren, a nivel económico, financiero y de gobernanza, un apoyo por parte de la Administración Pública, que garantice su adecuado funcionamiento", refleja la Ley del Deporte. Eso ocurrió con la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), que en 2021 pidió un rescate al CSD de 12 millones de euros.

El propio CSD recoge que, sin incluir el fútbol, en el año 2022 concedió a las federaciones deportivas más de 100 millones de euros. Y eso, sin contar los avales del Estado por el golpe del Covid que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió a los clubes de fútbol españoles y a La Liga de fútbol profesional.

En el caso de la RFEF, desde julio de 2019 ha recibido ayudas y subvenciones públicas por valor de más de 47 millones de euros. De ellos, 7,5 millones son los ya citados para promover la candidatura de España -junto con Portugal y Marruecos- al Mundial de 2030, que el Ministerio de Cultura y Deporte aprobó en diciembre de 2022. Una competición deportiva que, según cálculos del propio Gobierno, puede aportar a la economía más de 10.000 millones de euros, entre lo que puede proporcionar al PIB y lo que podrían gastar los turistas que vengan a ver los partidos.

Al margen quedan otros 40 millones de euros que constan en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que depende del Ministerio de Hacienda y que no aporta cifras previas a esa fecha. Cabe recordar que Luis Rubiales fue elegido presidente de la RFEF en mayo de 2018.

De la veintena de ayudas, la más alta (más de 12 millones) está vinculada a la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado, donde la RFEF actuaba como entidad colaboradora. En concreto, se trata de ayudas para la financiación del pago de las cuotas empresariales y de trabajadores derivadas de la contratación de jugadores y técnicos y que se aprueban de forma periódica. Esos 12 millones corresponden a 2019, pero hay otras dos partidas por el mismo motivo, de más de 8 millones de euros cada una, que corresponden a los ejercicios 2021 y 2022.

Los registros del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas también recogen fondos anuales del CSD -de entre 130.000 y 300.000 euros- para la protección social de los deportistas de alto nivel que participan en competiciones internacionales representando a España. Y de entre 60.000 y 79.000 euros para los programas Mujer y Deporte, que tienen como objetivo "promocionar, facilitar e incrementar la participación de la mujer en todos los ámbitos del deporte, de manera complementaria a la que hasta ahora se haya venido desarrollando en los programas deportivos generales de las Federaciones", según las bases que publica el Ministerio de Cultura y Deporte.

Y, más allá de las ayudas tramitadas a través de CSD, hay otras locales. Por ejemplo, una subvención nominativa a la RFEF concedida por la Diputación Provincial de Alicante para financiar la concentración en Benidorm de la selección olímpica masculina de fútbol, antes de la participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021.

Junto a las citadas ayudas y subvenciones, en marzo de 2022, la Secretaría General de Agricultura y Alimentación firmó un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la RFEF para la promoción de los Alimentos de España, en 2022 y 2023.

El contrato, negociado sin publicidad, se adjudicó por 2 millones. Alimentos de España ha sido uno de los patrocinadores de la selección femenina en el último mundial. Una nómina de respaldos corporativos que el pasado viernes, tras el discurso de Rubiales ante la asamblea de la RFEF, escenificó sus primeras críticas a la gestión federativa por parte de Iberia, Renfe e Iberdrola. 

En estos últimos años de gestión de Luis Rubiales, que coincidieron con la pandemia, el ICO dio luz verde a dos avales a la RFEF que formaban parte del paquete de ayudas económicas que el Gobierno aprobó para paliar los efectos del COVID. En total, según recoge el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, estos dos avales ICO a la Federación alcanzaban un valor conjunto de 17,5 millones de euros y no se ejecutaron. 

El Ministerio de Agricultura no ha sido el único que ha llegado a acuerdos con la Federación encabezada por Luis Rubiales. También lo hizo el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. A través de la extinta Secretaría de Estado de la España Global, firmó en octubre de 2019 un convenio para mejorar la imagen internacional de España.

Esta Secretaría de Estado tomó el relevo del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, que ocupaba el empresario Carlos Espinosa de los Monteros, padre del ex diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Fue suprimida por Exteriores cuando llegó al ministerio su actual responsable, José Manuel Albares. 

En el momento de la firma del convenio, al frente de esta Secretaría de Estado estaba Irene Lozano, quien después fue nombrada presidenta del CSD, el mismo organismo que ahora ha instado la inhabilitación de Rubiales. El convenio recogía que la RFEF colaborase "en el diseño y elaboración de un plan específico de actividades y proyectos de interés mutuo" que derivase en una "estrategia para potenciar y fortalecer, a través de procedimientos conjuntos, la reputación y prestigio de la imagen de España". 

El acuerdo, que no ha acabado de materializarse porque no se dieron pasos posteriores, contemplaba que la Secretaría de Estado de la España Global apoyase a la RFEF en el despliegue de su agenda promocional internacional, así como apoyarse mutuamente en actos públicos oficiales convocados por los firmantes, vinculados al fútbol. Por ejemplo, a través de redes sociales. También dejaba la puerta abierta a invitar a otros representantes de las administraciones públicas, del sector empresarial y de la sociedad civil cuando su participación se considerase relevante.