Es la gran batalla de la política española dado que de ese modelo dependen servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia, que prestan las comunidades autónomas.

El modelo vigente, fue pactado en 2009 en el marco del nuevo Estatut de Catalunya y está caducado desde 2014. Uno de sus impulsores fue Antoni Castells (Barcelona, 1950), conseller de Economía en los gobiernos socialistas de Pasqual Maragall y José Montilla. Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Hacienda Pública, Castells considera que la propuesta de financiación singular pactada entre el PSC y ERC es un “buen acuerdo”, pero advierte de algunos bancos de niebla que, a su juicio, el Govern de Salvador Illa debería despejar antes de negociar con el Estado. Primero: “qué entiende por financiación singular” y segundo: “el esquema de solidaridad que concibe el modelo”.

Para este experto en federalismo fiscal, Catalunya debería tener una “financiación específica, distinta a la del resto de comunidades, que quede fuera del régimen común”. Hoy se empezará a debatir sobre ello en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

¿Qué le parece lo que conocemos del acuerdo de financiación singular pactado entre el PSC y ERC?

Me parece un buen acuerdo. Es el modelo que acordamos en septiembre de 2005 en el Estatut aprobado por el Parlament. Este modelo de financiación singular y aquel son lo mismo. Después fue desvirtuado sucesivamente por el pacto entre Mas y Zapatero y posteriormente en el Congreso, con el famoso cepillo de Alfonso Guerra. Aun así, el PSC y CiU lo consideramos lo suficientemente satisfactorio como para recomendar el sí en el referéndum. Después fue definitivamente desnaturalizado con la sentencia del Constitucional de 2010.

¿Puede ocurrir lo mismo esta vez?

Por supuesto. Ahora tenemos un acuerdo entre el PSC y ERC, pero este acuerdo se tendrá que negociar con la otra parte, el Estado, y esta negociación siempre es difícil. Un factor a favor es que Pedro Sánchez ha manifestado que está de acuerdo y que lo asumirá. Pero el factor en contra es que en una negociación todo el mundo mira por lo que más le conviene, la Generalitat y las fuerzas catalanas estarán a un lado de la mesa y el Estado en la otra, y ya veremos cómo termina. Para negociar, sin embargo, hay un punto del acuerdo, a mi modo de ver, que el Govern debería aclarar cuanto antes y es qué entiende por financiación singular.

 ¿Para usted qué es?

Para mí es una financiación específica para Catalunya, distinta a la del resto de comunidades, un modelo que queda fuera del régimen común. El Govern debe decir si esta es su interpretación y ERC si está de acuerdo con la interpretación del Govern. Este es un punto fundamental, que deben aclarar los autores del acuerdo, PSC y ERC, un punto previo, casi le diría, a la negociación posterior con el Estado.

Los expertos del Govern andan estas semanas calculando lo que gasta el Estado en Catalunya para ver cuánto le debería pagar con el nuevo modelo. Y le servirá, luego también, para establecer la cuota de solidaridad. ¿El modelo del cupo vasco es una buena aproximación?

El acuerdo tiene tres puntos. Uno ya está claro y es que la Agencia Tributaria de Catalunya recaudará todos los impuestos. Ello tiene una dificultad enorme, pero es lo que dice el acuerdo. Hoy la Agencia catalana tiene 900 funcionarios y la estatal, solo en Catalunya, alrededor de 5.000, a los que habría que imputar la parte correspondiente de los servicios centrales, como la informática, por ejemplo. Segundo, el Estado participará de los impuestos que recaude la Generalitat en unos porcentajes que se calcularán de forma que reciba la cantidad que le corresponda por los servicios que sigue prestando en Catalunya. Y, a continuación, con la cantidad que resulte, habrá que elegir una combinación de porcentajes de los impuestos cuya suma corresponda a esa cantidad.

Efectivamente, lo primero que hay que saber es cuánto representan los servicios del Estado. Para ello, hay una manera muy inmediata de hacerlo: emplear como base la cifra calculada para determinar las cargas del Estado en Euskadi. A la que habría que sumar los servicios que presta el Estado en Catalunya y no en Euskadi, y restar los que presta allí y no en Catalunya. Esto daría una determinada cantidad y, en el momento inicial, habría que calcular qué suma de porcentajes de los impuestos pagados en Catalunya se elige para sufragar esta cantidad. A partir de este momento, a mí me gustaría que cada cual volara por su cuenta.

¿A qué se refiere?

