Miguel lleva varios días más preocupado de lo habitual.

El escudo social, desplegado en 2020 para hacer frente a la emergencia sanitaria y social que incluía la suspensión extraordinaria de los desahucios derivados de impagos o extinciones de contratos de alquiler de vivienda habitual de familias vulnerables, se ha resquebrajado esta semana. El voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus ha dejado a miles de familias que se habían acogido al decreto antidesahucios al borde la calle. “Ya no están protegidas por esas suspensiones por vulnerabilidad, así que todos esos desahucios podrán ser reactivados por los propietarios”, explica el abogado experto en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Javier Rubio.

“Si no se adopta ninguna medida urgente, que pasaría por la aprobación de un nuevo decreto ley en el Consejo de Ministros, que tendría que ir por separado (del resto de medidas que han caído, como la revalorización de las pensiones, la subida del IMV o los descuentos del abono transporte), las familias que tenían un desahucio paralizado pueden recibir órdenes de los juzgados para que se reabran sus procesos y quedarse en la calle”, advierte el abogado y técnico de Vivienda del Observatori DESCA Miguel Ruiz.

El Gobierno estudia cómo salvar las medidas, pero incluso en un escenario en el que se presenten por separado, la moratoria antidesahucios corre peligro. El Partido Popular ha reclamado un decreto sobre pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana, pero ha dejado fuera de esa ecuación la moratoria, que estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2025, pero que ha decaído. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este mismo viernes que la moratoria “no ha beneficiado a nadie” y que “ha facilitado la ocupación”.

El testimonio de Miguel, que ha podido tener un techo durante estos dos últimos años, desmiente a Feijóo. “No tengo alternativa, no puedo alquilar un piso a precio de mercado, porque lo primero que te piden es la nómina y yo solo puedo presentar el justificante de discapacidad”, lamenta este hombre, que vive en L'Hospitalet de Llobregat. El precio medio del metro cuadrado en alquiler en este municipio estaba en diciembre a 17,3 euros, según los datos de Idealista. Por un piso de 60 metros, la renta supera los 1.000 euros.

Los análisis estadísticos sobre la medida también desmienten las afirmaciones del líder de la oposición. Un informe del Observatori DESCA, publicado en diciembre, estimaba que la moratoria había evitado unos 58.000 lanzamientos en cuatro años. “Desafortunadamente, ahora no sabemos cuántas están vigentes, ni a quiénes está afectado, pero estaríamos hablando de miles de familias con los desahucios parados, a las que no se les ha dado una alternativa”, indica Ruiz.

La moratoria no ha servido para frenar todos los desahucios. Solo aquellos derivados de impagos o extinciones de contratos de alquiler de vivienda habitual de familias vulnerables y a civiles de ocupaciones y delitos de usurpaciones bajo determinadas situaciones, como que las familias llevaran viviendo en los inmuebles desde antes de 2021 y que tuvieran menores o personas dependientes a cargo. De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 se ejecutaron más de 26.000 lanzamientos.

De esas 58.000 familias salvadas del desahucio, Ruiz indica que más de 10.000 están en Catalunya. Este jueves, varios colectivos han cargado contra las formaciones de derecha que han tumbado el decreto. “Es difícil entender por qué Junts, que dice defender los intereses de Catalunya, ha votado contra una medida que ha evitado que 10.000 familias catalanas se queden en la calle”, indicaban desde el Observatori DESCA.

El escudo social no se rompe solo por el tejado. Entre las medidas que tumbaron Junts, PP y Vox se encuentra la prórroga del bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministros básicos. “Atacan a la misma población vulnerable a la que este escudo pretendía proteger. Va a ser una colisión importante en sus condiciones de vida en un contexto de crisis crónica de vivienda”, lamenta Ruiz.

“Estas personas se quedan a los pies de los caballos, ante el desamparo más absoluto, porque ni el mercado ni las administraciones ofrecen ninguna alternativa de ningún tipo”, señala Javier Rubio. El objetivo de la moratoria no era frenar el desahucio, sino ganar tiempo para que las administraciones ofrecieran una alternativa digna. “No hay vivienda pública, ni de emergencia, las que hay están saturadas y las listas de espera son interminables, no se han implementado los servicios de intermediación, como establece la ley de vivienda... El horizonte es la explosión del sinhogarismo”, pronostica Javier Rubio. Solo el 3% de las personas acogidas a la moratoria consiguieron un alquiler social.

Isma vive en Madrid, con su pareja y sus dos hijos, una joven de 18 años con una discapacidad y un niño de 11. Consiguieron un alquiler social, en una vivienda de 40 metros cuadrados en Madrid, propiedad de un fondo de inversión, que fue pasando de empresa a empresa. En 2020 iniciaron un periplo legal para tratar de mantener su hogar cuando se terminó el contrato. Solicitaron una mediación, como recogía el contrato, pero la propiedad se negó. Después, un cruce de demandas. Este mes de febrero tenía fechado el desahucio, por lo que planeaba acogerse a la moratoria.

“La palabra ahora es incertidumbre, pero no solo en este momento. Esto lo acentúa, porque el decreto está muy cuestionado. Es insuficiente como medida, porque solo se paran uno de cada cuatro desahucios, pero nos permite ganar tiempo en busca de un proceso más garantista. Ahora estamos en caída libre”, explica este hombre de 49 años.

La PAH y el Sindicat de Llogateres i Llogaters convocaron ese mismo jueves una manifestación ante la sede de Junts. “PP y Junts han anunciado que darán una patada al Gobierno, pero la dan en el culo de las familias”, afeaba la plataforma, “junto a sus socios de ultraderecha racista, fascista y clasista de Vox”: “Sin esa protección, las cifras volverán a las de la década de 2010, con una media por encima de los 250 desahucios diarios”.

El retraso en la prórroga de la moratoria antidesahucios, que el PSOE no confirmó hasta diciembre, ya provocó la reacción de los socios habituales de izquierdas del Gobierno. Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG reclamaron que se alargase y son estos grupos los que han insistido en las últimas horas en la necesidad de salvar esa parte del decreto ómnibus cuanto antes. Desde la formación que dirige Ione Belarra señalan que “hay decenas de miles de personas a las que les pueden reactivar un desahucio”.