España y otros 18 países de la Unión Europea (UE) han instado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a seguir ajustando su mandato para poder financiar más proyectos de seguridad y defensa y explore la posibilidad de emitir deuda, ante la “crucial” necesidad de reforzar la base industrial militar comunitaria.

“El BEI debe seguir explorando nuevas vías para desempeñar un papel aún más destacado en la financiación de inversiones y el apalancamiento de financiación privada para el sector de la seguridad y la defensa”, indicaron estos países a través de una carta conjunta dada a conocer este viernes.

La misiva ha sido firmada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los dirigentes de Finlandia, Bélgica, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.

El BEI ya eliminó en mayo pasado uno de sus principales obstáculos para invertir en defensa al suprimir el requisito que exigía que para financiar una tecnología de uso dual -civil y militar, las únicas que puede financiar la institución- el proyecto en cuestión obtuviese más del 50% de sus futuros ingresos del uso civil de la misma.

Esa decisión permitió elevar ligeramente la financiación de proyectos militares, que pasó a ser de 1.000 millones en 2024, el doble que el año anterior para ese tipo de proyectos. La intención de Calviño es que se duplique a lo largo de este año. Sin embargo, es una cifra insuficiente para la inmensa mayoría de gobiernos europeos, que son los accionistas del BEI.

La presidenta se ha mostrado reticente a ampliar el mandato que tiene el BEI para financiar armamento. “No somos un Ministerio de Defensa, somos el Banco Europeo de Inversiones”, contestó en una rueda de prensa en Bruselas este jueves en la que presentó el informe anual de la entidad.

De hecho, dijo que el BEI “ha adoptado una posición muy proactiva y ambiciosa para aumentar su apoyo a la industria de seguridad y defensa europea salvaguardando al mismo tiempo su capacidad financiera”.

Los 19 países de la UE firmantes de la carta insisten ahora en que el banco vuelva a evaluar la lista de actividades y sectores que quedan excluidos de su financiación.

En concreto, piden que se defina “con mayor precisión” la terminología y el contenido de las actividades excluidas y tener “un alcance lo más limitado posible para ajustarse a las nuevas prioridades políticas de la UE”.

También insisten en ajustar la política de préstamos para aumentar el volumen de financiación disponible en el ámbito de la seguridad y la defensa

“Este mayor énfasis en seguridad y defensa, por ejemplo incrementando el volumen de inversión disponible de la Iniciativa Estratégica Europea de Seguridad, debería preservar la financiación eficaz de las demás prioridades estratégicas del BEI”, indicaron.

Finalmente, instan a que el BEI contemple la emisión de deuda para financiar proyectos de seguridad y defensa, lo que a su juicio “podría aumentar la transparencia y aportar claridad y la posibilidad de elección para los inversores”.

No obstante, creen que esto debería considerarse en consulta con los mercados financieros y las agencias de calificación en cuanto a la viabilidad de esta posibilidad, de cara a garantizar “la financiación más eficaz y rentable posible” para este tipo de proyectos y prestando atención “a la posible repercusión sobre los costes de financiación de los actuales bonos del BEI”.