A que Catalunya y el Estado puedan decidir cada uno la política tributaria que desea aplicar. Imagínese, por ejemplo, que para pagar los servicios que el Estado presta en Catalunya, en el momento cero del cálculo, al Estado le corresponde el 35% del IRPF de lo que se recauda en Catalunya y al gobierno de la Generalitat el 65%. A lo que me refiero es a que si luego el Govern decide aumentar la tarifa del IRPF, este aumento debe atribuirse a la Generalitat, no tendría ningún sentido que el Estado se quedara con el 35%. Y viceversa. Y el tercer punto del acuerdo es la contribución a la solidaridad.

¿Cuál cree que debería ser esta aportación?

El último acuerdo contenía un mecanismo de nivelación que en teoría debería nivelar el 75% de los recursos. Es decir, de los impuestos que corresponden a cada comunidad, el 25% se los quedaba la comunidad y el 75% iba va a un fondo común que se distribuye de acuerdo con unos criterios de necesidades, básicamente según la población. Este grado de nivelación es muy alto, y además en la práctica es más elevado, porque se añaden unos fondos que hacen que el grado de nivelación sea prácticamente total, del 100%.

Catalunya contribuye por encima de la media, con 120 (si la media es 100) y acaba recibiendo 100. Toda la contribución fiscal que realizan los ciudadanos catalanes por encima de la media (estos 20) no sirve para financiar los servicios que presta el gobierno de la Generalitat, sino los que realizan otros gobiernos autonómicos. El grado de nivelación real es, pues, del 100%. Esto no ocurre en ninguno de los países federales que nos podrían servir de referencia, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Alemania.

¿Qué grado de nivelación cree que debería haber?

Un grado de nivelación de entre el 25% y el 50% sería más que suficiente. Esto significaría que, de estos 20 que Catalunya paga por encima de la media, entre 5 y 10 irían a la solidaridad con otras comunidades autónomas y entre 15 y 10, respectivamente, irían al gobierno de la Generalitat. En todas partes, los impuestos que pagan los ciudadanos de una jurisdicción a su gobierno sirven para financiar los servicios que les presta este gobierno, no para financiar a los otros gobiernos. Y esto es aplicable a los gobiernos intermedios (estados, provincias, cantones o Länder, en los países que antes he mencionado) y, por supuesto, a los gobiernos locales. En todo caso, si se piensa que hay gobiernos que, a causa de una menor capacidad fiscal, deben recibir ingresos adicionales, el responsable de canalizar estos recursos es el gobierno central. En todos estos países es a través del circuito fiscal del gobierno central que se ejerce la solidaridad.

En este sentido, creo que debería quedar claro cuál es el esquema de solidaridad que se desprende del acuerdo, porque este solo habla de contribuir a la solidaridad. Y también se contribuye a la solidaridad a través del circuito estatal, si una parte de los recursos del Estado se destinan a aumentar los recursos de las comunidades con menor capacidad fiscal. De hecho, así es como se hace en todos estos países. Antes en Alemania existía un mecanismo de nivelación horizontal, pero lo eliminaron. España es una anomalía.

¿Cuál cree que debería ser una cifra de ganancia razonable para Catalunya?

Es difícil contestar a esta cuestión. En 2009, el acuerdo alcanzado debería haber supuesto un aumento de 3.800 millones de euros anuales. Ahora no lo he calculado y si existiera una cifra tampoco creo que debiera hacerse pública con una negociación por delante.

Pero usted no negocia, se la pregunto como experto en el tema.

La cifra dependerá de los dos factores que hay que negociar: cuáles son las cargas del Estado en Catalunya y cuál es el esquema de nivelación. También de si hay mejoras en el aspecto competencial, si se asume Rodalies, por ejemplo. Pero si ahora la nivelación es del 100% (es decir, Catalunya está en la media en cuanto a financiación autonómica) y pasara, como he señalado antes, al 25% o el 50%, los ingresos por habitante deberían pasar del 100% de la media al 110%-115%. Es fácil hacer el cálculo. Además, en mi opinión, no solo se debería reformar el sistema de financiación para Catalunya, sino que debería haber también una reforma para las comunidades del régimen común. Que yo sepa no han dicho que quieran más autonomía tributaria, pero sí más dinero y modificar los criterios de distribución. Entonces, si el Estado acaba poniendo más recursos, se tendría que añadir también la parte que le correspondiera a Catalunya.

Como usted ha comentado, además del sistema de financiación, está toda la parte de las inversiones del Estado en Catalunya, que es en lo que más se fija Junts, a diferencia de ERC. Las balanzas fiscales y el déficit fiscal. ¿A qué le da usted más importancia, a la financiación o al déficit inversor?

