La AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) ha dado su visto bueno a la propuesta del Ministerio de Hacienda de una quita de deuda a las comunidades del régimen general de cerca de 83.000 millones en total, pero considera que la medida “debe llevar condicionalidad”.

Concretamente, la Autoridad fiscal opina que la condonación tiene que garantizar que las comunidades no acumulen más deuda. “Una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por un doble motivo”, señala en un comunicado publicado este jueves, después de que este miércoles las comunidades del PP abandonaran el Consejo de Política Fiscal en el que Hacienda dio el primer paso para llevar adelante su propuesta.

El primer motivo al que hace referencia la AIReF para justificar la condicionalidad son “los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones”. Es decir, al incentivo que puede suponer este precedente para las comunidades de endeudarse más contando con que el Estado va a realizar otras quitas.

La segunda razón es “por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales”. En otras palabras, la Autoridad fiscal ve una oportunidad en la condonación para exigir a las comunidades que la acepten (y si es aprobada en el Congreso) que limiten el crecimiento del gasto público, según contempla el nuevo corsé fiscal de la Unión Europea (UE), que entró en vigor en 2024.

“No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales”, incide la AIReF.

Esta institución independiente sí aprueba el espíritu de la medida propuesta de Hacienda, que nace del pacto entre el PSOE y ERC para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2023, y que tiene los objetivos de “sanear las cuentas públicas regionales para reforzar el estado de bienestar [de sus presupuestos depende la sanidad o la educación]”; y de “mejorar su sostenibilidad financiera” para “facilitar su acceso a los mercados”, según ha defendido la vicepresidenta María Jesús Montero.

“Si la ley termina aprobada en los términos que hemos planteado, porque requiere de una ley, no hay condicionalidad”, aclaró la ministra de Hacienda este lunes. “Esta condonación se asume por parte del Estado y no hay ninguna contraprestación que nos tengan que hacer las comunidades autónomas. Lo he dicho desde el primer momento: somos generosos porque creemos en el Estado de las autonomías y creemos también en que hubo un perjuicio a las comunidades autónomas en la anterior crisis financiera que provocó un sobreendeudamiento”, reiteró.

“La crisis financiera y soberana de 2008 colocó a las finanzas públicas españolas en una posición difícil. En tan solo un año la recaudación cayó más de cuatro puntos del PIB y eso obligó a un endeudamiento creciente, que afectó tanto al Estado como a las comunidades autónomas, en un contexto en el que el coste de financiación era muy elevado, lo que dificultó o impidió a algunas comunidades la posibilidad de financiarse en los mercados financieros”, explica la AIReF.

“Esta situación dio lugar a la creación de los mecanismos extraordinarios de financiación, al tiempo que tuvieron que adoptarse medidas de consolidación fiscal para mandar a los mercados una señal inequívoca del compromiso con la estabilidad y porque venía obligado por la aplicación de unos marcos fiscales europeo y nacional que, a diferencia de lo ocurrido en la crisis reciente, no se suspendieron”, continúa.

“Las medidas de ajuste en algunos casos se materializaron a través de una reducción del gasto y en otras ocasiones a través de una subida de los impuestos o una combinación de ambas opciones [la austeridad], en un contexto en el que también la respuesta europea fue diferente”, recuerda.

“Los mecanismos extraordinarios de financiación [en el caso de España el FLA (fondo de liquidez autómica), a través del que el Estado prestó dinero a las comunidades], como su nombre indica, tenían vocación de temporalidad, lo que también resulta aplicable a la suspensión de la de la regla de no 'bail out' [rescate con dinero público] necesaria para su creación. Sin embargo, casi 20 años después todavía están en marcha estos mecanismos, que ahora se llaman mecanismos adicionales de financiación. En este sentido, puede ser conveniente afrontar la vuelta de las comunidades autónomas a los mercados, a la disciplina que estos imponen, y recuperar la cláusula de no 'bail out' [rescate]”, concluye, en línea con la argumentación del Ministerio de Hacienda.

El reparto de la condonación o quita de la deuda planteado por Hacienda sigue criterios “técnicos y transparentes” según “la población ajustada de cada territorio, el sobreendeudamiento en la anterior crisis financiera y el esfuerzo fiscal [fases 1, 2 y 3, en el primer gráfico de esta información]” de los últimos años, explicó la ministra este mismo lunes.

En la tercera fase de ajuste, hay una clave importante de la propuesta de Hacienda. En sus cálculos premian a las regiones que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en IRPF. Es decir, que hayan exigido un mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes, que no hayan bajado impuestos.

Este último ajuste se ha ceñido a la parte del IRPF que depende de las comunidades autónomas, pero evita entrar en otros impuestos cedidos a las comunidades, como Patrimonio o Sucesiones, que los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid o Andalucía han utilizado para hacer competencia fiscal a la baja en los últimos años.

La AIReF advierte de que es “un enfoque muy parcial tener solo en cuenta el ejercicio al alza de las competencias normativas en materia de IRPF como aproximación del esfuerzo realizado por las comunidades. Por ello, con todas las limitaciones que pueda presentar, la variable que mejor refleja este esfuerzo sería, precisamente, el gasto computable puesto que el esfuerzo puede venir tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos”.