“En el próximo Consejo de Ministros, aprobaremos, de nuevo, el techo de gasto para su remisión al Parlamento”. Según anunció el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, el Gobierno de coalición recuperará este martes “el límite de gasto no financiero” y los “objetivos de estabilidad” que una mayoría del Congreso de los Diputados rechazó en el último pleno de julio, antes de las vacaciones de verano, y que son necesarios para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

“En esta legislatura, hemos ido avisando de que Junts no forma parte de ningún grupo y no se puede dar por supuesto nuestro apoyo”, avisó entonces Josep Maria Cruset, portavoz de Junts en el Congreso. En ese momento, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) estaba negociando con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Ahora, después de que ambas formaciones alcanzaran un pacto que incluye un acuerdo para “una financiación singular” de la Comunidad Autónoma, sigue la pugna entre Junts y los republicanos por la hegemonía del independentismo con dicho acuerdo y la Ley de Amnistía de ruido de fondo. Por tanto, continúa la amenaza de que esa lucha vuelva a entorpecer la aprobación de los Presupuestos de 2025.

“No les vamos a comprar un concierto [fiscal] 0,0”, dijo la semana pasada Eduard Pujol, senador de Junts. Pujol arremetió contra la “solidaridad forzada” que, según aseguró, recoge el acuerdo entre PSC y ERC. “Si se cargan Bruselas [en referencia al acuerdo firmado por el PSOE con Junts para la investidura de Sánchez, firmado en la capital belga el pasado 9 de noviembre], ‘game over’. Hasta aquí”, avisó sobre el apoyo parlamentario al Gobierno.

En 2024, ya han tenido que ser prorrogados los PGE de 2023 porque el Gobierno no tenía garantizados los votos ni de ERC ni de Junts en el Congreso, sobre todo tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya. El Ministerio de Hacienda insiste en que puede sacar adelante los Presupuestos de 2025 sin que el Congreso apruebe los objetivos de estabilidad. De hecho, fuentes del equipo de la vicepresidenta María Jesús Montero afirman a elDiario.es que “este tema ya se debatió a comienzos de año con los PGE de 2024, y ya dijimos que la Abogacía del Estado dejaba claro que se volvía a la senda anterior”.

En marzo, elDiario.es tuvo acceso a un informe de esta institución que concluía que el Gobierno tiene que cumplir con dos obligaciones: elaborar los presupuestos y que cumplan con las reglas fiscales de la UE, que han vuelto a activarse precisamente este año tras ser suspendidas durante la pandemia. De esta manera, ante el rechazo parlamentario, la Abogacía del Estado señaló que “conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad”, que la Comisión Europea valoró positivamente.

Partiendo de este planteamiento, el Gobierno pretende demostrar que los partidos independentistas “se estarán pegando un tiro en el pie” si impiden la aprobación en el Parlamento de los objetivos de estabilidad que el Consejo de Ministros presentará este martes. Porque se quedarán “en vigor los de la senda anterior, que son más exigentes para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pero los Presupuestos Generales se pueden presentar”, inciden desde Hacienda.

En el ministerio consideran que lo más probable es que el techo de gasto que aprobará este martes del Consejo de Ministros será el mismo que en julio, aunque —este “límite” no necesita el respaldo del Congreso—. También serán iguales las sendas de déficit, con las que el Gobierno decidió abrir la mano con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en 2025 y 2026.

Los objetivos de estabilidad anteriores son más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios (siempre respecto al PIB). Con las nuevas, en el caso de las entidades locales, “con la nueva senda el objetivo es de equilibrio presupuestario para todo el periodo 2025-2027, lo que supone una décima más de margen [para gastar e invertir] en 2025 y dos décimas más de margen en 2026”, explicó Hacienda en julio. En el caso de las Comunidades Autónomas, la senda de estabilidad que rechazó el Congreso contemplaba un objetivo de déficit del -0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027.

Montero afirmó en julio que los objetivos de estabilidad contra los que votaron PP, Vox y Junts facilitaban que las Comunidades no tuvieran que hacer ningún esfuerzo en la bajada de déficit de los próximos años. “Tendremos que seguir dialogando. Pero el PP está perjudicando a sus gobiernos autonómicos”, advirtió.

Para la Administración central, la senda de déficit de julio buscaba alcanzar el 2,5% durante el próximo año, un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. “Hemos reducido el déficit público en 60.000 millones desde 2020, hasta el 3,6% en 2023, por debajo de otros países como Francia o Italia, pese a haber desplegado una escudo social de más de 120.000 millones [desde 2020], con medidas que siguen vigentes”, defendió Montero.

La previsión para 2024 es dejarlo en el 3% (siempre respecto al PIB), lo que permitió a España evitar el proceso de déficit excesivo previsto por las nuevas reglas de la UE. Este “proceso” supondría una intervención de la Comisión Europea en los Presupuestos nacionales para garantizar “la sostenibilidad de las cuentas públicas”.

El crecimiento económico permitirá reducir la deuda pública respecto al PIB hasta dejarlo por debajo del 100% en 2027, según la misma estimación, “recuperando todo el espacio fiscal” durante la pandemia, en el que el Gobierno tuvo que hacer un esfuerzo histórico de gasto público para mitigar los daños del shock de la COVID.

“Se puede reducir el déficit sin recortes”, ha resaltado insistentemente la vicepresidenta primera. Este mes de septiembre, el Ejecutivo tiene que enviar un plan fiscal a medio plazo a Bruselas (aquí se analizan las recomendaciones de la AIReF), que estará marcado por la senda de déficit y por un horizonte de crecimiento del PIB por encima del 2% en los próximos años y de creación de puestos de trabajo, que es lo que permite mantener el gasto y reducir el déficit. “Estamos interaccionando con la Comisión para determinar la propuesta definitiva sobre el gasto primario neto, que es la variable más importante de las nuevas reglas fiscales comunitarias”, viene advirtiendo la ministra de Hacienda.