Ambos son importantes. Ya he alertado muchas veces de que con la financiación no basta, porque se puede conseguir una gran mejora por este lado, pero si el Estado, en la parte que le corresponde, distribuye su gasto, especialmente la inversión, de forma completamente sesgada, favoreciendo a la Comunidad de Madrid, no habremos solucionado demasiado. Hay que actuar en las dos partes de la ecuación: la financiación de la Generalitat y la distribución territorial del gasto del Estado. Por tanto, a la vez que pactamos una buena financiación hay que establecer unas reglas para asegurar que en todo lo que hace el Estado y que es decisivo para Catalunya, la Generalitat tenga algo que decir. Lo que no es aceptable es que en la lógica competencia entre Barcelona/Catalunya y Madrid, esta última cuente no solo con el concurso de su propio gobierno, sino con el del gobierno central.

Varios estudios concluyen que el efecto capitalidad provoca que la Comunidad de Madrid esté dopada fiscalmente y que su realidad está muy alejada del resto. ¿Cómo cree que debería resolverse?

Esta es una de las cuestiones que me ha hecho revisar mi ideario federalista. En el pasado había defendido una España federal, creía que este era el modelo, pero creo que es muy difícil que España llegue nunca a ser un país federal, por diversas razones, y una de ellas es lo que usted comenta. Hay otra, el federalismo resuelve el problema de la distribución del poder político entre el gobierno federal y los estados, pero no resuelve el problema de la fractura nacional. Y, en España, el problema es tanto o más de reconocimiento de la diversidad nacional, que de reparto de competencias o de poder político.

Pero vamos al factor Madrid. Mientras Madrid sea lo que es ahora, será muy difícil que España pueda ser un país federal. Estados Unidos no sería federal si Washington fuera Nueva York, ni lo sería Canadá si Ottawa fuera Toronto, ni Australia si Canberra fuera Sídney. No lo serían porque a la rivalidad lógica que hay entre los territorios de un país federal, se añadiría que el árbitro estuviera a favor de uno de ellos. Tarradellas decía una cosa con mucho sentido: “¿Para qué quieren autonomía si son los que mandan?”.

Pone mucho énfasis en la rivalidad entre Catalunya y Madrid.

El problema básico es la competencia entre Barcelona, y por extensión Catalunya, y Madrid. En el origen del conflicto entre Catalunya y España está este hecho: Catalunya, un poder económico, en busca de poder político, y un poder político, Madrid, que quería ser también capital económica, y que seguramente lo ha conseguido. Así, pues, a lo que tenemos que aspirar, como ha hecho siempre el catalanismo político, es a tener los máximos instrumentos políticos para poder librar esta batalla e intentar recuperar la capitalidad económica que en buena parte hemos perdido.

¿Qué instrumentos políticos?

Básicamente tres. Primero, potenciar el autogobierno para tener competencias y recursos que nos permitan llevar a cabo políticas propias. Me conformaría con tener los instrumentos que tienen los estados de Estados Unidos. No es verdad que España sea el país más descentralizado del mundo, cualquier estado norteamericano tiene más capacidad de decisión. Segundo, establecer unas reglas para que el Estado tenga una política territorial equilibrada y neutra, para que no juegue a favor de una de las partes, como ocurre ahora con Madrid. Unas reglas que digan que en todo aquello que es relevante para Catalunya, los catalanes podamos tener voz y voto. Y tercero, garantías para que los acuerdos se cumplan y que, por consiguiente, el árbitro sea neutral. Para entendernos, si el árbitro es Marchena, vamos apañados.

El exconseller Castells, en un momento de la entrevisa

¿Cómo valora los seis primeros meses del Govern de Salvador Illa?

En cierto modo, este Govern ha sido balsámico y ha ayudado a rebajar el clima de tensión, lo que ya había ido ocurriendo con el anterior Govern de Esquerra. Después de todo lo que ha supuesto el procés, era necesario que se pasara por tres etapas. Lo primero que hacía falta era la distensión, cuyos hitos más relevantes son los indultos y la amnistía, que, aunque no se haya aplicado, demuestra buena voluntad por parte del Gobierno de Sánchez. La segunda etapa es la rectificación, el reconocimiento (aunque sea implícito) por las dos partes de la necesidad de cambiar de estrategia. La parte catalana creo que ha comprendido que no puede seguir con la vía unilateral y el Gobierno que este conflicto no se soluciona metiendo a la gente en la cárcel. Aunque es cierto que aún hay una parte de la sociedad y de los políticos españoles que seguirían mandando gente a la cárcel. Y la tercera fase es la negociación, que es donde estamos.

¿Negociar qué y para qué?

Para pactar unas nuevas reglas de juego del autogobierno de Catalunya dentro de España. ¿Somos conscientes de que desde la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatut las reglas de juego que regulan el autogobierno de Catalunya en España están en la provisionalidad? ¿Qué estamos en un estado de excepción autonómica?

¿Por qué?

Porque las reglas actuales (el Estatut recortado por el Tribunal Constitucional) no han sido pactadas. Tenemos un Estatut impuesto, no pactado, en contra de lo que quiere la Constitución. En este caso, al Constitucional los árboles no le dejaron ver el bosque. No tuvo suficientemente en cuenta la gravedad de modificar un Estatut ya refrendado. La sentencia hizo saltar por los aires lo que, de acuerdo con la Constitución, es lo más importante, que es el pacto. Aquí empiezan, en buena medida, todos los males, puesto que una parte de la sociedad catalana llega a la conclusión de que, si sus aspiraciones de autogobierno no caben en la Constitución, hay que considerar superada la etapa constitucional. Creo que se equivocan al querer hacer las cosas de forma unilateral, pero hay que aceptar que esta conclusión tiene cierta lógica.

Acabar con esta provisionalidad debería ser una prioridad para el president Illa. Lo que me produce una cierta perplejidad es que, en últimos quince años, desde que se emitió la sentencia del Constitucional, no se haya puesto sobre la mesa ninguna propuesta mínimamente consistente entre los dos únicos proyectos aparentemente en confrontación: la continuidad del Estatut recortado y la independencia. Porque yo creo que ahí, en este terreno intermedio, es donde se sitúa la gran mayoría de la sociedad catalana, que no desea ni continuar igual que hasta ahora, ni tampoco la independencia. Una mayoría que probablemente desearía pactar un acuerdo específico de autogobierno de Catalunya en España.

Sigue, pues, sintiéndose huérfano políticamente.

Así es. Creo que debería haber una propuesta ambiciosa de autogobierno de Catalunya dentro de España, un acuerdo específico. Y no estoy en contra de que se generalice, lo podemos intentar, pero no creo en ello. Las aspiraciones al autogobierno y al reconocimiento nacional de Catalunya no son las mismas que las de las otras Comunidades Autónomas (Euskadi aparte). Esta es la realidad de España y no aceptarlo es lo que nos ha llevado donde estamos. Yo no he visto que en otras comunidades salgan a la calle un millón de personas reclamando más autogobierno, y las encuestas más bien dicen lo contrario, que, en algunas comunidades, lo que desean es menos autonomía. Un problema específico requiere un acuerdo específico.

¿Ve a los presidentes Sánchez e Illa capaces de agarrar los cuernos de este toro?

Una solución como la que planteo podría tener un apoyo importante en Catalunya porque, en mi opinión, una mayoría no quiere la independencia, pero tampoco seguir con el Estatut recortado por el Constitucional. Pero fuera de Catalunya lo veo muy difícil. Pedro Sánchez tendría un problema, incluso dentro de su propio partido.

Usted ha dicho varias veces que desearía un PSC no tan supeditado al PSOE en Madrid. ¿Confía en que a partir de ahora esta relación pueda cambiar? ¿Ve a Illa en esta senda?

Me gustaría. Illa es de fiar y se le tiene que dar un margen de confianza, pero lo que usted comenta es el gran punto débil del PSC y lo que motivó mi distanciamiento del partido. Creo que Catalunya debe tener un Partido Socialista de obediencia estrictamente catalana, que sería lógico que en España pactara con el PSOE, en la mayoría de cuestiones: en políticas sociales, en política europea. Pero en cuanto al modelo territorial de España y al encaje de Catalunya, es normal que su posición no sea la del PSOE. Este punto débil tiene una visibilidad muy clara en el Congreso: yo me siento emocionalmente cercano al PSC y me incomoda ver que quien negocia para obtener beneficios para Catalunya, como la amnistía, las políticas de inmigración o el traspaso de Rodalies, son Junts y ERC, cuando tienen menos escaños que el PSC en el Congreso. El PSC no aparece y lo que se decide allí muchas veces es mucho más importante para Catalunya que lo que se decide en el Parlament.

Por no hablar del pacto no escrito que hubo durante tantos años, hasta que Pasqual Maragall llegó a la Generalitat, por el cual a Felipe González le iba de maravilla que en Catalunya gobernase Jordi Pujol. Por un lado, no tenía el incordio de un gobierno catalán socialista, como lo fuimos para Zapatero, y por el otro tenía asegurados los votos de CiU a base de hacer concesiones cuando le convenía. Los viejos del socialismo catalanista creo que no estarían muy felices al ver a un PSC tan tributario del PSOE.